Cuando el Estado se declara impotente en la “guerra contra el narco”, uno lo imagina como un problema de criminalidad y violencia urbana con guarismos de homicidios e inseguridad, nunca como un tema vinculado a la salud pública. Esa “impotencia” declarada, podría ser creíble si no fuese que el propio Estado es quien promueve e incentiva un sistema social y cultural que hace, de las adicciones, una consecuencia mágica de un fenómeno paranormal.

Este trabajo periodístico realizado por Mirador Provincial, que iremos entregando en sucesivos informes, no tiene mayor mérito que el de haber caminado la calle y recuperar capacidad de asombro allí donde el escepticismo se impone y naturaliza la tragedia.

Los poderes del Estado y los gobiernos que, eventualmente, se encuentran conduciendo las instituciones pueden dejar, fácilmente, dejar de ser el problema para ser la solución. Las herramientas están y se encuentran en una ley de fácil implementación.

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La automedicación pos pandemia: el narco de los medicamentos

En 2013, se sancionó, en el Congreso, la ley 26.906 que fijó un “Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso” texto que establece el el conjunto de procedimientos para conocer todo el recorrido de un producto desde su fabricación y su distribución hasta su venta. Este tiene como finalidad conocer todo el recorrido de los medicamentos para asegurar su control y evitar que circulen medicamentos ilegítimos.

Con la sola inspección y seguimiento de los medicamentos que circulan, por cientos de miles, en el mercado negro, sería fácilmente detectable el origen y recorrido de las drogas, desde el laboratorio hasta la boca del consumidor.

Esto que realizamos, como medio de comunicación, podría ser ejecutado fácilmente por los organismos de control sanitario e, incluso, por la Administración Federal de Ingresos Públicos ya que la evasión que implica este enorme mercado sería detectable de existir la voluntad política de investigar, principalmente, droguerías y laboratorios que son los “mayoristas” de productos que, a diferencia de otros mercados, cuentan con una identificación individual de lotes y partidas, siendo su venta minorista exclusiva potestad de farmacias habilitadas a tal efecto.

A medida que los informes se sucedan, iremos desandando el camino de las responsabilidades que atañen al sector público y privado de la salud están claramente identificados y los intereses políticos y económicos claramente individualizados.