Una niña de 12 años que pidió abortar luego de denunciar que sufrió reiterados abusos por parte de su padre, permaneció desaparecida durante más de 24 horas, tras no presentarse al Hospital Iturraspe para la interrupción voluntaria del embarazo. Tras un requerimiento fiscal, desde Grávida -una organización provida católica- confirmaron que la menor y su madre estaban en la sede que tienen en el centro de Santa Fe.

La Secretaría de la Niñez se presentó junto a la policía en “Casa Hermanas de Betania”, ubicada en 9 de Julio al 2600, pero les dijeron que la nena y su madre no se encontraban allí. Finalmente aparecieron, y tras un operativo para retirar a la menor del lugar, pudo ser trasladada a un efector de salud acompañada por la Secretaría.

La interrupción del embarazo había sido solicitada por la niña y respaldada por su madre. Al momento de radicar la denuncia por abuso sexual, la mujer señaló que se enteraron del embarazo al asistir a un Centro de Salud, y que fue a raíz de esto que su hija pudo contarle que había sido sometida por su padre, Gustavo Miguel A., en varias ocasiones. Como son oriundas de Garibaldi, una comuna ubicada a 122 kilómetros de la capital provincial, la causa fue enviada a la fiscalía de San Jorge.

Al conocer sus opciones, la nena de 12 años manifestó a los profesionales de la salud que no quería continuar con el embarazo. Desde mediados de 2022 tanto la niña como su madre eran acompañadas por equipos del Ministerio de Género, ya que la mujer era víctima de violencia de género. La última semana del año les gestionaron el turno para la IVE, agendada para este lunes 2 de enero en el Hospital Iturraspe.

El último contacto que mantuvieron con el Estado y el equipo del nosocomio fue el viernes. Cuando no se presentaron y no se logró contactarlas, se solicitó a la Unidad Gefas de Santa Fe que interviniera. La fiscal Alejandra Del Río Ayala confirmó que Gustavo Miguel A. fue detenido ese mismo día, y se encargó de realizar las medidas para encontrar a la víctima.

Medida excepcional
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social, de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad señalaron a través de un comunicado que la niña y su madre “permanecían bajo el sistema de monitoreo y acompañamiento del Estado”. Además de gestionarles el turno, se les pagó un remis para que asistieran al mismo.

“En el marco legal correspondiente y con el consentimiento firmado por la madre y la niña, iba a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho otorgado por la Ley Nacional 27.610”. Sin embargo esto se vio obstaculizado por la intervención de la asociación civil Grávida, que “antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido, y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”.

Finalmente, desde la Secretaría se impulsó una medida de protección excepcional transitoria para “resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos”.