14-05-2018 Centros para adictos, escuelas y otras leyes sin promulgación Vetos: el Senado comienza a saldar cuentas con Lifschitz La cámara alta aceptó seis de las impugnaciones dispuestas por el gobernador y en cambio rechazó otras cuatro, sobre las que decidirá Diputados. Luis Rodrigo redacció[email protected] La Cámara de Senadores avanzó en el tratamiento de diez mensajes de veto del Poder Ejecutivo, sobre leyes que se sancionaron a fines del período ordinario de sesiones de 2017. En trece casos no fueron promulgadas por la Casa Gris. Se trata de normas que proponen la creación de escuelas, de diecinueve centros de salud especializados en la recuperación de adicciones y de otros asuntos -como una donación de terrenos de la EPE en San Carlos Centro- que corrieron distinta suerte. En total, en seis vetos el Senado aceptó el criterio del gobernador Miguel Lifschitz y en cambio lo rechazó en otros cuatro. En todos los casos, como cámara de origen y con amplio margen para cubrir los dos tercios que requiere el reglamento. Las decisiones se adoptaron por unanimidad, tras algunas discusiones entre los bloques fuera del recinto. El tema que más polémicas reclamó fue la ley -vetada de forma total- que dispone que la Provincia cree en cada departamento un centro para adictos, 19 en total, lo que al oficialismo le parece un número demasiado alto. En el tratamiento de ese asunto se abstuvo el ex ministro de Salud de la Provincia, Miguel González (PS-La Capital). Aunque el senador no argumentó desde su banca, sostiene que Santa Fe cuenta en sus centros hospitalarios en condiciones para esa finalidad. Antes, el jefe del oficialismo, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) dijo que la ley sobre la que el Senado confirmó su posición es un objetivo a cumplir en el tiempo, porque se entiende que no es posible llevarlo a cabo de forma inmediata. Reveló que ya se había anticipado ese criterio a los funcionarios de Salud antes de que la balanza se inclinara por mantener en pie el la ley. A Diputados Del mismo modo, siguen en carrera otros tres expedientes: el que lleva el número 13.683 por el cual se crea una escuela de educación secundaria orientada en la comuna de Ricardone (San Lorenzo), del jefe del bloque del PJ Armando Traferri. Con el rechazo del Senado el tema pasa a Diputados. En segundo término, el expediente 13.691 para crear una escuela de educación secundaria orientada en la comuna de Ramayón (San Justo) del radical Rodrigo Borla, que también pasa a la otra cámara. Y finalmente, pasa también a Diputados, el expediente 13.686 que “autoriza a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a donar a la asociación civil con personería jurídica Tacurú, con domicilio en San Carlos Centro, departamento Las Colonias, dos lotes de terreno a los efectos de realizar actividades sociales, culturales y comunitarias”. La ley se votó en 2017 por impulso del senador justicialista Rubén Pirola y para prosperar necesitará dos tercios en Diputados. Provoca dudas la suerte del veto a ley registrada con el Nº 13.676, que “baja las multas de tránsito, y evita que los mayores de 70 años deban rendir todos los años las licencias de conducir”, de Enrico. Aún la cámara no se expidió (obviamente tampoco Diputados) y para la fecha límite del 29 del corriente quedan dos jueves... Fuera de carrera Seis vetos quedaron firmes para expedientes que se habían iniciado en el Senado. La cámara alta aceptó el criterio del Ejecutivo en los siguientes temas (que durante 2018 no podrán volver a ser tratados). 1) Nº 13.684 que buscaba crear una escuela de educación secundaria orientada en la comuna de Cayastacito (San Justo) que impulsara Rodrigo Borla. 2) N° 13.689 que pretendía regular la equinoterapia “como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad en sus diferentes problemáticas”, de la senadora justicialista Cristina Berra (San Martín). 3) Nº 13.678 de reforma de las normas sobre adopción, para establecer “un plazo legal razonable para la entrega de la nómina de aspirantes a guarda con fines de adopción, al juez competente”, de Armando Traferri. 4) Nº 13.674 que intentaba “prevenir y erradicar el acoso, bajo la forma de hostigamiento o intimidación física o psicológica, entre alumnos de establecimientos escolares”, de la senadora Berra. 5) Nº 13.680 que declara “en emergencia hídrica y zona de desastre a distintas superficies de diferentes cuencas hidrográficas ubicadas en el departamento General López y regiones aledañas, por el término de 18 meses”, del radical Lisandro Enrico quedó firme el veto parcial. 6) Nº 13.672 que asignaba recursos del Fondo Sojero para facilitar “el acceso a una vivienda digna, priorizando la adquisición de la primera vivienda del núcleo familiar”, de Pirola. Dos de Bonfatti, a comisiones Con la mayoría especial requerida, la Cámara de Diputados rechazó el veto del gobernador Miguel Lifschitz a dos proyectos impulsados por el diputado Antonio Bonfatti. Las normas del ex gobernador ingresaron al Senado y fueron giradas a comisiones. Para que ambas normas superen sendos vetos necesitan los dos tercios del Senado, antes del 29 de mayo, que cae martes. Y hasta entonces quedan dos jueves, el 17 y el 24. El expediente Nº 13.742 establece que la Provincia “promoverá y financiará actividades con base en la ciencia, la tecnología y la innovación” y pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Lo mismo, el Nº 13.724 para agilizar los trámites de jubilados y pensionados provinciales y simplificar “los pedidos por reajustes de haberes”. ¿Por qué con una mayoría especial? L.R. La Constitución de la Provincia de Santa Fe regla los mecanismos para la sanción de las leyes, los vetos del Ejecutivo y su aceptación o rechazo por la Legislatura. Su norte es el equilibrio entre los poderes, tanto como la gobernabilidad. Y para ello otorga facultades al mismo tiempo que marca límites a cada lado del proceso de sanción de las leyes, desde su aprobación en el Legislativo, hasta su promulgación por el Ejecutivo. Deben leerse los artículos 57 y 59 de la Constitución para entender por qué mayo es clave para la suerte de los trece vetos propinados por el gobernador Miguel Lifschitz a la Legislatura, y por qué si los legisladores quieren sostener lo que votaron a fines de 2017 deberán alcanzar un alto consenso. Para que una ley vetada (en todo o en parte) subsista se requiere la “mayoría de dos tercios de los votos presentes” de ambas cámaras (primero se expide la cámara de origen, es decir, donde se votó primero el expediente). Siempre se debe tener presente que la Constitución también dispone que la Cámara de Diputados “se compone de cincuenta miembros elegidos directamente por el pueblo, formando al efecto la Provincia un solo distrito, correspondiendo veintiocho diputados al partido que obtenga mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en proporción de los sufragios que hubieren logrado”. El texto del artículo 32 es generalmente citado como la “mayoría automática”, pero para los tiempos en los que se sancionó el texto constitucional -hace más de medio siglo- el número fijo de veintiocho sobre cincuenta era un límite a esas mayorías, o habrá que decir a esa en particular. Sin dos tercios de los votos presentes en la cámara de origen queda firme el veto. Y además, “el proyecto no puede repetirse en las sesiones del año”. En cambio “si el veto ha sido parcial y las cámaras aprueban por simple mayoría las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con éstas, queda convertido en ley”. No menos importante es la cuestión de los plazos: la Legislatura debe pronunciarse “dentro del término de un mes de comunicado, o, en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones”. La fecha límite es el 29 de mayo.