Rosario es uno de los polos productivos del cine más importantes del país, y es por la cantidad de puestos laborales que genera su industria, que en plena tarde de lluvia torrencial de este jueves -al canto de “el INCAA no se vende”- cientos de miembros de la comunidad audiovisual rosarina se congregaron para manifestar preocupación ante los anuncios conocidos el pasado lunes por parte del Gobierno Nacional de la desfinanciación a la industria audiovisual.

La copiosa e insistente lluvia no amedrentó a los estudiantes de cine, técnicos, realizadores audiovisuales, guionistas, docentes y productores, que se acercaron para llenar el flamante escenario de Plataforma Lavardén, con banderas y claquetas que rezaban “El INCAA no se vende, se defiende”, y “La ley de cine de Santa Fe es imprescindible y urgente”. Es que el cine es el acervo de los relatos y la memoria de la sociedad.

El espacio en el que se congregaron los cineastas en Lavardén fue el elegido ya que además de ser un teatro y polo de la cultura rosarina, es sede de la Escuela Provincial de Cine y TV (Epctv) y ENERC Rosario (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica).

El reclamo conjunto fue de precisiones más claras y confirmaciones al nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Carlos Pirovano, tras conocer su decisión de cancelación de los apoyos a estrenos, festivales de cine, discontinuar contratos a 200 empleados, y dudas en torno a la continuidad de clases en las sedes ENERC del interior, donde cursan cientos de alumnos.

En un comunicado en el que convocaron a este encuentro, los cineastas rosarinos pidieron al gobierno “explicaciones sobre cómo, destruyendo una industria autárquica que genera trabajo e ingreso de divisas, se resuelve la pobreza y el hambre”, y denunciaron que con estas medidas “se pone en riesgo la finalización de las películas y el futuro de cientos de productoras, que están al borde de la quiebra”. Y reclamaron por retomar en la Legislatura provincial la discusión de la Ley de Cine provincial “para fomentar divisas y crear películas exportables”.

Miembros de esta industria cultural nacional se reunían en simultáneo en distintos puntos del país con las mismas preocupaciones, ya que se trata de una industria de 600 mil puestos laborales y alrededor de un millón de relaciones laborales, entre directas e indirectas. Poco después del atardecer se conoció que hubo represiones policiales y disturbios en la manifestación de Ciudad de Buenos Aires, frente al cine Gaumont.

La preocupación en primera persona

Antes de subir al escenario para una foto de unidad de los cientos de personas presentes, en la asamblea improvisada en el hall de ingreso a la sala del teatro, entre banderas desplegadas, el cineasta Gustavo Postiglione manifestó que “estos recortes dejan gente en la calle y a su vez implica la desaparición del cine argentino. Es perder la cultura, porque dejar de vernos a nosotros mismos en pantalla es quitar la identidad argentina”.

Por su parte, el realizador Rubén Plataneo explicó a Mirador sobre la situación concreta que “se anularon todos los pagos y está frenado el sistema financiero y productivo, por lo que familias de técnicos y de sonidos están sin ingresos”. A la vez recordó en torno a esta industria que “si se desfinancia el cine también se pierde la cadena productiva que conlleva, de alquiler de locaciones, gastronomía, transporte, hoteles, todo relacionado a la actividad audiovisual”.

Finalmente recordó que permanece a la espera de discusión en la Legislatura el proyecto de Ley de Cine provincial, el cual “fue pensado hace dos años y medio cuando veíamos que venían recortes, y porque entendemos que, como ocurre en otras provincias, con un pequeño margen del presupuesto anual provincial podemos hacer muchas películas”.

El realizador y docente Ignacio Rosello por su parte dio a saber sobre su situación laboral: “Me rescindieron el contrato en la escuela ENERC, pero sigo dando clases para la continuidad de los alumnos. Está en riesgo que se cierre la carrera, ya que se ha recortado contratos de docentes y ayudantes”.

La productora audiovisual Luciana Lacorazza aseveró: “Nuestra actividad es importante para conservar los relatos y la memoria de la sociedad de la que somos parte, sea ficción, documental. Hablamos de quiénes somos al prender una cámara. A nosotros nos están sacando el plato de la mesa.
Y por su parte, la productora Ana Taleb destacó a la ciudad de Rosario como “uno de los polos productivos más importantes del país, que genera trabajo, y por eso acá nos unimos para visibilizar la preocupación, todas las organizaciones audiovisuales, como el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) de técnicos y técnicas, las asociaciones de productoras Cepiar y APPAS, y las escuelas de cine y de animación”.

Precaria situación

En el comunicado, los realizadores manifestaron que “a cancelación de contratos y suspensión de pagos de horas extras a las y los trabajadores del Instituto pone en riesgo el normal funcionamiento de la ENERC o el Cine Gaumont, y agrava la precaria situación, sin mencionar que no hay forma de garantizar el comienzo de las clases en las sedes ENERC de todo el país”.

Además se preocupan por “la falta de claridad respecto a los pagos adeudados a proyectos”, a la vez que destacaron que “esta realidad resulta más acuciante en las provincias ya que la ausencia de una mirada federal, en el más amplio sentido, implica prácticamente la desaparición de la industria audiovisual de las provincias”.

Calificaron como “preocupante” que estas medidas “formalizan una situación que se venía gestando, evidenciando una falta de compromiso y de visión a largo plazo por parte de las actuales autoridades del INCAA, ya que al día de hoy no se han presentado propuestas o soluciones concretas para reactivar un sector que se encuentra completamente paralizado desde diciembre de 2023”.

Finalmente señalaron que “la falta de claridad respecto a los pagos adeudados a proyectos en curso pone en grave riesgo la finalización de las películas y el futuro de las casas productoras, que han perdido toda previsibilidad económica y se encuentran al borde de la quiebra, poniendo en serio peligro la continuidad de los trabajos directos e indirectos que generan, con un alcance de más de 600 mil familias en todo el país”.