En un juicio abreviado, ambos acordaron cumplir la pena de un año y seis meses de prisión condicional. Quedaron involucrados en una compleja trama urdida entre penitenciarios e internos y sus familiares, para la venta de drogas en la cárcel de Paraná. No se probó que ambos tengan relación con la comercialización de estupefacientes.
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, que subrogó a su par Juan Carlín, dará a conocer el martes 24 de octubre a las 11, su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Santiago Alfieri Porqueres; y los defensores de los imputados Roberto Ariel Rodríguez y Juan Manuel Oliva –ambos enfermeros suboficiales del Servicio Penitenciario de la provincia–, Boris Cohen, y Constanza Bonazzola y Juan Pablo Temón, respectivamente.
Rodríguez, de 40 años, y Oliva, de 41 años, fueron imputados a partir de la denuncia que realizó la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, Cecilia Bértora, quien denunció la posible comercializaron estupefacientes en la Unidad Penal y distintos delitos cometidos con dispositivos de telefonía celular y almacenamiento, que eran ingresados y mantenidos en forma clandestina en la Unidad Penal.
Acordaron cumplir la pena de un año y seis meses de prisión condicional, más la inhabilitación especial por tres años y la observación de normas de conducta, por dos años, cada uno.
En hechos individuales, Fiscalía entendió que Rodríguez y Oliva, en calidad de autores, “sin poder precisar desde cuándo, pero hasta el 25 de octubre de 2022, en circunstancias de prestar servicio en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, el suboficial Roberto Ariel Rodríguez a cambio de dinero, ingresó a la unidad penitenciaria teléfonos y otros elementos de valor, coordinando con internos de la Unidad Penal y/o con familiares de ellos; articulando pagos en efectivo, incumpliendo con ello los deberes que le incumben como Agente Penitenciario de Entre Ríos, en los términos de los artículo 14 y 15 de la Ley Provincial Nº 5.797 - Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.
En la audiencia, el fiscal señaló que la investigación está abierta respecto de las responsabilidades que le podrían corresponder a internos que están investigados por la presunta comercialización de estupefacientes en la Unidad Penal de Paraná.
