Hasta hace poco menos de dos años, el nombre del financista Luis Alberto Herrera era conocido solamente en el mundillo de las finanzas. Pero a mediados de 2021 se conoció una mega causa que lo tenía como principal responsable.

En el marco de la investigación se develó que sus maniobras habían comenzado con el siglo y que la estafa supera los 6 millones de dólares. Se pidió su detención -al igual que la de sus 2 hijos y esposa- pero logró seguir libre pagando una fianza de 3 millones de billetes estadounidenses.

En junio pasado se difundió que el área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos investiga al menos 200 denuncias más que lo tienen como principal acusado de defraudación, por una cifra que se presume es millonaria.

Herrera fue director de la agencia de bolsa Fernández Soljan, y también fue en un momento titular del mercado de término Rofex (mercado de futuros de commodities, monedas y activos financieros). Su capacidad financiera hizo que ahorristas le confiaran importantes sumas de dinero, muchos de ellos producto de ahorros de prácticamente toda la vida.

Explicación y pedido por video

El fiscal Miguel Moreno, que trabaja en el área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, contó a través de un video emitido en el canal de Youtube de la Fiscalía Regional Rosario (https://youtu.be/5AxalBSsIJc?si=SzhPOA_X8NPo15n9) que existen al menos unas 200 denuncias más, pidió que las personas que hayan sido víctimas de la mecánica que desplegaba Herrera pueden realizar la denuncia, junto a un abogado en un Centro Territorial de Denuncia o vía web en la página del Ministerio Público de la Acusación (mpa.santafe.gov.ar/iris/). También solicitó paciencia a las personas perjudicadas por el financista, ya que se siguen procesando los casos “debido a la gran cantidad de personas que se presentaron a realizar denuncias”.

En el video, el fiscal recordó que la causa se inició en diciembre de 2021, cuando se allanaron las oficinas del financista y que la documentación secuestrada en ese momento demandó un trabajo de casi 11 meses. Luego de procesar todo, se solicitó la prisión preventiva de Herrera, sus dos hijos y esposa, lo que fue rechazado en primera y segunda instancia.

Y tras mencionar que en noviembre del año pasado, en el marco de una audiencia, se les atribuyó a Herrera, dos de sus hijos y su esposa los delitos de estafa, administración fraudulenta, lavado de activos y asociación ilícita, por 65 delitos que implicaron 85 hechos delictivos, el fiscal Moreno comentó que ingresaron cerca de 200 denuncias más relacionadas con el financista.

“Obviamente nos lleva un tiempo importante su procesamiento y la comprobación de los extremos que éstas contienen como para probabilizar los hechos delictivos que se denuncian en ello, eso va a ser que las próximas imputaciones no van a ser en lo inmediato y lo vamos a hacer por tanda de 60 o 70 denuncias, para poder hacer las audiencias de una duración razonable”.

Además, en relación a las denuncias que no han llegado a la etapa de imputación, dijo que la Fiscalía se comunicará a través de grupos de WhatsApp o correos electrónicos para ir actualizando la información a medida que se avance en la investigación y se llegue al punto de poder imputar.

La punta de un ovillo muy largo

Una primera denuncia presentada en 2021 hizo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) tomara cartas en el asunto y decidiera, luego de una larga investigación, suspender la agencia de bolsa Fernández Soljan SA. Y a comienzos de noviembre de ese año, el juez civil y comercial de Rosario, Pedro Boasso, dictó la inhibición general de bienes de Herrera, haciendo lugar a una denuncia presentada por abogados de un grupo de inversores.

La denuncia fue por estafa, por una cifra cercana a los 30 millones de dólares, según se dijo en ese momento.

Según se desprende de las actividades de bolsa, Herrera tomaba el dinero de los inversores (dólares) y los colocaba en el mercado de futuros ofreciendo tasas de interés mayores a la usual. Pero en un momento, el financista dejó de devolver los dólares a los ahorristas, que terminaron por denunciarlo.

Antes de la finalización del 2021, por orden del fiscal Miguel Moreno, de la división Delitos Económicos de la Agencia de Delitos Complejos en el Ministerio Público Fiscal, fueron allanadas las oficinas del financista, ubicadas en Rioja al 1400, en pleno centro de Rosario. El operativo tuvo como objetivo buscar documentación, computadoras y teléfonos.

Tras una larga investigación, en noviembre de 2022 -en el marco de una audiencia imputativa- se conoció que el financista comenzó a realizar “maniobras irregulares que mutaron a estafa” a mediados de 2017, cuando los fondos fueron desviados dando origen a un sistema de estafa piramidal: ofrecía una rentabilidad del 12% anual, porcentaje inusitadamente alto, refirió en su momento el fiscal Moreno.

Las maniobras de administración fraudulenta comenzaron con el inicio del tercer milenio, y en 2017 mutó a esa estafa piramidal, cometiendo al menos 87 defraudaciones por una suma cercana a los 6 millones de dólares.

Para el fiscal, los integrantes de la familia Herrera, “valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen y operatividad en el tiempo, desplegaron una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”.

Engaño

“Convencía a las víctimas de que harían inversiones como si fuera en un fondo común de inversión de renta fija, pero lo que hacían era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria, las normas relativas al funcionamiento de las entidades financieras y su supervisión y las normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores como ente de control de mercado de capitales”, agregó Moreno.

“Este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran aplicadas a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos”, sostuvo.

“La maniobra se sostuvo en el tiempo, al menos desde el 2000 hasta la actualidad. Durante ese período, fue sostenida, manteniendo la confianza de los inversores, utilizando la imagen de empresa confiable, de la emisión y comunicación de supuestos resúmenes de cuenta de inversiones y de la entrega aleatoria de sumas de dinero a requerimiento de los inversores y de maniobras de persuasión por medio de las cuales se lograba que los ahorristas vuelvan a invertir los fondos confiados a partir de la promesa de la obtención de ganancias, evitando de esta manera que le requiriese la entrega de esos fondos”, reveló el fiscal.

Y fue a partir de 2021, luego de una pérdida de confianza que comenzó a generalizarse entre los inversores, que éstos “empezaron a solicitar la devolución de los fondos que cada uno de ellos asumían que tenían en su cuenta, según indican los propios resúmenes emitidos y aportados por la firma. Como respuesta a la petición de los inversores, los imputados comenzaron a manifestar excusas dilatorias que se fueron extendiendo en el tiempo y que tuvieron por efecto la pérdida de confianza, y el origen de nuevos reclamos”, contó en su momento el fiscal, en el marco de la imputación.

Familia acusada

Además de Luis Alberto Herrera, también fueron acusados, por estafa y administración fraudulenta, sus hijos Ignacio y Diego, y su esposa Marcela Fernández. También se les sumaron los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía pidió la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años) para el financista y sus hijos, pero todos lograron salir tras pagar una fianza de 3 millones de dólares.

También se les dictó el impedimento de todo tipo de contacto y acercamiento y por cualquier medio con los denunciantes; firma quincenal ante la OGJ (oficina de gestión judicial); prohibición de salir del país y entrega de pasaportes.