Avanza a buen ritmo en la Justicia santafesina un hecho inédito: se trata de una acción por daños y perjuicios iniciada por la docente rosarina Silvia Salas, contra algunos titulares de terrenos en las islas frente a Rosario, presuntamente involucrados en los incendios que azotaron toda la zona durante el 2020 y en medio de la pandemia de coronavirus.

Esta demanda, tiene de particular que permite a cualquier persona afectada de forma individual por los incendios provocados en las islas hace dos años, beneficiarse de los efectos de la sentencia solamente demostrando los daños concretos que sufrió, entendiendo que los motivos de los mismos ya fueron probados.

Salas está llevando adelante una demanda de manera particular pero que afecta en su magnitud a toda una sociedad. Este hecho, sin precedentes en la región, es posible gracias a la entrada en vigencia en 2015 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que, modificando al anterior, habilita a un individuo a avanzar judicialmente de esta manera. Se trata del debut de este instrumento legal en la Justicia santafesina.

Ahora, la novedad, es que este caso avanza sin obstáculos y “estamos en la instancia en la que podemos avanzar con realizarle una pericia médica a Silvia. Es decir, estamos en todo un proceso de etapa probatoria, pero ya hablando de los daños que sufrió ella”, contó a Mirador Provincial el abogado y Director del Observatorio Ambiental de la UNR, Matías De Bueno.

Hasta el momento “son 13 personas que están demandando orientados hacia la misma sintonía que la docente, intentando lograr que se puedan reconocer los derechos de las personas a reclamar ese daño individual que se generó a través del ambiente y que después puede impactar en el resto de la comunidad”, agregó el abogado.

El diferencial de este tipo de demanda, es que la acción iniciada por la docente posibilitará que las pruebas recabadas e incorporadas en el expediente puedan ser utilizadas por futuros demandantes afectados por el mismo hecho de contaminación ambiental. Antes de la entrada en vigencia del nuevo Código había que atravesar un laberinto judicial que demandaba años y pocas veces se lograba algún tipo de definición satisfactoria.

Por ejemplo, para casos como el de los incendios en las islas, se interponían amparos orientados a frenar el daño o se buscaba volver a la misma situación en la que se estaba previo al hecho acaecido, algo imposible de llevar a cabo con la quema de pastizales. Por eso, en situaciones como estas, se intentaba alcanzar algún tipo de indemnización sustitutiva para un fondo de compensación ambiental.

Para siquiera aproximarse a una posible resolución, había que iniciar lo que se llama en la jerga judicial “acciones por intereses colectivos difusos”, y, así, invocar la representación de la sociedad en su conjunto. Es que se interpretaba que los incendios, por ejemplo, afectaban a todos por igual de manera indivisible.

Básicamente, para la Justicia “cualquier persona que se vea afectada de forma personal, individual, por el incendio provocado en las islas, podrá beneficiarse de los efectos de la sentencia demostrando los daños concretos que ha sufrido con motivo de esos hechos ya probados”, sintetizó De Bueno.

Afectados por el fuego
Para tratar de encauzar judicialmente los incendios en las islas, la UNR lanzó dos iniciativas: una para brindar asistencia médica a personas afectadas por el humo y otra jurídica para que las personas víctimas de las quemas puedan contar con asesoramiento jurídico gratuito a cargo de los abogados que integran el mencionado Observatorio. Esta es la acción que invocó Silvia Salas y que hoy está produciendo un hecho inédito en la justicia santafesina.

Desde que se puso en marcha este dispositivo en julio del 2020 se recibieron más de 125 peticiones de asesoramiento jurídico gratuito, de las cuales 25 se convirtieron en demandas judiciales, expectantes de los resultados de la acción invocada por la docente Silvia Salas.

Más allá de esto, la demanda que lidera la maestra se mantiene firme y camina a paso lento en medio de la pandemia. “Es una acción muy importante porque en definitiva va a ser la prueba para todos los que pretendan accionar con posterioridad”, aseguró Matías De Bueno.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigencia en agosto de 2015 y se constituye en una poderosa herramienta judicial que reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, y este caso podría constituirse en un hecho histórico para los tribunales santafesinos, ya que sería “el primero en utilizar este canal legal para ejercer los reclamos por daños individuales producidos a través del daño ambiental, argumentó el abogado.