El 85% de los asesinatos se producen con armas de fuego en Santa Fe. En la próxima sesión volverá a tratarse la reforma al Código Procesal Penal para endurecer las sanciones a los detenidos con armas que no puedan justificar su tenencia.
"Son preguntas sin respuestas porque no hay política de Estado" afirmó la diputada Mónica Peralta (Gen) tras la votación unánime de la Cámara Baja a un extenso pedido de informes ingresado en la semana y tratado sobre tablas. Antes de votarse el tema y en un inusual pedido, la legisladora solicitó que el texto de requerimientos ante la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (APVAF) y ante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sea leído por la secretaría parlamentaria.
Así en los diferentes ítems se requiere conocer el número total de armas de fuego registradas en la provincia de Santa Fe, con detalle desagregado sobre cuántas de ellas están en posesión de particulares y cuántas pertenecen a las fuerzas de seguridad; acciones concretas que han llevado a cabo las agencias en conjunto, además de si han realizado estrategias de trabajo mancomunadas con las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, el Ministerio Público de Acusación (MPA), las Unidades Regionales y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para combatir la circulación ilegal de armas de fuego.
También cómo funcionan los canales formales de registro, sistematización, trazabilidad, validación y análisis en lo que refiere a armas de fuego; detalle informes existentes y periódicos; si se cuenta con un sistema de intercambio y triangulación de información entre los diferentes actores competentes en la materia, y un detalle de cuántas armas han sido secuestradas en el marco de investigaciones judiciales y procedimientos policiales en la provincia entre los años 2020 y 2023, desagregando una serie de informes. Otro ítem solicita un detalle de cuántas armas reglamentarias han sido reportadas extraviadas, robadas o sustraídas entre los años 2020 y 2023.
La Cámara pide saber estado actual de la digitalización, sistematización y evaluación de las planillas de robos y extravíos de armas pertenecientes a personal policial y legítimos usuarios; haciendo énfasis en las sanciones aplicadas al personal policial; reglamentos y protocolos establecidos a partir del momento de incautación de armas, detallando especialmente el protocolo utilizado en caso de traslado de armas con pedido de secuestro. Tiempo promedio que transcurre desde la incautación de un arma hasta su destrucción efectiva y cómo ha evolucionado esto entre los años 2020 y 2023, desagregando especialmente el protocolo a partir de la detección de armas con pedido de secuestro.
Otro punto hace al inventarios de los materiales en depósitos, digitalización y control; instrucción a recursos humanos que entren en contacto con los materiales en los depósitos, desde la recepción y traslado hasta su posterior tratamiento; tratamiento de armas judicializadas; proceso de control y fiscalización de la venta de armas de fuego por parte de los comercios habilitados; denuncias sobre acopio, alquiler o venta ilegal de armas de fuego recibidas.
Sobre armerías hay varios puntos en el pedido de informes, entre ellos cuántas clausuras hubo en los últimos tres años. El último punto es un desagregado del presupuesto asignado para la lucha contra la violencia armada y el tráfico de armas de fuego.
Después, Peralta detalló lo que entienden sobre fallas en los controles y que generan pánico en la población con balaceras a escuelas, especialmente en Rosario.
Oscar Martínez (Frente Renovador) sumó su voto exigiendo un diálogo firme entre poderes para terminar con esta problemática que hiere a la sociedad. Destacó que el año pasado hubo 1.600 balaceras en la ciudad de Rosario y que en la provincia, el 85% de los asesinatos son con armas de fuego. "Al gobierno le pedimos que escuche" y recordó que el Ejecutivo convocó a la Junta de Seguridad cuando cobró trascendencia internacional el tema por las amenazas a la familia Messi. "De allí en más no hubo convocatoria", se quejó.
Luego, la socialista Lionella Cattalini también pidió definiciones al Poder Ejecutivo sobre la posible ley de emergencia en Seguridad Pública y el Servicio Penitenciario debido a los dictámenes diferentes entre ambas cámaras. La legisladora no dejó de marcar que "el gobierno parece resignado en esta temática", en referencia al paso del secretario del Sistema Penitenciario, el día anterior por la Cámara de Diputados.
Presentación ante el MPA
Los diputados Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y Claudia Balagué (PS) informaron sobre la presentación realizada ante la fiscalía en turno del MPA de la primera circunscripción para que se investiguen conductas que podrían delictivas y punibles del fiscal Aldo Gerosa, la sicóloga Ana Popelka, el fiscal regional Rubén Martinez y el senador por el Departamento General Obligado Orfilio Marcón.
Es en referencia al expediente tramitado en la Fiscalía Regional de la 4ta. circunscripción donde fue imputado Marcelo Galaz sobre delitos contra la integridad sexual y fuera víctima una menor de 16 años de abuso sexual. Los legisladores detallaron aspectos de la denuncia en conferencia de prensa y sobre el final de la sesión de Diputados, expuso largamente Palo Oliver. En tanto, Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) volvió a cuestionar los juicios abreviados, forma en que se cerró el expediente en cuestión en la última semana en el norte de la provincia.
Piden la suspensión del fiscal Gerosa
La diputada Erica Rut Hynes (PS) solicitó ante la Comisión de Acuerdos la suspensión preventiva temporal del fiscal de Reconquista, Aldo Héctor Gerosa, con una disminución del 50% del sueldo. La petición "es por el término que dure el presente procedimiento y hasta su total finalización, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe", reza la nota.
Hynes fue designada acusadora en el marco del procedimiento por el que se evalúa el desempeño del fiscal Gerosa en el marco de la actuación del caso Marcelo Galaz.
"Esta acusadora estima que la continuidad en el ejercicio de sus funciones y en el lugar de trabajo, pone en peligro el normal desarrollo de la investigación administrativa en trámite que podría verse entorpecida y obstaculizada por el accionar del fiscal", señala la nota.
Ayer, la Comisión de Acuerdos analizó el tema y tendría mayoría para emitir un dictamen y su presidenta, Lionella Cattalini, pedirá a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, la convocatoria a una sesión conjunta para votar la suspensión solicitada.
