22-10-2018 Se intensifican las acciones de lucha El menudeo, pieza clave en el andamiaje narco Mientras los pocos estudios disponibles señalan que aumenta el consumo de estupefacientes entre los más chicos y que el primer contacto con las drogas se va produciendo a más corta edad, las estadísticas oficiales confirman que la batalla contra el narcomenudeo en la provincia está dando buenos resultados. Para los especialistas, el pequeño comercio es central en la estrategia narco, como brazo distribuidor y como captador de las nuevas tendencias de consumo. Mirador Entre Ríos redacció[email protected] Un estudio del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones reflejó ya en 2016 que casi la mitad (48,5%) de los hogares del país percibían de manera directa o indirecta que en su barrio se vendían drogas ilegales. Más allá de que el relevamiento intenta captar una impresión, lo cierto es que tan sólo seis años antes, el 30 % de los consultados respondía afirmativamente cuando se le preguntaba qué tan cerca se sucedían las postales narco. El informe va más allá cuando señala que la sensación se acentúa en las villas y asentamientos informales, donde en 3 de 4 hogares perciben que en el barrio se venden drogas ilegales. El barómetro es parte del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y refleja lo que a veces no se quiere ver: que aún los pequeños episodios son parte de un problema palpable, cotidiano, el del tráfico, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes que, tanto para instalarse, sostenerse o consolidarse necesita del ejercicio de la violencia. No es el único dato preocupante. El Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas, de Sedronar, reveló que entre 2010 y 2017, el consumo de estupefacientes en chicos de entre 12 y 17 años se triplicó y que más de la mitad de los niños y adolescentes encuestados manifestaron que les sería fácil conseguir marihuana en 24 horas, la droga más elegida por los jóvenes. Pasa algo parecido con la cocaína y el éxtasis: crece la cantidad de adolescentes que lo consumen mientras baja la edad del primer contacto con un vicio que puede derivar en adicción. La cercanía y la facilidad para hacerse de los estupefacientes que declaran los encuestados explica en gran parte estas alarmantes cifras. En un informe anterior del Sedronar, cuatro de cada diez chicos de 15 a 17 años declararon haber recibido al menos una oferta para comprar marihuana o cocaína en el último año. Volver sobre estos temas, con sentido de la oportunidad o sin él, es sencillamente fundamental. “Hay una ley nacional, la 23.737, que es la que regula los tipos penales, es decir, los delitos vinculados al narcotráfico, desde el más pequeño, la tenencia, hasta el narcotráfico, el comercio de estupefacientes a escala”, expresa la ministra de Gobierno y Justicia, ante una consulta de Mirador Entre Ríos. “La norma también incluye la venta de otros tipos de sustancias, como medicamentos comercializados sin receta”, agrega, al subrayar que “abarca todas las categorías de delitos”. La funcionaria no duda en afirmar que “si hubiera un nuevo Código Penal estos tipos de delitos deberían estar incorporados, porque esta ley claramente complementa el CPP y fue dictada con posterioridad”. –¿Qué significa narcomenudeo? –En 2006, en la Nación (la entrevistada era diputada nacional, entonces), se discutió si las provincias podían investigar el pequeño delito de estupefacientes. Al tema lo plantearon representantes de la provincia de Buenos Aires porque debían afrontar el flagelo del Paco: esa droga les mataba niños, adolescentes y jóvenes a montones o les provocaba secuelas muchas veces irreversibles. Estaban desesperados. Los jueces federales en la provincia eran tan pocos que nunca llegaban a combatir al traficante de Paco que, dicho sea de paso, no tenía las características del gran narcotraficante que uno puede ver en las series, pero hacía un daño inconmensurable a las nuevas generaciones que, además, podían arrastrar experiencias de exclusión social, afectiva, educativa y económica. Lo que plantearon los legisladores bonaerenses es que el Congreso le cediera la investigación de los pequeños delitos a las provincias. Se discutió mucho, la verdad: algunos distritos no querían saber nada. –¿Qué opinión tenía en ese entonces? –Voté a favor. Los entendía perfectamente a los colegas bonaerenses: en ese momento el fuero federal en Entre Ríos constaba de un juez en la costa del Paraná y otro en la costa del Uruguay, multifueros. A otra escala, veía en Entre Ríos lo que describían los diputados de provincia de Buenos Aires: había quioscos de venta en Basavilbaso, Viale o Paraná. Y se movían en la penumbra de los sistemas de control y sanción porque naturalmente la Justicia privilegiaba la investigación de traficantes y redes de otro calibre. Desde ese momento se ha planteado la necesidad de incorporar nueva estructura al fuero federal en Entre Ríos, pero –aún si eso efectivamente sucediera- de ninguna puede suponerse que será la indicada para hacer frente a un fenómeno de tanta dispersión territorial como el del narcomenudeo. –¿Cuál fue el final de aquella discusión en el Congreso? –Finalmente se dictó la ley 26.052 que habilitó a las provincias a investigar el narcomenudeo. Los entrerrianos resolvimos recién este año adherir a esa ley e incorporar la problemática a la agenda institucional con la decisión que la situación reclama. Planilla en mano –¿Y qué pasó desde mayo, momento en que la provincia adhirió a la ley nacional? –Los números son muy auspiciosos. Los datos elaborados llegan hasta el 19 de septiembre. En ese lapso, hubo 135 procedimientos en la provincia, con más de 200 personas detenidas (137 varones y 68 mujeres), una importante cantidad de estupefacientes secuestrados (cigarrillos de marihuana, semillas, psicotrópicos y clorhidrato de cocaína), elementos de corte, 362 equipos y dispositivos electrónicos e informáticos, 33 balanzas y 360 teléfonos móviles, que usan los traficantes para montar y desmontar la comunicación de sus redes, haciendo rotar aparatos de una misma flota. También se secuestraron 26 vehículos, 30 motos, 16 armas de distinto calibre, proyectiles y 1,4 millones de pesos en dinero en efectivo. –Más allá de los números, ¿qué importancia tienen estos operativos? –Le asigno una importancia fundamental. Han sido removidos puntos de venta que tenían veinte años de funcionamiento. –¡Veinte años! –En una oportunidad, en junio, llamó un vecino de Viale y me dijo que un punto de venta en el que en ese momento estaban haciendo un operativo vino siendo denunciado desde hacía más de 15 años. “Hoy veo con satisfacción que están de allanamiento”, me dijo. Lo destaco porque, de toda la compleja problemática, lo que más aflige a los vecinos, es el punto de venta en su barrio. La ley de adhesión, la provincial 10.566, tiene una virtud especial, producto de un trabajo que realizaron los legisladores para mejorar el proyecto que enviara el Ejecutivo. Se incorporó un artículo que estipula un destino específico para el producido de los decomisos: un 40% para la Policía, otro 40% para el Ministerio de Salud y el 20% para el Ministerio de Desarrollo Social, convirtiéndose en un círculo virtuoso, porque son bienes que vienen del delito, pero terminan en una función estatal de bien público. Eso derivó en la entrega de tres vehículos a la Policía, porque para redestinar estos bienes se necesita que esté firme la sentencia. Como no me compete directamente, no puedo dar precisiones en relación a la diligencia con que se efectivizan los juicios, pero sí destaco que desde el 10 de mayo en que todo este operativo empezó ya hay juicios con sentencias. Red institucional –¿Cómo evalúa la relación con la Justicia provincial en torno a la lucha contra el narcomenudeo? –Creo que ha habido una buena combinación de parte de la Legislatura, el Ejecutivo y la Justicia. Estamos conformes, esa es la verdad. –¿Se necesita ampliar la estructura judicial ante este nuevo escenario? –Siempre se necesita, pero hasta ahora venimos bien. La tarea de fiscales y jueces (tanto de garantías como de sentencia) es óptima. Vamos haciendo mediciones mensuales, lo que por una parte justifica nuestro optimismo, pero también nos sirve para reforzar en los lugares que se precisen. –¿No hubo colisión entre los juzgados federales y provinciales? –No, nada de eso ocurrió. Se trabaja como un equipo e involucro aquí a las fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones. –¿Hay posibilidades de que se amplíe la estructura de la Justicia federal en el territorio? –En Entre Ríos, además de los juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay, están creados y con procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura los futuros juzgados de Victoria, Gualeguaychú y Concordia. El Gobernador ha conversado del tema con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, que es especialista en reforma judicial. Sin dudas, la puesta en funcionamiento de estos juzgados reforzará el sistema de combate al narcotráfico –¿Cómo se adecua la infraestructura penitenciaria a esta nueva realidad? –Hemos acelerado las construcciones en Paraná (estarán terminadas en noviembre) y en Gualeguaychú, en Concordia (agregado de un módulo), en Federal ya se terminó y lo propio ocurrió con un nuevo sector en Concepción del Uruguay. En Federal hay una situación especial: la unidad penal está vecina, próxima al viejo hospital de Salud Mental. Por la nueva ley de salud, ese nosocomio no puede seguir funcionando como tal en virtud de que es monovalente. Hay cien personas allí y unas instalaciones y unos terrenos enormes, fabulosos. Tres de los sectores de ese hospital, que están completamente inutilizados, linderos con la cárcel, van a pasar al penal. Los adecuaremos a su futuro uso, tarea de la que participa la ministra de Salud (Sonia Velásquez), ya que la idea compartida es abordar lo más integralmente posible el problema de la reclusión, a partir por ejemplo del trabajo en huertas. Pensar hoy en una nueva cárcel tiene sus dificultades, más allá de que no lo descartamos y el propio gobernador, Gustavo Bordet, se manifestó en ese sentido. Estamos atentos a que aparezca financiamiento externo, pero optamos en la difícil coyuntura nacional por una solución a la entrerriana. Catalizador de delitos Siempre se sospechó que existían conexiones, pero las acciones contra el narcomenudeo, ¿impactaron en las otras estadísticas sobre delito? La ministra de Gobierno, Rosario Romero, se refirió a este asunto. –Sí, eso es evidente. Digo más: muchos de los delitos vinculados al tráfico, como las amenazas, la exhibición de armas de fuego, las intimidaciones, los robos y hurtos, las lesiones, se suman a las causas penales por narcomenudeo y se tramitan en simultáneo. La sensación que nos transmiten los ciudadanos es que hay más tranquilidad porque se visualiza una mayor eficacia en el combate al narcotráfico. Nuestra idea es sostener las acciones hasta que el narcotráfico perciba que Entre Ríos es una provincia hostil: no buscamos la espectacularidad de los operativos, sino que el trabajo sea cotidiano y sostenido. De todos modos, no estamos luchando nosotros contra el consumidor, a quien asumimos como una víctima. En ocasiones, el consumidor es además vendedor y ahí es otro el asunto. –Ha indicado que hay relevamientos mensuales pero, ¿se puede hacer una evaluación de la lucha contra el narcomenudeo en tramos más largos, desde mayo hasta hoy por ejemplo? –Acordamos hacerlo en diciembre porque hay que conciliar otros aspectos. –¿Por ejemplo? –Un trabajo de la Nación indica que el promedio para tramitar las causas de estupefacientes es de dos años, cuando los resultados que estamos obteniendo en ese sentido son mucho mejores. En principio, puede deberse a las ventajas del sistema acusatorio que rige en Entre Ríos. Pero, como digo, para analizar con mayor profundidad estos aspectos, preferiríamos esperar que el año termine y tengamos un semestre de adhesión a la ley nacional. Bajar el tráfico y el consumo La contracara de los operativos antidroga, cualquiera sea su dimensión y alcances, es decir, ya se trate de narcotráfico o de narcomenudeo, es la instrumentación de políticas sanitarias y sociales que permitan la contención del adicto en primer lugar y luego lo legitimen a imaginar un futuro distinto. Con estas dos alas está en condiciones de emprender vuelo una política de Estado contra este flagelo. Es cierto que –como dice la ministra Romero- no se trata de hostigar a los adictos, como a veces ocurre, sino de doblar la apuesta al anticiparse y compartir en espacios de socialización como la escuela, los clubes, entidades intermedias, espacios religiosos y los propios medios de comunicación un tipo de información que permita advertir a adolescentes y jóvenes que la estrategia de la droga como industria es la muerte, no la redención.