El fiscal de Paraná, Mariano Budasoff, solicitó en la mañana de este viernes 16 de febrero, en una audiencia celebrada en Tribunales, que Jonathan Alexander Ramos, imputado junto a otras dos personas por su presunta participación en 32 estafas con planes para acceder a una moto, cumpla 30 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, mientras se sustancia la investigación para determinar si les cabe alguna responsabilidad penal.

Sin embargo, la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo, dispuso que Ramos cumpla siete días de buen comportamiento sin molestar a las supuestas víctimas.

Fuentes judiciales señalaron a Mirador Entre Ríos que la decisión de la jueza no cayó nada bien en Fiscalía. Se indicó que siguen apareciendo presuntos damnificados por el accionar del trío, que habría desplegado un ardid consistente en crear una cuenta falsa de Mercado Pago con la formalidad de la empresa para la que Ramos trabajaba como empleado encargado de la sucursal de la concesionaria de venta de motocicletas Moto Ya Multimarca, ubicada en calle La Paz Nº 458 de Paraná, pero en realidad los depósitos de las cuotas iban a una cuenta a nombre del sospechado Ramos.

El jueves 15, Budasoff y personal de la División Delitos Económicos y procedió a allanar la casa de Ramos. Fue a partir de la orden dispuesta por el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, que hizo lugar al pedido del fiscal y ordenó la detención de Ramos, el allanamiento y registro de su domicilio y demás dependencias anexas, la requisa personal y la búsqueda y, en su caso, el secuestro del celular del sospechoso, de elementos informáticos como computadoras, netbook, notebook y otros dispositivos de almacenamiento, sellos y todo tipo de documentación y recibos a nombre de la empresa Moto Ya Multimarca, recibos y documentación que se presuma sea de letra y puño de Ramos –a los efectos de realizar una eventual pericia caligráfica–, dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, del que no pueda acreditar su procedencia.

El malestar de Fiscalía tiene sustento en que resta esperar todas aquellas medidas de prueba, a las que se adicionó que, según consta en el legajo de Investigación Penal Preparatoria (IPP), Ramos contactó a las presuntas víctimas después de que se inició la investigación, y continuó induciendo a los compradores a seguir depositando las cuotas en la cuenta investigada.

También se añadió que las presuntas víctimas pertenecen a sectores sociales vulnerables, y que el acusado, durante diciembre, habría enviado a un hombre a amenazar a la empresa para que dejen de denunciar. Esta situación, según se consignó, fue denunciada por una empleada de la empresa porque el enviado adujo que iba en nombre suyo.