MIRADOR ENTRE RÍOS
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Se trata de cinco hechos en que se desviaron fondos públicos para beneficiar a empresas que se atribuyen a Aguilera y para financiar la campaña a precandidato a presidente de Urribarri en 2015.

Los fiscales Juan Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, respondieron este jueves a los cuestionamientos de las defensas, especialmente los que apuntaron a los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) que practicaron los informes que constituyen la columna vertebral de la acusación. Las defensas ratificaron sus críticas a los profesionales y a los informes y reiteraron que son nulos y deben ser excluidos del debate.

Ignacio Díaz, que defiende a Báez; Emilio Fouces, que representa a Marsó y al empresario Gerardo Caruso; Juan Méndez, en defensa del exfuncionario, Gustavo Tamay; Miguel Ángel Cullen, en representación de Tamay, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Alejandro Almada, Corina Cargnel; Raúl Barrandeguy, por el exgobernador Urribarri; y Marcos Rodríguez Allende, representante de Aguilera y su pareja, Luciana Almada, ratificaron lo dicho en sus alegatos y reiteraron los pedidos de absolución.

Fiscalía sostuvo que los pedidos de nulidad de los informes y su exclusión fueron extemporáneos, señalando que las defensas debieron realizarlos durante la audiencia de remisión a juicio. Casi contradictoriamente, recordaron que las defensas recurrieron en Casación, en queja al Superior Tribunal de Justicia y hasta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo la nulidad. Las defensas duplicaron que en Casación sufrieron un revés, pero el STJ rechazó el pedido sosteniendo que era en el juicio donde debían plantearlo, lo que así sucedió.

Fiscalía defendió la incumbencia de los profesionales del MPF y la validez de los informes, resistiendo los embates de las defensas respecto a supuestas irregularidades en el allanamiento en calle Yrigoyen donde se secuestró un disco externo rígido que fue hallado en circunstancias que durante el debate no quedaron claras. El disco contenía la mayor cantidad de prueba de cargo.

Las defensas también arremetieron contra un informe de llamadas que se realizó a partir del pedido de los fiscales a las empresas de telefonía, sin la orden judicial correspondiente ni la debida justificación. Ramírez Montrull dijo que se trató de una cuestión “nimia” ante la envergadura de la investigación que se estaba realizando, en la que se investigaba a altos funcionarios de gobierno por hechos de corrupción. Incluso sostuvo que nunca se cuestionaron ese tipo de informes y afirmó que hay personas condenadas con prueba obtenida de esa manera.

Las defensas no se lo dejaron pasar y expresaron su preocupación por la posibilidad de que haya ciudadanos condenados con prueba obtenida de manera ilegal, habida cuenta que se sostuvo que se violaron la Constitución Nacional, provincial y el Código Procesal. También criticaron el intento de minimizar aquella situación, que calificaron como intromisiones sin orden del juez, en la intimidad de las personas.

El juicio se retomará el martes 22 de marzo, cuando se cerrará el debate y los imputados podrán hacer uso del derecho a decir las últimas palabras antes del cierre del proceso.