Por Carlos Retamal

 

Cinco miembros de la organización delictiva encabezada por Esteban Alvarado, que prestaron sus nombres para crear empresas, gestionarlas, administrarlas y brindar logística para el funcionamiento de la banda, fueron condenados, mediante acuerdo abreviados, a penas de prisión efectiva y condicional, de acuerdo al caso y al pago de multas millonarias.

 

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, vienen desde hace tiempo investigando a la banda encabezada por Esteban Lindor Alvarado, quien está preso desde hace casi 3 años. En el marco de la larga pesquisa, se han ido llevando a cabo distintos procesos abreviados con algunos de los involucrados en la banda, que de a poco se ha ido desmembrando en base a un paciente trabajo investigativo.

 

Mientras la causa más importante, que tiene sindicado a Alvarado como jefe de la banda y a al menos cuatro persona más como sus hombres de confianzq, quienes serán llevados a juicio oral y público en los próximos meses y podrían enfrentar penas de prisión perpetua, esta semana los que fueron acusados formaban parte de un grupo menor, pero no por ello menos importante, dentro de la organización.

 

Se trata de un grupo de personas que tenía a su cargo la administración y gestión de empresas comerciales y unipersonales que permitían colocar algunos de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos. En este grupo se ubican la ex pareja de Alvarado, Rosa Capuano; Estefanía y Nadia Toledo; Leandro Suárez y Ricardo Ianni, quienes fueron condenados este lunex 4 de octubre.

 

El juez de primera instancia Ismael Manfrín condenó a Capuano, de 24 años, a la pena de 3 años de prisión condicional, reglas de conducta y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado, siendo ésta de $51.600.000, por el delito de asociación ilícita en calidad de integrante en concurso real con Lavado de activos en carácter de coautora.

 

La joven, ex esposa de Alvarado, fue hallada culpable de integrar asociación ilícita que funcionó al menos desde junio de 2012 a octubre de 2019, compuesta por Esteban Alvarado como jefe. Según la investigación, a través de ella, la banda se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal: recursos materiales y humanos disponibles para la comisión de delitos; inmuebles para guardar rodados de la organización y para vivir; dinero para pagar a personas para obtener de ellas información y otras tareas que permitian la ejecución de diversos delitos; rodados de distinto porte que tenian disponibles para el traslado de los integrantes y la comisión de delitos, y personal dependiente de las sociedades disponibles para distintas tareas operativas de la organización.

 

También se la imputó de haber participado de una maniobra tendiente a ocultar deliberadamente la calidad de propietario que Esteban Alvarado tenía de la vivienda familiar ubicada en avenida Fuerza Aérea al 2300 de Funes, adquirido con el producido de actividades ilícitas, entre otras maniobras.

 

Fuentes judiciales señalaron que para hacer frente a la millonaria multa, se acordó la liquidación de la vivienda ubicada en Funes y de alrededor de una decena de vehículos inscriptos a nombre de una de las empresas de las cuales Capuano era “dueña”, entre ellos varios camiones y semi remolques, los cuales serán puestos a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) para que sean ofrecidos a remate.

 

Otra de las condenadas fue Estefanía Toledo que, junto a Ariel Ianni, era socia de una empresa y  administradora, directora y representante de una sociedad. Ambos admitieron su participación en la banda y los fiscales pidieron para la mujer una condena de 3 años de prisión en suspenso y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellos la prohibición de acercamiento a los demás imputados de la causa, pedido que fue aceptado por el juez Manfrín.
Mientras que para el hombre, la acusación sumó la participación en una maniobra tendiente a ocultar el origen ilícito de un bien inmueble, con la finalidad de consolidar la disponibilidad de esa propiedad y otorgarle apariencia de origen lícito, constituyendo una sociedad a la que transfirió un bien proveniente de un hecho ilícito para darle apariencia de lícito (se trató de un inmueble ubicado en calle Misiones al 800, de Roldán, que fue despojada a su moradora mediante el uso de la fuerza).

 

En el caso de Ianni, se acordó una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, lavado de activos y una multa equivalente a siete veces el monto del lavado, es decir 2 millones cien mil pesos, propuesta que fue homologada por el magistrado.

 

Nadia Toledo, de 38 años, fue acusada de gestionar un entramado de empresas comerciales y unipersonales bajo la directiva de Alvarado. Se le atribuyó ser titular de una empresa de transporte y tener a su cargo empleados que a su vez prestaban servicios en las demás empresas que componen el grupo.

 

La pena pedida fue de 3 años de prisión condicional y una multa igual a la de Ianni, esto es dos millones cien mil pesos. Manfrín resolvió homologar la propuesta y dictar sentencia condenatoria.
Otro de los condenados fue Leandro Suárez, de 44 años, para quien tanto la fiscalía y su defensa solicitaron al juez una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y reglas de conducta como miembro de una asociación ilícita.