Las explosiones, el sonido de ambulancias y bomberos eran algo lejano para los habitantes de Rosario. Aquí se habían visto sólo por TV los conflictos en Medio Oriente o el atentado en Bali (Indonesia). Era algo lejano y extraño. Hasta aquel 6 de agosto de 2013. En que se posaron los ojos del planeta en la ciudad del sureste de Santa Fe por la explosión de gas derivado de una fuga, que provocó la muerte de 22 personas y las heridas de 62. Un error humano en las instalaciones gasíferas del edificio de Salta 2141 derivó en una tragedia que, por su magnitud, alcanzó todos los confines del mundo.

Desde las 9.38 de aquel martes y por días esta cuadra vio pasar servicios de emergencia de todos los tipos. Acudieron dotaciones especializadas en accidentes de la ciudad y de localidades aledañas. Después del estruendo llegaron los primeros a auxiliar. Toda la zona quedó vallada y con acceso exclusivo a las personas capacitadas para ayudar.

Con el correr de las horas se difundió la cantidad de fallecidos. Primero fueron ocho. La lista se amplió con la labor de los bomberos hasta llegar a 22. Los últimos tres encontrados fueron divisados entre los escombros el lunes 12: Lydia D'Avolio, Luisina Contribunale y Santiago Laguia. Beatriz López murió el 8 de octubre en una sala de terapia intensiva de un sanatorio por las heridas sufridas aquel martes fatídico.

Los otros 18 fueron los siguientes: Teresa Babini, Federico Balseiro, Florencia Caterina, Eraselli Ceresole, María Esther Cuesta, María Emilia Elías, Maximiliano Fornarese, Débora Gianangelo, Carlos López, Estefanía Magaz, Adriana Mattaloni, Soledad Medina, Hugo Montefusco, Domingo Oliva, Juan Pennice, Roberto Perucchi, Ana Rizzo y Maximiliano Vesco.

Demolición
El edificio, que tenía tres cuerpos, fue demolido y también el contiguo de calle 2129. El inmueble vecino también fue afectado por la onda expansiva de la detonación. Durante meses la cuadra estuvo sin tránsito vehicular por las tareas de remoción. Para los cientos de vecinos de los dos edificios comenzó un proceso de adaptación a una vivienda nueva. El Estado relocalizó y otorgó ayudas económicas a todos los damnificados. Incluidos los comercios de Salta al 2100.

Posteriormente, comenzó un juicio que tuvo a 11 personas imputadas. En un fallo conocido el 2 de agosto de 2019, 10 de los imputados fueron absueltos y sólo fue condenado el gasista Osvaldo Carlos García, por estrago culposo agravado, a cuatro años de cárcel.

García fue la persona que manipuló la conexión de gas que derivó en la fuga y la explosión posterior. La decena de personas que no fueron penadas fueron Pablo Miño (ayudante del gasista), Norma Bauer (de la administración del consorcio), Mariela Calvillo (administradora del consorcio), Carlos Repupilli (de la administración del consorcio), José Luis Ayala (gasista que había intervenido en las instalaciones días antes de la detonación), Gerardo Bolaño (personal de Litoral Gas), Luis Curaba (personal de Litoral Gas) y Guillermo Oller (personal de Litoral Gas), Viviana Leegstra (gerente técnica de Litoral Gas) y Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas).

Después del estruendo llegaron los primeros a auxiliar. Toda la zona quedó vallada y con acceso exclusivo a las personas capacitadas para ayudar.