La industria del biocombustible es una de las que más se desarrolló en los últimos años en nuestro país y Entre Ríos es una de las provincias productoras que abastece al mercado interno de este producto. En este marco, productores locales piden que se cumpla con la actual ley N° 27.640 que las regula desde 2021 y que tiene como uno de sus objetivos otorgar a las Pymes una mayor competencia ante las grandes empresas.

En el país en total son 27 las Pymes productoras de biocombustibles y una de ellas es BioNogoyá, una empresa creada en 2012 y que apuesta por la diversificación de la matriz energética y una mejora en la sustentabilidad de los combustibles. En un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, el vicepresidente de la institución, Matías Bolzán, sostuvo que “resulta indispensable, para poder seguir operando, que se respeten los plazos de la actual Ley 27.640”.

Bolzán, además, explicó que “sin ello quedamos en total desventaja con las compañías integradas que controlan la materia prima esencial para la producción; además de funcionar en una escala superior”. Uno de los artículos que componían la Ley Ómnibus, la cual volvió a foja cero luego de ser aprobada en general y aún no se sabe a ciencia cierta qué ocurrirá, modificaba la ley actual y, debido a su esencia desregulatoria, dejaba con pocas posibilidades a la producción local.

Actualmente el punto de partida en la mezcla de biodiesel con gasoil es de un 7,5% y el gobierno nacional quería llevar esas cifras a un 10% y, en un futuro, a un 15. Una de las problemáticas radica en quién provee ese porcentaje: mientras que en la actual ley el mercado interno está reservado a las Pymes, la propuesta del oficialismo liderado por Javier Milei es una desregulación total, permitiendo una mayor posibilidad de supervivencia a las grandes empresas e incluso liberando las importaciones de este producto.

En 2023, la industria argentina había sido declarada como la más moderna del mundo por una comisión de la Unión Europea, contando con los estándares más altos en términos técnicos, económicos y ambientales. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que en su momento declaró su rechazo al proyecto de Ley Ómnibus, sostiene que desregular el mercado es bajar esos estándares.

En tal sentido, en un informe publicado por la cámara en enero de este año se explica que actualmente debe haber una habilitación previa y la propuesta del gobierno nacional “relaja las exigencias perjudicando a las Pymes y economías regionales, y se perderá la trazabilidad de la materia prima y calidad del biocombustible que se comercializa en el país”. De esta manera afirman que “la solución no es que desaparezcan las Pymes” sino que se debe “potenciar la industria mediante el incremento de los porcentajes de corte, permitiendo así la incorporación de otros jugadores, pero sin destruir el mercado actual”.

Por último, en este punto, representantes de las provincias productoras elevaron una propuesta al respecto. La iniciativa tiene que ver con que de ese 10% del corte, el 6,5% sean licitadas por las empresas no integradas (Pymes) y el resto por las integradas (las dueñas del aceite).