El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, rechazó en audiencia realizada este martes 20-2 el pedido de Suspensión del juicio a prueba o Probation, por su nombre en inglés, que solicitó la defensa del empresario oriundo de Paraguay, Diego Cardona Herrero, que es investigado por su presunta participación en seis hechos en perjuicio de la Administración Pública de Entre Ríos.

Vergara entendió que le asistió razón a los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), Gonzalo Badano y Patricia Yedro, que fundamentaron su oposición en que los seis hechos que se le imputan al empresario tienen una pena en expectativa superior a los tres años, solo uno tiene una pena de seis años, y que por razones de política criminal del MPF y por la suscripción a los pactos internacionales de lucha contra la corrupción a los que adhirió Argentina, no sería posible la salida alternativa al debate plenario, instancia que consideraron esencial para que la sociedad se informe del proceso.

La defensa, a cargo de Ignacio Díaz y José Velázquez, fundó su pedido en razones de salud del empresario, que habría sufrido en cuerpo y mente el proceso. Respecto de los requisitos formales que prevé el instituto, ofreció 2.520.000 pesos en concepto de reparación del daño, pagaderos en 36 cuotas; otra suma de 900.000 pesos, en concepto de sustitución de las tareas comunitarias no remuneradas que la Probation prescribe en beneficio de una institución de bien público a designar, puesto que por el estado de salud que dijo padecer el imputado no puede hacer fuerza, también a pagar en 36 cuotas; y una pena de multa de 540.000 pesos.

La causa investiga la presunta responsabilidad del exgobernador Sergio Urribarri, y ex funcionarios de sus gestiones y particulares, por el presunto delito de Negociaciones incompatibles con la función pública. Fiscalía acusa que se habría beneficiado a Cardona Herrero como accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con la contratación para desarrollar e implementar un sistema de software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos.

Según la acusación, el empresario habría usufructuado la presunta relación de amistad con Urribarri para hacerse de información privilegiada relacionada con procesos licitatorios. Situación de la que Fiscalía destacó que solo buscó un lucro económico a costa del erario público.

La defensa citó que cuatro imputados en la causa que eran empleados de la empresa accedieron a la Suspensión del juicio a prueba, ya que además de los requisitos formales del instituto, en aquellos casos se contó con el consentimiento de Fiscalía. Los fiscales respondieron que el rol desplegado por los cuatro probados fue muy distinto al que se presume desplegó Cardona Herrero, para quien entienden que tuvo un rol determinante por su calidad de titular de la firma, gestionando licitaciones y otorgando dádivas a funcionarios para acceder a información privilegiada sobre las licitaciones.