Desde el inicio de 2023 el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Comercio Interior, viene acelerando los dictámenes. El objetivo es “promover una nueva cultura en las relaciones comerciales y de consumo”.
El gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios ya dictó, en lo que va del año, sanciones por más de 21 millones de pesos a 12 proveedores que incumplieron con distintas normativas de carácter comercial, con el objetivo de promover buenas prácticas comerciales, el cumplimiento de la ley y la protección de los intereses de usuarios y consumidores.
Se trata de infracciones contra los derechos básicos del consumidor, como el de información veraz, publicidad y exhibición de precios. También, se penalizó por el no cumplimiento de las regulaciones comerciales respecto a métodos de pago y diferencias de precio entre la góndola y la caja; y se procedió a la primera sanción a una empresa de venta directa.
Para el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, la vocación de los organismos estatales “es el cumplimiento de las normativas vigentes, la promoción de la actividad económica en general y particularmente del sector comercio y servicios, brindar herramientas para potenciar al máximo los rubros comerciales, pero siempre con la premisa de facilitar herramientas para el acceso y la defensa de los derechos del consumidor, cuando los comercios o proveedores no cumplen con la ley”, explicó.
Además, Aviano fundamentó: “La premisa del gobernador Perotti y de nuestro ministro (de Producción, Daniel) Costamagna, es alentar las inversiones, acompañar a los que producen y a los que trabajan. El comercio es una parte importante en la producción y todos los que trabajamos integramos cada familia consumidora santafesina. Podemos velar para que haya más actividad comercial, y debemos hacerlo dentro de las normas y el buen trato. Por eso, desde inicios de 2023 intensificamos las inspecciones y sanciones. Hasta el momento efectuamos alrededor de 58 fiscalizaciones, a lo que se le suman las 1.138 realizadas en 2022. Además, imputamos a 77 proveedores”, detalló el funcionario.
“Queremos controlar, pero no para multar. Queremos trabajar por una nueva cultura comercial y de consumo, donde entendamos que lo mejor es cumplir con la ley y que tanto consumidores como comerciantes debemos estar informados para ejercer mejor nuestro rol”, enfatizó Aviano.
En ese sentido, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, dijo que “cuando un consumidor hace un reclamo y exige un control, actuamos desde dos esferas: por un lado, trabajamos sobre la resolución del mismo; y por otro delineamos una inspección para verificar. A partir de allí actuamos tratando de corregir situaciones. Si no hay cambio de actitud del comercio, procedemos a la sanción”.
Autoridad de aplicación
Las multas aplicadas en los primeros días del año corresponden a firmas de Santa Fe o con domicilio legal en otras jurisdicciones, pero que más allá de eso, “incumplieron con normas nacionales de las cuales la Provincia es autoridad de aplicación, o propias leyes o programas provinciales, como ser la Ley de Venta Directa Nº 13.905; o el Programa Billetera Santa Fe, donde en ambos casos se trata de normativas de cumplimiento obligatorio para quienes están alcanzados”, precisó Aviano.
Además, recordó que “la ley de Venta Directa exige la inscripción de empresas que utilizan como único medio de comercialización a los revendedores independientes. En tal caso, para ofrecer sus productos en Santa Fe, deben cumplir una serie de requisitos. Fue este Poder Ejecutivo quien en 2021 reglamentó la norma, y hoy luego de un plazo muy flexible para que las firmas se inscriban y cumplan con la ley, ya estamos en fase de ir sancionando a quienes no la estén cumpliendo. En este caso estamos sancionando a la primera, en el marco de una serie de imputaciones que hemos formulado a una decena de empresas con actuación en todo el país, algunas de ellas de capitales extranjeros”.
Por su parte, Albrecht planteó: “Con los temas de estafas bancarias o incumplimientos de información y respuesta, por ejemplo, estamos siendo innovadores colocando a los prestadores de servicios financieros como responsables por lo ocurrido, y también siendo muy insistentes con los métodos de pago: toda compra debe respetar el precio si es contado efectivo, débito, crédito en un pago o billeteras virtuales”.
Por último, las autoridades provinciales adelantaron que en los próximos días se comenzarán a dictar las primeras sanciones a empresas alcanzadas por el Programa Nacional “Precios Justos”, cuyas firmas radicadas en Santa Fe deben cumplimentar con la disponibilidad de productos y demás requisitos de precio, cartelería e información sobre los rubros alimentos, bebidas, carnes, artículos escolares y librería, entre otros.
Para ello, el gobierno provincial ya cuenta con el convenio homologado con la Secretaría de Comercio de la Nación para poder sancionar en la jurisdicción provincial las infracciones a este programa nacional y, según los funcionarios, “ya existen tres imputaciones efectuadas en el mismo acto de inspección por incumplir con el stock”.
