El río Paraná tiene pronóstico de nuevas bajantes, la logística del nodo exportador del sur santafesino se complica y se encarece. Y el gobierno nacional posterga decisiones clave para el mantenimiento de la vía navegable troncal.
La Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), la de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reclamaron que “es imperioso solucionar el dragado de la hidrovía” ante la eventualidad de una nueva bajante del Paraná.
“Las entidades firmantes expresan su preocupación por el crítico panorama que atraviesa la actividad portuaria y que afecta severamente la competitividad de las exportaciones de nuestro país.
Aluden a “la grave situación que estamos atravesando en el marco de la Emergencia Hídrica, producto de la bajante extraordinaria de los ríos Paraguay y Paraná. Esta situación obliga a transportar mercadería hacia otros puertos argentinos por vía terrestre, con el consiguiente impacto sobre la seguridad vial, el mayor deterioro de la infraestructura vial y ferroviaria y el aumento de los costos logísticos”.
Exponen las instituciones que “tampoco puede soslayarse la circunstancia que atraviesa el proceso de contratación de los trabajos de dragado de la vía navegable troncal en el marco de la Licitación Pública N° 13/21 lanzada por la Administración General de Puertos y cuyo objeto es contratar, para el corto plazo, el ‘Dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal’, teniendo en cuenta que dicha licitación se ha dejado sin efecto.
“En este contexto, es importante destacar la relevancia del proceso de llamado a la denominada ‘licitación larga’, para la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la vía navegable troncal, en el marco de lo establecido en el Decreto N° 949/20, cuya tramitación debe llevar a cabo el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y de la que sería muy importante conocer un calendario de concreción que permita contar con un horizonte realista, que disminuya la incertidumbre”.
Concluyen reiterando la “necesidad de continuar con aquellas tareas de mantenimiento de la vía navegable que garanticen su operación y avanzar en los procesos necesarios para dotarla de mejoras en su diseño e incorporación de la tecnología de punta que una infraestructura de estas características merece”.
A pesar de las promesas de “federalizar” la hidrovía, la Casa Rosada concentró en manos “massistas” -a través de la Administración General de Puertos- una licitación por 180 días (prorrogables) y por U$ S 80 millones para el dragado de la vía navegable troncal. El proceso a cargo del interventor de la AGP, José Beni, arrancó dejando un solo oferente -de los cuatro presentados- con aptitud técnica.
Beni quedó en medio de presiones internas e institucionales. El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, analiza si hubo irregularidades en el proceso; el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, fue denunciado ante la justicia por “tráfico de influencias” a favor de un empresa oriental que quedó técnicamente fuera del proceso ahora fallido y diputados del PRO pidieron informes al gobierno nacional sobre los pliegos de la licitación larga en medio del clima enrarecido.
Una UTE que quedó fuera de juego fue la dinamarquesa Rohde Nielsen y su socia argentina Emepa: pagó una tasa de US$ 800.000 no reintegrable para que se revise el dictamen de la AGP. Gabriel, Romero, titular de la firma con sede en Chascomús, es quien confesó en la causa de los cuadernos, haber pagado U$ S 600.000 en sobornos para la renovación del contrato de Hidrovía S.A en 2010 y por 10 años, pocos días antes que Cristina Fernández firme el decreto al respecto.
La belga Dredging International y la compañía china CCCC Shanghai Dredging CO y la argentina Servimagnus S.A también presentaron reclamos, aunque no llegaron a pagar la tasa.
Para la licitación corta, sólo la Compañía Sudamericana de Dragados (la belga Jan de Nul) quedó en pie técnicamente.
Beni dejó el proceso sin efecto “al quedar una sola propuesta en condiciones de ser precalificada para una segunda instancia de evaluación”. Pero no opinó lo mismo sobre la licitación separada para adjudicar el balizamiento: allí la única que quedó en pie fue la Emepa de Romero, pero nadie se quejó por quedar como único oferente.
