Casi una decena de entidades ruralistas de Santa Fe criticaron duramente la decisión del IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Bovina Argentina) de elevar el arancel obligatorio que deben pagar los ganaderos por cada animal enviado a faena y solicitan, entre otras acciones, que se modifique la legislación vigente para que se elimine la obligatoriedad de tal contribución.
La reacción surge tras la entrada en vigencia, a partir del 1° de enero, de un incremento del 23,4% por el que se elevó de 6 a 4 el aporte que pagaban los productores por cada bovino enviado al frigorífico. Mientras que, en comparación con los 1,20 de enero de 2023, el incremento anual alcanza un 650%. En tanto, el arancel para las industrias pasó de 4 en diciembre a los actuales 5 (un año atrás eran ).
En comunicado, la Sociedad Rural de Reconquista, con la adhesión de sus pares de San Justo, Vera,Romang,Calchaquí y la AAPeI (Asociación de Productores Primarios e Industriales del Norte del Departamento General Obligado), plantea la “falta de empatía” del Instituto, respecto de los productores ganaderos que vienen sufriendo los efectos del clima. “Este sector está saliendo de la sequía más devastadora de la historia y entrando a un fenómeno de niño que nos posiciona en una coyuntura de continuas pérdidas productivas”, advierten.
A su vez, dispararon munición gruesa contra el IPCVA e incluso contra los representantes de los productores en el mismo. Primero, manifestaron la total oposición a sostener casi en soledad “el peso de un instituto con una estructura cuantiosa y gastos faraónicos para cumplir con objetivos y misiones en el exterior que nunca estuvieron del todo claras”. Luego, añaden: “la dirigencia agropecuaria no estuvo a la altura en la representación de los productores ante el organismo en defensa de sus intereses. Nunca defendieron a su sector, jamás obtuvimos un beneficio palpable, concreto y medible para el ganadero sino todo lo contrario, afectaron su rentabilidad y encarecieron un producto esencial en la mesa de los argentinos”.
Incluso las rurales de norte remarcan que, aún con las exportaciones cerradas, “el IPCVA ha continuado percibiendo fondos sin demostrar solidaridad alguna con los productores afectados por estas políticas, que contradicen el propósito original del instituto”. Por tal motivo les solicitan que “demuestren austeridad, eficiencia y transparencia en su gestión y en el manejo de nuestros fondos”.
Frente a este diagnóstico, las entidades piden que se termine la obligatoriedad del aporte, para que sea voluntario; que el Instituto sume otros aportantes a su financiamiento, como embajadas, exportadores e importadores de otros países; y que se anule el último incremento en el aporte.
En la misma sintonía, la Sociedad Rural de Santa Fe hizo pública una nota elevada a la presidente de Carsfe, Sara Gardiol, en la que solicitan “perseguir y obtener la derogación del inciso "a)" del artículo 14 de la ley 25.507” que dispone la obligatoriedad de la contribución.
“Si bien no venimos con esto a oponernos a la continuidad del Instituto, ni mucho menos a que los productores que así lo deseen, puedan sostener voluntariamente el financiamiento del Fondo, consideramos imperioso alivianar la carga de costos de la actividad, o cuando menos propiciar que los productores puedan imputar sus erogaciones a los fines que consideren más eficientes para la gestión de su producción”, sostienen.
Estas reacciones se suman a otras de igual tenor, que se conocieron luego de tomar estado público el incremento tarifario. En Córdoba, por ejemplo, en cuestión de horas las sociedades rurales de Río Cuarto (SRRC) y de Jesús María (SRJM), las dos más fuertes de esa provincia, salieron a criticar duramente el incremento tarifario por considerar que incide sobre la rentabilidad de los productores ganaderos.
Cabe señalar que la tarifa dispuesta por el IPCVA, tanto para el ganadero como para frigoríficos, es un 27% inferior a la que dispone el artículo 14 de la LEY 25.507. Según la norma, el productor hoy debiera aportar .147 y 6 los frigoríficos. A su vez, la estadística disponible muestra que sólo en algunos períodos se cobró el canon completo: cuando comenzó a funcionar el Instituto, en octubre de 2003 y hasta septiembre de 2011 (durante esos casi 8 años, los ganaderos aportaron .25 por cabeza y la industria {cuerpo}.55). El otro período, más corto, fue entre mayo de 2019 y abril de 2020, cuando los aranceles variaron entre .40 y .85 para las plantas frigoríficas y de ,50 a .05 para los productores. A lo largo de los casi 21 años de funcionamiento, el 72.7% que hoy se paga respecto de lo establecido por la ley se encuentra entre los porcentajes más elevados, ya que entre 2011 y 2018 el promedio rondó el 50%, muy similar al período febrero de 2021 a enero de 2023.