La primera reunión de la Junta Provincial de Seguridad fue escenario para renovar la discusión sobre un aspecto que genera una fuerte controversia en Santa Fe: quién debe tener el poder disciplinario sobre los fiscales; quién debe controlarlos. Hoy, esa potestad está en manos de la Legislatura, pero ello es objetado desde hace tiempo por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Su titular, Jorge Baclini, volvió a reclamar durante la reunión de la Junta que ese sistema sea modificado. "Nos parece totalmente inconveniente que el MPA esté bajo la órbita de la Legislatura. Hicimos este planteo que lo vamos a ir robusteciendo progresivamente porque creemos que debe haber un control sobre los fiscales, pero entendemos que si ese control es del poder político no es conveniente, es desacertado, afecta la autonomía y condiciona el trabajo de los fiscales", decía Baclini a El Litoral cuando se retiraba de aquella reunión.

 

En el encuentro había representantes de los tres poderes, incluso del Legislativo, sobre quien recae la crítica. ¿Existe proyecto en el ámbito del Ejecutivo o al menos intención de promover el debate y cambiar la ley? En diálogo con este diario, el secretario de Justicia, Gabriel Somalia, planteó cuál sería, desde su punto de vista, el mecanismo disciplinario hacia el que debería encaminarse la provincia.

 

-¿Hay algún proyecto del Ejecutivo que plantee cambios en este sentido? ¿Cuál es la posición del gobierno de Omar Perotti sobre el tema?

 

- En la actualidad no hay ningún proyecto con el que se esté pensando modificar la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Sí existen conversaciones informales de distintos referentes de todo el arco político, incluso de algunas universidades, respecto de si la legislación actual del MPA merece o no reformularse, a la luz de que durante estos ocho años desde que entró en vigencia, podría requerir mejorarse en algunas aspectos o eliminarse otros. Entre ellos, puede llegar a generar algún tipo de estudio el régimen disciplinario de los fiscales. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el sistema actual ha sido validado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia y por la información que tenemos, queda pendiente un recurso ante la Corte nacional. Sería muy prudente aguardar ese fallo, para ver si ratifica o no el pronunciamiento de la Corte local. Mientras tanto, nada impide que vuelvan a conversarse distintas alternativas en relación no sólo al enjuiciamiento a fiscales, sino del cometido y atribuciones actuales que tiene o debería tener el MPA.

 

- En términos personales, ¿cree que es conveniente que ese poder disciplinario hoy lo tenga la Legislatura?

 

- Me parece que lo razonable sería un esquema similar al que hoy tenemos en el proceso para magistrados, que cuenta con un tribunal de enjuiciamiento con una conformación mixta. Me parece que eso sería lo más prudente, sobre todo, con una mayor presencia del estamento judicial en orden a que tenemos que ser muy claros; el MPA por más que se pretenda, en nuestra provincia, no puede ni debe tener la autonomía que tiene a nivel nacional, porque nuestra Constitución provincial no lo autoriza. Pero sí autoriza o permitiría, en el marco de trazar una analogía con el tema de los jueces, avanzar hacia la conformación de un tribunal mixto. Hoy, ese tribunal de enjuiciamiento para magistrados está integrado por la Corte, un diputado, un senador y un representante del Colegio de Abogados. Por lo tanto, no de idéntica forma, pero sería cuestión de evaluar las distintas posiciones de los legisladores al respecto.

 

- ¿El Poder Ejecutivo tiene previsto promover este debate y eventual modificación de la ley?

 

- Nos parece que lo que hay que hacer en este momento es defender la institucionalidad y la competencia de cada uno de los poderes. Y a partir de allí, dentro de un programa que se ha dado en llamar "Santa Fe + Justicia", donde hay distintas legislaciones que se están poniendo en revisión, también incluir la ley del MPA como de las normativas que podrían revisarse, en la medida en que existan los consensos necesarios de los tres poderes del estado, los colegios de abogados y las universidades.

 

- ¿Qué otros aspectos del MPA o de la ley que rige su funcionamiento serían revisables?

 

- Me parece que por un lado está la articulación de las competencias; y por el otro, creo que tendríamos que revisar también la extensión de los juicios abreviados. Hoy estamos viendo cómo se le dio mucha energía y tratamiento mediático a las prisiones que le correspondieron a personajes como los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serial; o a (Leonardo) Peiti. Y a los pocos meses quedaron liberados. Entonces, me parece que allí hay que tener algún tipo de recaudo porque detrás de estas legislaciones está la gente. Lo que necesita la comunidad es tener reglas claras por un lado, seguridad por el otro; y que si alguien infringe la ley, pague por esas consecuencias.