La Cámara Alta respondió con un tratamiento inmediato a la habilitación legislativa en extraordinarias por parte del Ejecutivo, con la inseguridad como eje. Con apenas unos días en su poder, sobre tablas y por unanimidad produjo dos medias sanciones relevantes. En un caso completó la sanción de una ley venida de Diputados (que esperaba tratamiento desde julio del año pasado) e implica una reforma de fondo al Código Procesal Penal y vuelve al cuerpo joven en revisión. En el otro, se trata de una política pública elemental para hacer frente al robo de caudalímetros de agua, piezas de las instalaciones domiciliarias de gas y cables del tendido eléctrico. Incluso de los picaportes antiguos de las viviendas y de las placas conmemorativas en parques y plazas.

Es por fin ley la creación de un registro obligatorio para quienes se dediquen al acopio y la comercialización de infraestructura eléctrica, de conducción de gas y de agua potable, al crear un registro de acopiadores de bronce y cobre. Al proyecto de la diputada socialista Lionella Cattalini y su par justicialista Oscar Martínez (FR-100% Santafesino) no se le tocó una coma: estaba esperando que se complete su sanción desde el 9 de junio de 2022 y ahora, ante el pedido del gobernador, en un contexto de urgencias por la inseguridad, se aprobó sin dilaciones.

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En otro asunto, bastante más espinoso, vuelve a instalarse el debate en la Legislatura entre una Cámara que buscar reformas para facilitar e incluso obligar a los jueces a dictar la prisión preventiva, mientras la otra observa con preocupación la posible afectación de las garantías individuales en una norma de este tipo. Unos acusan a otros de "punitivistas" y viceversa de "garantistas". En medio, la población y los problemas de inseguridad.

De fondo
Toda reforma al Código Procesal Penal implica un debate de fondo, que la Cámara alta retomó casi desde el mismo momento en que llegó la habilitación de la Casa Gris, para tratar una media sanción de Diputados. Del tema se habló en la Junta de Seguridad y fue parte de los pedidos que formularon las asociaciones de víctimas. Seguramente, teniendo en cuenta esas voces, los jefes de todos los bloques de senadores acordaron un veloz tratamiento y unas reformas profundas al texto que ya había aprobado la otra Cámara en julio del año pasado.

Si Diputados completa la media sanción del Senado, los jueces deberán dictar la prisión preventiva cuando en "el hecho investigado se haya utilizado arma de fuego sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición, o en caso de portación o tenencia ilegitima de armas de fuego".

Lisandro Enrico (UCR-General López) explicó las reformas a la norma con media sanción de Diputados y la devolución del texto a esa Cámara de un modo sencillo: dijo que de completar la norma tal como vino, no habría mayores cambios en los procedimientos penales.

El jefe de la bancada del radicalismo recordó que antes de la media sanción de ese proyecto en Diputados, el gobernador había enviado otro que no prosperó. En su lugar, "la otra Cámara sancionó otro, bastante más liviano", graficó Enrico. Explicó que el que hoy sancionaron por unanimidad los senadores se le parece.

"No me vengan con los fantasmas de la inconstitucionalidad, son las normas que nos piden los vecinos que sufren la inseguridad: hoy Rosario vive el nivel de desempleo más bajo en los últimos 25 años y la violencia no tiene límites", advirtió.

"Queremos marcar un límite. Quien usa armas de fuego sin el debido permiso va preso", es una política pública de seguridad. Y lo mismo para quienes han gozado de los beneficios de las excarcelaciones y recaen en el delito: una traba a la puerta giratoria.

Enrico reflexionó sobre la actual prioridad que tiene en el fuero penal preservar el proceso, cuidar las pruebas, "una testimonial parece valer más que la vida de la gente", comparó. Pidió más atención respecto de los efectos concretos que tienen en la calle las decisiones en los estrados.

Frases fuertes
"Este momento en Santa Fe no es para tibios; si algún fiscal o algún juez tiene miedo, que piense en hacer otra cosa", dijo Enrico que en los últimos meses fue amenazado de muerte en tres ocasiones: "la última vez a este celular, por un preso", expresó en su banca, con el dispositivo en su mano.

Las duras expresiones del radical fueron replicadas por otras igualmente dramáticas de los bloques del justicialismo. "Si el derecho no atiende la realidad del tiempo en que debe ser aplicado, no sirve", resumió Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio), y para que no queden dudas expresó: "en el Senado estamos muy lejos de las posiciones zaffaronianas". De inmediato, Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) que tiene una vocación natural por ser contemplativo con las demás opiniones o posiciones políticas, también se volcó a una afirmación similar: "Los santafesinos vivimos tiempos difíciles y hay que tomar decisiones difíciles, aunque nos parezcan escabrosas", disparó. Advirtió que lo que vive Rosario "puede mutar a otras localidades" y felicitó a sus pares por el pronto acuerdo para "votar a favor del pensamiento de la enorme mayoría de los santafesinos y las santafesinas". Pidió a los dirigentes políticos "trabajo en conjunto" para darle respuestas a la sociedad.

Para evitar el robo de cobre y bronce

El Senado convirtió en ley el proyecto de la legisladora socialista para la creación del Registro de Acopiadores y Comercializadores de Materiales No Ferrosos. Esta instancia permitirá romper el circuito ilegal que existe alrededor del robo de cables controlando y penalizando a quienes se dediquen a su reducción y reventa clandestina.

El Senado santafesino sancionó la ley para la creación del "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales no ferrosos", que obtuviera media sanción de los diputados en junio del año pasado.

La autoría corresponde a la diputada socialista Lionella Cattalini y al diputado justicialista Oscar Martínez (FR-100% Santafesino).

Su objetivo es luchar contra la ola de robos de cables del sistema eléctrico y de otros elementos valiosos de la infraestructura de los servicios públicos en agua y gas, así como del mobiliario urbano en general, que sufre la provincia de Santa Fe.

Obligará a los vendedores y a los titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual a registrarse como parte de la cadena de comercialización de los "metales no ferrosos", es decir, de cobre y bronce principalmente. Los inscriptos en el registro deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.

"El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan. Cada vez son más los barrios que se quedan sin servicios de luz, cable, internet, y vecinos y vecinas que sufren los robos de picaportes, medidores de agua, de gas, porteros eléctricos, etc, debido al valor de estos materiales", explicó Cattalini a la vez que aseguró que "esta nueva herramienta con la que contará el gobierno provincial permitirá controlar y clausurar aquellos negocios que no puedan dar cuenta de el origen de esos materiales".

En el mismo sentido, la legisladora contó que " junto al diputado Oscar Martínez trabajamos este tema en audiencias públicas en las cuales participaron todos los actores que son damnificados en forma directa por el robo de cables y esto permitió entender que existía un vacío legal que diera cuenta de los establecimientos legales en contraposición a las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina de materiales no ferrosos".

El Registro incluirá a quienes estén vinculados a la comercialización e industrialización de estos metales: desarmaderos, chatarrerías y depósitos cualquiera fuera su denominación. Y a partir de esta ley el Estado provincial puede realizar la inspección, control y clausura de los establecimientos que no estén inscriptos y no informen sus actividades.

Brilloni

La Cámara Alta decidió invitar al ministro de Seguridad Claudio Brilloni para conocer sus opiniones sobre el proyecto de emergencia en esa materia, enviado por el gobernador Omar Perotti al Senado. Los bloques confirmaron su intención de dar la media sanción con un plazo mayor al 11 de diciembre, para que la próxima gestión tenga esa herramienta, y acordaron conversar con el funcionario que asumió hace algo más de un mes, el 8 de febrero.

De plástico

La empresa estatal Aguas Santafesinas SA optó por comprar diez mil medidores de plástico (sin piezas metálicas) para reponer los caudalímetros robados y para instalar en las nuevas conexiones domiciliarias, ante la ola de robos de esa infraestructura en la ciudad de Rosario.