El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, todavía no recibió los varios cuerpos del expediente del concurso preventivo de la firma Vicentin SAIC, pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió devolverle la tramitación tras el avocamiento dispuesto a mediados de año.

De la decisión se anoticiaron en la semana los integrantes de la Comisión del Seguimiento del caso Vicentin constituida en la Cámara de Diputados de la Provincia. El presidente, Luis Rubeo, solicitó una nueva entrevista con el magistrado y éste les respondió que aún no fue notificado por la Corte de la decisión adoptada el pasado 29 de noviembre. En el medio, el abogado de la concursada interpuso un recurso de aclaratoria ante la propia Corte para que resuelva un tema omitido en esa resolución que es el pago de las costas del expediente del rechazo al avocamiento. "Solicito que se aclare la situación con relación a las costas de este expediente, disponiendo su imposición a la parte vencida (Commodities S.A.), por el principio objetivo de la derrota" dice la nota ingresada por Maximiliano Toricelli, abogado de Vicentin en el concurso.

En el largo fin de semana que se transita no hubo movimientos en el expediente y en caso de que la decisión de la Corte santafesina no sea apelada por Commodities, estiman que el expediente recién volvería a Reconquista en la segunda quincena de diciembre por lo que la actividad en el concurso se retomaría recién tras la feria de febrero.

El pasado 4 de diciembre se cumplieron tres años de la cesación de pagos anunciada por Vicentin. La fecha fue utilizada por la Comisión de Diputados para presentar el informe sobre lo actuado en 2022 así como documentos generados por el grupo. Sólo cuatro de los integrantes del grupo se hicieron presentes en Reconquista. Además de Rubeo estuvieron Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y María Laura Corgniali (PS).

"A tres años de la cesación de pagos de parte del grupo Vicentín, esta Comisión de Seguimiento ratifica la vigencia de los tres ejes que dieron origen a la misma: defensa de los puestos de trabajo; presencia nacional en el comercio exterior de granos y recuperación del dinero fugado entre agosto de 2019 y enero de 2020" resumió Rubeo. Acotó que la Comisión "seguirá bregando por la continuidad de la empresa y por la resolución de todas las causas judiciales iniciadas tanto en los fueros provinciales como federales".

La Comisión legislativa surgió tras el informe presentado por el entonces vice presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, sobre los créditos otorgados a Vicentin por la gestión que condujo Javier González Fraga durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy Banco Nación es uno de los principales acreedores y ha hecho saber que no está de acuerdo con el entendimiento alcanzado por Vicentin con el 61% de los acreedores. Es más, en la entidad oficial se dice optar por un crown down, salida rechazada por otro actores especialmente ligados a la fallida. La postura contraria a ese tipo de salvataje fue llevada al recinto de la Legislatura por representantes norteños. Primero lo hizo la diputada radical Marlen Espíndola y luego el senador por General Obligado, Orfilio Marcón.

"Algunos pocos acreedores granarios han realizado acciones que tienden a frustrar la solución concursal a través del acuerdo que obtuvo las mayorías legales. Pretenden que no se homologue y buscan que se decrete el crown down. Ante esta situación, categóricamente debo afirmar que con esa pretensión vamos en forma directa a la quiebra de la empresa" afirmó Marcón en el recinto del Senado en la último sesión. Después se explayó de por qué no a esa salida. "Antes de ingresar hay que tener certeza de que se puede salir; además, hay que tener certeza de que la operación de la empresa no se detiene mientras dure el proceso. Sin homologación no hay continuidad de los fazones. Quien garantizaría que los 7000 puestos de trabajo puedan seguir trabajando? No hemos escuchado ninguna respuesta a esa pregunta" acotó allí.

La mayoría de los contratos de fazón que tiene Vicentin vencen a fin de año y le han permitido a la fallida pagar los sueldos de los trabajadores y las respectivas cargas sociales.

Informe
El trabajo presentado en Reconquista por la Comisión de la Cámara de Diputados tiene 38 páginas donde se incluye una serie de documentos de trabajo elaborados por los porpios legisladores y otros actores de este millonario concurso. En la próxima reunión del pleno de Diputados será ingresado el expediente para conocimiento de todos los integrantes y para que forme parte del archivo legislativo.

Contempla, por ejemplo, la propuesta de plan de desarrollo presentada por la firma concursada el 8 de marzo de 2022; la opinión de la sindicatura sobre el salvataje o crown down; la suspensión del concurso dispuesta el 21 de junio por el juez civil y comercial número 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, atento el pedido de la Corte del 16 de junio; un informe de la auditora internacional KPMG de mes de julio; así como toda la audiencia pública celebrada el 24 de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados.

Acota un escrito del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre de agosto; un informe de auditoría sobre el caso Renova y Emulgrain; la entrevista de la comisión de Diputados con el directorio del Banco Nación del 7 de noviembre y una serie de anexos judiciales.

Aclaratoria sobre costas
Uno de los abogados de Vicentin en el concurso, Maximiliano Toricelli, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un recurso de aclaratoria contra la resolución del propio cuerpo del 29 de noviembre para que se aclare sobre la imposición de costas en ese expediente.

"El motivo de la aclaratoria es que V.E. omite resolver la cuestión de las costas respecto del rechazo de la solicitud de avocamiento" señala el escrito que no ha sido aún resuelto, según pudo saber El Litoral. "Solicito que se aclare la situación con relación a las costas de este expediente, disponiendo su imposición a la parte vencida (Commodities S.A.), por el principio objetivo de la derrota", acota.

El letrado señala luego que "no puede obviarse que, como bien lo dijo la Corte Suprema en su fallo, no existe antecedente alguno, ni legal ni jurisprudencial que avale el planteo que se formuló. Además, hubo sustanciación, y V.E. decidió finalmente no hacer lugar al pedido. No hay ninguna razón entonces que permita apartarse del principio general que rige en materia de costas".

También hace notar que "quien efectuó la solicitud tiene una notable carencia de legitimación activa, y ocultó esa condición tanto a este tribunal como a otros tribunales actuantes".