En un fallo que no fue unánime, el tribunal federal N° 2, integrado por los jueces Otmar Paolucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte de Franco Casco, joven que estuvo detenido en la comisaría 7ª en octubre de 2014, desaparecido por 24 días, hasta que finalmente fue encontrado ahogado en aguas del río Paraná. Además, ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.

El veredicto causó conmoción afuera de la vieja y señorial casona donde funcionan los tribunales federales, sobre bulevar Oroño al 900, en el centro de Rosario. Familiares de la víctima mostraron su disconformidad tras la resolución judicial que fue leída por el presidente del Tribunal, que votó en disidencia. Los fundamentos se conocerán el 25 de septiembre.

El debate oral tuvo 70 audiencias y comenzó en diciembre de 2021, poco más de siete años después del hallazgo del cuerpo del joven.

Los acusados
A comienzos de mayo pasado, el fiscal federal Fernando Arrigo solicitó la pena de prisión perpetua para 14 policías: el entonces jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez, y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez, Fernando Blanco, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, Esteban Silva, Ramón Juárez, Romina Díaz y Franco Zórzoli. Todos fueron acusados como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”.

Además, a cuatro de ellos (Diego Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco) también se los acusó del delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”.

Otros dos agentes, Belkis González y Rodolfo Murúa, el fiscal solicitó 14 años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación por el mismo lapso de tiempo, como partícipes secundarios de los delitos. Mientras que los efectivos de Asuntos Internos Pablo Síscaro y Daniel Escobar, fueron acusados como coautores de encubrimiento agravado, por lo que el fiscal pidió una condena de 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación. También solicitó la absolución de Walter Ortiz.
Además, el vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Crespo, quien había sido imputado por el delito de falso testimonio, también fue absuelto.

Despliegue policial y tristeza
La lectura del fallo estaba prevista para el jueves de la semana pasada. Pero por pedido del Ministerio de Seguridad, se postergó para este martes ya que el personal policial iba a estar afectado a la cobertura de las elecciones primarias.

Este martes, desde muy temprano, la zona aledaña a los tribunales federales, ubicados sobre el coqueto bulevar Oroño, entre Rioja y San Luis, se llenó de uniformados. Un total de 300 agentes de distintas fuerzas, tanto provinciales como federales, formaron parte de un amplio operativo que incluyó el corte de calles, que seguirá hasta entrada la noche.

Luego de la lectura del fallo, que pudo seguirse a través de pantallas que fueron montadas sobre el cantero central del bulevar, Ramón Casco, padre del joven muerto hace casi 9 años, dijo que la decisión judicial es una prueba más de que "no hay justicia en este país".

Visiblemente dolido, remarcó: “Esto es una injusticia. Yo creía que iba a haber alguna condena. ¿A cuántos pibes han matado y quedaron impunes?”, se preguntó, para luego aclarar que seguirá luchando para que “Franco pueda descansar en paz".
Por su parte, Salvador Vera, abogado de la familia Casco, dijo estar muy impactado ya que la resolución del tribunal no era la que esperaban, entre otras cosas por “las audiencias, el análisis de la evidencia, y el propio parecer de los colegas de la defensa”.

“Quedaron todos absueltos por voto de mayoría y un voto en disidencia por el presidente del tribunal que consideró que existió la privación ilegal de la libertad seguida de muerte en relación a tres agentes”. Si bien dijo que esperarán los fundamentos del fallo para su análisis, adelantó que apelarán.

Desaparición y muerte
Según se reconstruyó durante el juicio, el 6 de octubre de 2014, Franco Casco, de 20 años, tenía previsto regresar desde Rosario hacia la localidad bonaerense de Florencio Varela cuando fue interceptado por policías de la comisaría 7ª de Rosario en terminal de ómnibus, ubicada en barrio Agote.

Tras su detención, fue llevado a un calabozo de la seccional ubicada en calle Cafferata al 300 (entre Catamarca y Tucumán) y testigos afirman que allí fue sometido a torturas.

La versión oficial indica que Casco fue liberado. Sin embargo, nunca volvió a tomar contacto con sus familiares (ni quienes vivían en Empalme Graneros, al noroeste de Rosario, ni en Florencio Varela).

Sus padres, Ramón Casco y Elsa Godoy, viajaron a Rosario y lo buscaron por todos lados. En la terminal de ómnibus averiguaron que su hijo había sido detenido por efectivos de la comisaría 7ª donde primero se lo negaron y luego reconocieron que Franco había pasado la noche detenido por resistencia a la autoridad, sin darle más datos.

Días después, el fiscal que investigaba el paradero del joven les mostró fotos de Franco visiblemente golpeado y un acta que decía que lo habían liberado.

Casi un mes después (el 30 de octubre, 24 días), y luego de varias movilizaciones exigiendo su aparición con vida, el cuerpo de Franco apareció flotando en el río Paraná.

La autopsia determinó que fue arrojado sin vida al río y que se inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. A mediados de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco.

Tres años después (octubre de 2017), el juez Vera Barros procesó a 30 policías (pertenecientes a la seccional 7ª y a Asuntos Internos), ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad en la muerte de Franco Casco y en la “intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.

Finalmente, este martes 18 de julio, a casi 9 años de la desaparición y muerte del joven, todos los policías involucrados fueron liberados.