29-01-2019 Inversión en obra pública Un índice que no por previsible deja de concitar la atención Entre Ríos sólo aplica a la inversión el 5,5% del total de sus recursos, lo que la ubica en el último lugar en un ranking de la estructura de gastos por provincias, que publica en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Mirador Entre Ríos [email protected] Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal al cotejar la composición del gasto en las ejecuciones de presupuesto de las 24 jurisdicciones, Entre Ríos está última, dado que sólo aplica a la inversión el 5,5% del total de sus recursos. El dato fue destacado por el diputado provincial Jorge Monge, quien aclaró que el porcentaje refleja “en concreto, cuánto gasta cada provincia en inversión u obra pública”. Al hacer la comparación con otras jurisdicciones, destacó que San Juan y Santiago del Estero destinan a obras públicas el 27% de sus recursos; Misiones, 18,1%; CABA, 17,2%, y Córdoba, 16,6%. El legislador radical entendió que eso explica “por qué tenemos problemas en nuestros caminos; infraestructura hospitalaria; escuelas, el estado de las cárceles, pocos hogares con el servicio de gas natural, especialmente en el norte provincial y un largo etcétera”. Opinó que “la decadencia entrerriana también es producto de la desinversión” a partir del análisis que puede hacerse del informe del Iaraf –“antigua y prestigiosa entidad privada”, dice– sobre las ejecuciones provinciales de los primeros nueves meses del año 2018 de la Administración Pública - Estructura de gasto provincial. Detalle Por el lado de las erogaciones, las cinco provincias que destinaron una mayor porción del gasto total a la obra pública fueron San Juan (27,3%), Santiago del Estero (27,2%), Misiones (18,1%), CABA (17,2%) y Córdoba (16,6%). En el otro extremo, las jurisdicciones que le dieron una menor importancia relativa al gasto de capital fueron Buenos Aires (5,5%), Entre Ríos (5,5%), Santa Cruz (6,8%), Tucumán (8,3%) y Chaco (8,8%). Si los parámetros se toman para hacer la comparación en el marco de Región Centro, el 5,5% que destina a inversión Entre Ríos es superado por Santa Fe, 12,2%, y Córdoba, 16,6%. No se trata de naturalizar; tampoco de restarle significación al índice, pero cada vez que se trata el proyecto de presupuesto en la Legislatura entrerriana se pone de relevancia el escaso porcentaje de recursos cuyo destino no está comprometido. Y si bien es materia que hace al contenido de los discursos de los legisladores, en el mensaje del Ejecutivo que acompañó el proyecto 2019, en la estructura del presupuesto se dejó claro que los recursos afectados conforman aproximadamente el 36% del Presupuesto. Constituyen aquellos recursos con una asignación legal específica, su destino no se puede cambiar, es decir, son aplicables sólo para aquellos fines para los cuales han sido creados. En estos recursos, no existe la libre discrecionalidad del Ejecutivo para su aplicación. El resto En cuanto a los recursos de Rentas Generales que integran el resto del Presupuesto de Ingresos, con una participación del orden del 64%, constituyen aquellos recursos corrientes, destinados en su gran mayoría al financiamiento de los gastos corrientes, y en este sentido, “su asignación queda sujeta a la discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo”. Ahora, lo que está aclarado en el párrafo siguiente es que esa discrecionalidad está limitada en cuanto a la estructura de gastos, ya que “un 92% de estos recursos del Tesoro se utilizan en Personal, Coparticipación a Municipios, financiamiento del Déficit Previsional e Intereses de la Deuda Pública, teniendo sólo un 8% para hacer frente a los diferentes gastos de funcionamiento de todos los organismos del Estado, incluyendo hospitales, escuelas, policía, entre otros”. Igual margen de discrecionalidad, es decir sobre un 8% de los recursos se planteaba para el presupuesto 2018. Cuando obtuvo media sanción el cálculo de gastos y recursos para el corriente ejercicio en la Cámara baja, el año pasado, fue el diputado Sergio Kneeteman quien a partir de los números señalados remarcó que el por entonces proyecto –hoy ley– “no muestra posibilidad de cambio” y habló de “una provincia injustificadamente atrasada”.