Hace 5 años que litigan en tribunales y la Corte Suprema de Santa Fe falló en contra. Podrían apelar ante el máximo tribunal nacional, pero prefieren no hacerlo porque consideran que -a partir de la jurisprudencia generada- si su situación se replica en otras localidades, la solución llegará antes.
Alrededor de 20 productores agropecuarios del periurbano de Sastre, ciudad cabecera del departamento San Martín, impedidos de trabajar sus tierras por una prohibición para el uso de productos fitosanitarios, apuestan a la expansión del conflicto a toda la provincia como camino más corto para recuperar la potestad productiva sobre sus bienes.
"Nosotros ya decidimos no seguir apelando, preferimos que quede firme; no sé qué va a hacer la municipalidad, pero preferimos que no apele", declaró Daniel Bernard, tras conocerse la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que dejó firme el fallo de primera instancia del juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, que prohíbe la aplicación de agroquímicos en un perímetro de 1.000 metros desde el límite del casco urbano.
El litigio se inició en 2018 entre un grupo de vecinos autoconvocados, productores y las autoridades locales, a partir de un amparo colectivo por inconstitucionalidad sobre un artículo de la ordenanza que en ese entonces (desde 2019 hay otra) regulaba las pulverizaciones periurbanas. Luego de varias idas y vueltas judiciales, tras la prohibición que dictaminó el juez rafaelino, el municipio y los productores llevaron el reclamo hasta el máximo tribunal, que falló en contra.
"No sabemos más qué hacer para revertirlo; tendríamos que ir a la Corte Suprema de la Nación; no tenemos medios y tampoco podríamos esperar 9 años para que haya un fallo… ya sería tarde", continuó su argumento Bernard, uno de los propietarios de las 1.742 hectáreas de suelos Clase I (las mejores tierras agrícolas del país) que quedaron dentro del anillo de la prohibición. "Hace 5 años que estamos en esta situación, hay gente que está desesperada", aseguró.
Teniendo en cuenta que el fallo del máximo tribunal sienta una jurisprudencia por la cual obtendrían rápida sentencia favorable este tipo de demandas, y sabiendo que hay organizaciones ambientalistas que militan la prohibición de los fitosanitarios en 1.000 metros a la redonda de pueblos y ciudades, los productores esperan que esto se replique lo más rápido posible en la mayor cantidad de localidades. La crisis que provocaría -dicen- obligaría a rever la medida; y en un plazo más corto que si siguieran apelando.
"Al sentar jurisprudencia, en las 325 localidades de la provincia de Santa Fe, en un lapso muy corto -porque ya sentó un precedente-, va a haber 1.000 metros (de prohibición) alrededor de todos los pueblos y entonces ahí sí va a ser muy complicado en muchos lugares, porque va a afectar a muchas empresas y demás", argumentó Bernard.
Los productores de Sastre consideran que, a diferencia de otras localidades donde también se generaron conflictos en los que se proponía como solución los 1.000 metros de veda, en su localidad lograron sancionar la prohibición porque no hay empresas que puedan perjudicarse y, por ejemplo, verse obligadas a despedir empleados. Ese costo social y económico, suponen, a partir de ahora podría producirse en decenas o cientos de pueblos, obligando a las autoridades a laudar con más equidad.
