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28-06-2017 / Patricia Aréchaga

Diálogo para gestionar las diferencias

La abogada y psicóloga social Patricia Aréchaga fue invitada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para dictar un taller de capacitación sobre mediación comunitaria. Habló con Mirador Provincial.


Nancy Balza
redaccion@miradorprovincial.com

Supongamos que dos vecinas se pelean por un perro y la disputa llega a tal grado de virulencia que puede desencadenar la muerte del animal. Imaginemos que ambas son convocadas a dialogar y exponen sus razones: una argumenta que tiene várices sangrantes y teme por su salud
cada vez que el can la ataca. La otra asegura que el perro es el guardián de sus hijos y su casa porque ella y su marido trabajan doce horas diarias.
Entre las dos, una tercera persona analiza la manera de preservar la salud física de una y la seguridad de la otra; entonces, las vecinas se ponen a trabajar en levantar un muro que permita cuidar ambos intereses, por supuesto, sin sacrificar a la mascota.
Esa tercera persona es un mediador, y el caso -real-, permite mostrar que es posible encontrar una opción pacífica a un conflicto que a simple vista parece no tener solución.
Esta es una de las situaciones, en este caso pequeña, casi doméstica, en las que intervino Patricia Aréchaga en su larga trayectoria como mediadora. Aréchaga estuvo en la capital provincial invitada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para dictar un taller de capacitación sobre mediación comunitaria.
Una materia en la que tiene una larga experiencia, tanto que en el registro nacional tiene el número 001, un detalle que explicará más adelante.
El diálogo con Mirador Provincial se produjo desde Paraná, ciudad que lleva 13 años de práctica ininterrumpida en esta modalidad y que la tuvo también como capacitadora, y antes de partir hacia Bolivia.
—¿Qué es la mediación comunitaria?
—La mediación comunitaria es un espacio para potenciar las posibilidades de gestión de los conflictos a través de los mismos ciudadanos y donde el Estado ofrece un dispositivo que ayuda a abordar diferencias sin violencia. Es decir, se le pide al ciudadano que gestione los conflictos propios de una manera comprometida e involucrada y en el mismo momento el Estado ofrece un dispositivo que es la mediación comunitaria para que puedan hacerlo. Este fue un momento iniciático de la Defensoría en abrir este registro voluntario de mediadores y a la vez ofrecer capacitación en el marco del convenio que tiene con el ministerio de Justicia de la Nación.
—¿En qué casos puede intervenir un mediador comunitario?
—Puede hacerlo en todos aquellos problemas que afectan a la comunidad, al barrio, en conflictos interpersonales que puede haber entre los vecinos. Luego, también se pueden abrir a espacios de facilitación multipartes.
—¿En qué casos no tendría cabida la actuación del mediador?
—Eso depende de la implementación del programa. Se pueden excluir temas laborales o de familia, no porque no sean mediables sino porque el programa se instala de una determinada manera. La oferta de la Defensoría es acercar un espacio con una propuesta participativa y de diálogo a los ciudadanos.
—En la presentación del registro se hizo mucho hincapié en la importancia de bajar la conflictividad barrial.

—Lo interesante que escuché del defensor (Raúl Lamberto) es que no solo le pide esto a los ciudadanos, sino que desde el Estado ofrece un lugar para que pueda ser tramitado. Esto es lo que me parece tan interesante de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe: no solo pide sino que también ofrece. En el momento en que dice “bajemos la conflictividad social” está ofreciendo
un dispositivo para hacerlo.
—¿Es una modalidad desarrollada en otras provincias?
—Sí y acaban de nombrar a Salta como provincia modelo con la mayor cantidad de centros comunitarios de mediación. Tiene más de 20.
La primera
Abogada y psicóloga social, Aréchaga figura en el registro de mediadores de la Nación con el número 001, “lo que habla de la cantidad de años que tengo en este tema”. En realidad fueron diez mediadores los que ingresaron a ese primer registro, “pero mi apellido empieza con A, entonces me tocó ser la primera”.
El de mediación es “un proyecto que comenzó en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación; en el año ’91 nos empezamos a formar, continuamos en el ’93, un año después se hizo el proyecto piloto y luego se sancionó la ley de mediación utilizando la experiencia piloto como modelo”, resume.
Aréchaga no duda en seguir apostando a la mediación para la resolución de conflictos, y no solo porque la estadística de casos resueltos le da la razón, sino porque existen otros criterios de éxito. En este punto cita a un colega argentino radicado en Barcelona que acostumbra preguntar a los vecinos que llegan a una instancia de mediación si habían conversado antes: el 80 por ciento admite que no. “Así que un criterio de éxito ya es sentarlos a conversar”.




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