Carlos Retamal


Cuatro armas de fuego desaparecieron de un cajón de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) ubicada en el primer piso del Centro de Justicia Penal. El faltante fue descubierto tras el receso judicial de enero, por el que a principios del mes de marzo se inició una investigación penal. El jueves de la semana pasada, en el marco de una persecución policial que terminó en el hallazgo de un aparente aguantadero en una vivienda de barrio Las Flores, se encontró una de las pistolas.

Esas cuatro armas (tres pistolas semiautomáticas calibres 9 milímetros y una pistola semiautomática calibre 380) formaban parte de la resolución de un juicio a dos policías, Víctor y Franco Villarruel, que fueron condenados a la pena de 20 años de cárcel en diciembre de 2021 por el asesinato de Matías Sosa (ex cuñado de uno de los agentes). Tras la sentencia, el fiscal Adrián Spelta ordenó la destrucción de dos de las armas y la devolución al Ministerio de Seguridad de las otras dos.

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que las armas no fueron entregadas porque la documentación estaba “incorrecta e incompleta”, por lo la entrega se dilató hasta tanto se confeccionaran correctamente todos los papeles.

Eso fue a comienzos de diciembre. Las armas fueron llevadas hasta la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) ubicada en el primer piso del Centro de Justicia Penal y dejadas -al parecer- en un cajón de uno de los escritorios, sin llave. “Ahí quedaron desde el 2 de diciembre de 2021 y durante la feria judicial del mes de enero 2022, sin ser remitidas al Ministerio Público de la Acusación, con la documentación correcta, como era el proceso a seguir”, indicaron.

Luego del receso de verano, en la Oficina de Gestión Judicial, que depende de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, notaron el faltante de las armas. Es por ello que durante el mes de marzo se da aviso a la fiscalía del faltante de las armas, por lo que se da una investigación que queda a cargo de la fiscal Paola Aguirre, de la Unidad de Violencia Institucional, quien dispone una serie de tareas investigativas para determinar qué ocurrió desde el momento en que se ordenó la destrucción y la devolución de las armas y todo el derrotero que derivó en la desaparición. También solicitó la información de quienes tuvieron acceso a dichas oficinas durante la feria judicial.

“La investigación en curso está en reserva, a la espera de resultados. La Corte Suprema de Santa Fe dispuso, en forma paralela, abrir investigación de sumario administrativo por el caso”, agregaron las fuentes consultadas.

Hallazgo sorpresa
El jueves de la semana pasada, durante un operativo policial que incluyó una persecución por calles de las zonas sur y sudoeste, se halló un aguantadero de armas en una vivienda de barrio Las Flores.

Voceros policiales indicaron en su momento que personal del Comando Radioeléctrico que perseguía un auto que evadió un control en la zona de avenida Circunvalación y calle Gutiérrez, cerca del acceso sur, llegó hasta la zona de Flor de Nácar y Platón, en barrio Las Flores.

Quienes iban en el auto lo dejaron abandonado y siguieron su escape a pie hasta la zona del arroyo Saladillo. Lo mismo hicieron varios uniformados, pero no pudieron darles alcance a los ocupantes del auto.

Sin embargo, en una vivienda ubicada en un pasillo, hallaron una importante cantidad de armas de fuego, entre ellas una ametralladora FMK3, un fusil de utilería, varias pistolas calibre 9 milímetros y más de 150 municiones. Además se incautaron varios autos y motos, en su mayoría con pedido de secuestro por haber sido robados.

Voceros señalaron que entre las armas 9 milímetros se encontró una pistola marca Taurus. Tras chequear su número de serie (que no estaba limado), se comprobó que era una de las faltantes de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).