La diputada provincial Clara García asistió este miércoles a la jornada del juicio oral y público que se sigue a la banda criminal liderada por Esteban Alvarado. “Es nuestro deber apoyar a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que llevan adelante este juicio y reinvindicar el sistema de justicia penal que se puso en marcha en nuestra provincia en 2014”, sostuvo y, al respecto, agregó: “Esa transformación fue trascendental para Santa Fe y no solo requirió de una fuerte convicción política, sino también de la decisión de garantizar la infraestructura, los recursos económicos y los concursos para cubrir cargos vacantes”, enumeró la legisladora. 
 

En la oportunidad, García acompañó al ex ministro de Seguridad provincial durante la gestión de Miguel Lifschitz, Maximiliano Pullaro, quien declaró en el juicio en calidad de testigo. 
 

“Ningún gobierno combatió al narcotráfico como el de Miguel Lifschitz. Este proceso es consecuencia del trabajo denodado y sostenido contra el delito organizado. Todos los líderes de las principales bandas fueron detenidos durante las gestiones del Frente Progresista”, recordó la legisladora.
 

“Durante la gestión de Lifschitz se inauguró el edificio del Centro de Justicia Penal y se aprobaron casi 300 pliegos de jueces, fiscales y defensores para la provincia. Esa es la diferencia entre gestionar con decisión y valentía, y quedarse en un eslogan de campaña que después no se traduce en ninguna acción; es la diferencia entre tener un plan de gobierno y equipos para llevarlo adelante y no tener ni una cosa ni la otra”, aseveró García.
 

“Después de dos años, seguimos esperando que el gobernador (Omar) Perotti envíe a la Legislatura los pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores que requiere el fuero penal”, afirmó.
 

Alvarado fue capturado por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en la provincia de Córdoba en febrero de 2019.
 

“En ese momento, Miguel advirtió que el desafío pasaba por desbaratar los negocios mediante los cuales estos grupos criminales blanquean los ingresos provenientes del delito. Por su parte, el Ejecutivo impulsó la creación del organismo que remata los bienes incautados a los grupos delictivos y Santa Fe fue la primera provincia que organizó la extinción del dominio. Hubo en todo momento una respuesta contundente del Estado contra el crimen organizado y de acompañamiento al Ministerio Público de la Acusación y a la Policía de Investigaciones que hoy no se ve”, concluyó.