Ni los seis crímenes cometidos en 24 horas en la ciudad de Rosario lograron alterar este martes la agenda de campaña de los principales actores políticos santafesinos. Tanto Omar Perotti como Pablo Javkin siguieron con sus actividades proselitistas y recorridas por medios de esta capital. Recién a última hora del día, el gobernador viajó al sur para reunirse allí con la cúpula del Ministerio de Seguridad. Y para este miércoles, el intendente rosarino había convocado a los concejales de todas las fuerzas políticas para analizar la problemática.

 

En el ámbito parlamentario, la iniciativa provino del presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que convocó para este medio día "con carácter de urgente" a sus integrantes. Juan Cruz Cándido amplió, incluso, la invitación a los presidentes de todas las bancadas para que pudiesen participar. Según adelantó el legislador a El Litoral, podría surgir un documento común del encuentro, además de un renovado reclamo para que el Poder Ejecutivo constituya y convoque a la Junta Provincial de Seguridad. Ése había sido un planteo de la oposición, incluso, cuando todavía Marcelo Sain se desempeñaba como ministro de Seguridad. En algún momento, después de una conversación entre Perotti y el por entonces presidente de la Cámara Baja, Miguel Lifschitz, el mandatario había dado la instrucción de que se avanzara en ese sentido. Pero por otras vicisitudes, la orden no se materializó y la Junta nunca se conformó. Para la oposición, dicho espacio es importante porque permite aglutinar a representantes de los tres poderes del estado para analizar la problemática y acordar acciones.

 

Penitenciarios

 

Pero lo que sucede en las calles no tiene estrictamente que ver con el "afuera". El propio intendente Javkin dijo este martes que de los seis homicidios registrados en Rosario en 24 horas, al menos tres habían sido planificados desde las cárceles. Por eso, la situación que atraviesa el Servicio Penitenciario es casi de emergencia. Por un lado, alarma la proliferación de teléfonos celulares que aparecen en poder de los internos y con los que planifican más hechos delictivos.

 

A ello se suman las fugas y la situación de precariedad que atraviesa el personal; los agentes son insuficientes y ello redunda en un régimen que los obliga a trabajar 48 horas y descansar 24, cuando el sistema habitual implica una ecuación exactamente inversa. Ya se han tomado medidas para tratar de corregir algunos aspectos – se lanzó una convocatoria para reclutar más personal, se firmarán ascensos la próxima semana y se pagará este viernes el monto correspondiente a los uniformes-, pero la situación pareciera requerir de soluciones más estructurales que coyunturales. Por eso, no es la primera vez que se vuelve a poner en discusión la pertinencia o no de que el Servicio Penitenciario siga dependiendo orgánicamente del Ministerio de Gobierno. Ésa fue una decisión política que se adoptó cuando comenzó la gestión de Perotti. Antes, dependía de Seguridad.

 

La nueva administración entendió que el Servicio Penitenciario tenía que ver con internos que debían cumplir una condena, y que ello era materia de un área asociada a la Justicia - dicha dependencia se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Gobierno-. Pero la realidad terminó demostrando que los mismos reclusos desde sus celdas siguen organizando delitos que ponen en jaque la seguridad de toda la ciudadanía.

 

Días atrás, cuando este diario planteó la consulta a Jorge Lagna, el ministro admitió que el tema se podía repensar. "Fue una decisión política (la de hacer depender de Seguridad al Servicio) que no la he pensado aún. Estoy con el devenir constante del trabajo, pero se puede repensar", respondía. En las últimas horas, el propio gobernador sostuvo que no descarta revisar el tema y tomar alguna decisión al respecto hacia fines de año