Mauro Dalmazzo


Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en noviembre último habían definido que el policía Gabriel Robles, femicida de Marina Espíndola, no podía portar el arma reglamentaria, producto de la denuncia que había radicado la víctima en relación a la persecución y hostigamiento que sufría. Lo cierto es que en diciembre, tras superar exámenes psiquiátricos, desde la Unidad Regional VIII decidieron restituirle la pistola, la cual utilizó para matar a su ex pareja con un disparo en la cabeza en la madrugada del último martes.

Luego de una investigación interna, desde el Ministerio de Seguridad apartaron al jefe de la Comisaría de Murphy por desoír y minimizar las denuncias radicadas por Marina. También pasaron a disponibilidad al subdirector de Policía, Cristian Rotela, jefe de la Unidad Judiciales, por no activar el protocolo de género, y a la psicóloga Rosalía Kobila, de Medicina Legal, quien realizó los exámenes al asesino que luego se quitó la vida.

Reclamo de justicia
La manifestación del último martes se centró en las explicaciones que debían dar las autoridades en relación a la portación de arma por parte de Robles, partiendo de la base de las denuncias por violencia de género que sobre él pesaban. Desde el MPA dejaron en claro que en el mes de noviembre decidieron "desarmar" al femicida, luego de una exposición realizada por la víctima. Y ahora abrieron una investigación para esclarecer los pasos administrativos que se dieron a los efectos de que Robles nuevamente pase a portar un arma 9 milímetros.

Palabra del fiscal
En diálogo con Sur24, el fiscal Horacio Puyrredón manifestó que desde "la Fiscalía, al momento de comenzar con la investigación del hecho, nos planteamos por qué el policía portaba el arma oficial. Recordemos que una causa está relacionada con el femicidio, la cual se terminó básicamente con la muerte del imputado".

Pero, al mismo tiempo, hay otro camino investigativo, "a partir de elementos que nosotros tenemos de esa causa, más testimonios que fueron sumando familiares, hijas de la víctima. Había expresiones de enojo y descontento con la cuestión de que el sujeto portara arma de fuego. Y eso está siendo investigado", agregó.

Tanto los allegados a la víctima, como el espacio "Ni una Menos", consideran que el crimen se podría haber evitado, y que sobraban argumentos para que Robles no pudiese portar el arma reglamentaria, cosa que terminó ocurriendo. En la nueva investigación, "nos preguntamos si podía o no portar un arma de fuego, y en el caso afirmativo, quién tomó esa determinación y cuáles fueron las tareas realizadas por la fuerza de seguridad. Y desde Fiscalía tomamos el compromiso de desandar el camino que tiene que ver con recabar evidencia y tomar una decisión con posterioridad", detalló Puyrredón.

El objetivo es saber "por qué desde la Unidad Regional VIII de Policía permitieron que porte el arma nuevamente. Desde Fiscalía se solicitó en su momento el retiro del arma en el mes de noviembre. Y desconocemos hasta hoy respecto de por qué le devuelven la misma", añadió.

Avisos desoídos
Otro reclamo que surgió en la manifestación fue que las denuncias realizadas por Marina eran minimizadas en sede policial. Y al mismo tiempo, los agentes la desalentaban, ya que eran contra un compañero de trabajo.

En noviembre de 2021 "existió una exposición por parte de la misma. Y con ese contenido se le dio formato de denuncia a partir del requerimiento de la Fiscalía. Si bien el hecho no constituía un delito, ya que eran actos turbatorios o molestias respecto de una relación que habían mantenido con anterioridad. Pero en ese momento no quedó sentado que hubiera lesiones, amenazas o violación de domicilio", indicó Horacio Puyrredón.

Igualmente, "la fiscal Andrea Cavallero solicitó poder trabajar esa exposición en forma de denuncia. Por eso se estableció una prohibición de acercamiento. Pero lo que nunca supimos nosotros es que Robles había vuelto a tener la posibilidad de portar arma de fuego", manifestó.

El objetivo es definir "si la policía, a la hora de notificar, lo hizo de la manera que correspondía, si lo puso en conocimiento, si se enviaron las actuaciones. Hay un canal de procedimiento que se realiza ante este tipo de hechos, que son de protocolo y todos los funcionarios policiales lo conocen. Si hubiese algo que no se hizo como corresponde, después se analizará si esa conducta constituye un delito o una falta administrativa", finalizó Puyrredón.