Será "asesor especial en materia de criminalidad compleja". Una de las finalidades de su incorporación es "contribuir en una coordinación interinstitucional con los gobiernos provinciales". Así lo plantea la resolución de designación, que lleva la firma del ministro de Seguridad de la Nación.
Marcelo Sain se incorporó, finalmente, al gabinete del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Así lo plantea la resolución Nro. 525 firmada este miércoles 24 de noviembre por el funcionario nacional. El ex titular del Organismo de Investigaciones de Santa Fe estará a cargo de una "asesoría especial en materia de Criminalidad Compleja".
En los considerandos se justifica la designación a partir de que "resulta necesario (designarlo), a efectos de colaborar en el análisis con perspectiva federal, respecto de delitos instaurados o cometidos por grupos criminales organizados, con impacto en la economía ilegal y las tramas de eventual protección estatal de todas las jurisdicciones". Plantea, asimismo, que "se requiere el asesoramiento especializado con una óptica sociológica de la criminalidad compleja, a los fines de contribuir en una coordinación interinstitucional con los gobiernos provinciales y las autoridades judiciales competentes, para un sistematizado abordaje conjunto del delito organizado y complejo". Finalmente, considera "necesario abordar una modernización institucional del sistema federal de investigación criminal compleja, entendiendo que Marcelo Sain reúne tales capacidades, conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo". La resolución estipula una remuneración mensual cercana a los 400 mil pesos.
La especulación acerca de la posible incorporación de Sain al gabinete de Fernández existió desde el momento mismo en el que el funcionario nacional asumiera como ministro, el pasado 20 de setiembre. Es que a sólo horas de tomar posesión del cargo, esa misma tarde, Aníbal concedía la primera audiencia al gobernador Omar Perotti. Era para analizar la delicada situación de violencia e inseguridad que azotaba – y azota- particularmente a la ciudad de Rosario a partir de la narcocriminalidad. En esa jornada, Fernández habló telefónicamente con Sain y no se reunieron ese mismo lunes por cuestiones de agenda del funcionario "santafesino". Entonces, convinieron encontrarse el jueves de esa semana. Así, Fernández se terminó reuniendo antes con Sain, que con el propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna. Ambos se conocen desde hace años, pero el cónclave generó múltiples versiones; una de ellas, que el encuentro había sido ocasión propicia para "negociar" la despedida de Sain de esta provincia, y su eventual incorporación al gabinete de Fernández. Sain, que en ese momento seguía siendo director del Organismo de Investigaciones, negó la especie. Una semana después, volvían a coincidir ambos en un acto en la ciudad de Rosario, en el que se anunciaba el desembarco a la provincia de más fuerzas federales. Sain pareció, entonces, empoderado por esa suerte de bendición proveniente del flamante ministro de Seguridad de la Nación. Pero apenas un mes y medio después, quien ya había sido desplazado por Omar Perotti como ministro de Seguridad (en marzo de 2019), volvía a caer en desgracia. Esta vez, quedaba afuera del Organismo de Investigación, tras la destitución que votara la Legislatura de la provincia. Ello ocurrió el 4 de noviembre. A veinte días, se conoce la resolución de Aníbal Fernández que lo incorpora a su equipo. Resuelta esa incógnita, sólo resta saber si junto a Sain se irán también los funcionarios de su riñón que quedaron en el Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Lagna.
Sain atribuyó su destitución a una embestida de diferentes actores institucionales de la provincia, que reaccionaron ante su decisión de comenzar a investigar la criminalidad organizada "con protección política". Uno de sus enemigos públicos fue, de hecho, el senador Armando Traferri, a quien dos fiscales rosarinos intentan indagar por la presunción de liderar una red de juego clandestino. Ni la imputación ni la indagatoria pudieron realizarse porque el Senado rechazó el correspondiente pedido de desafuero del legislador.
