El centralismo en la Argentina, antes porteño, ahora del AMBA, no sólo se expresa en la inmensidad de recursos públicos que concentra, sino también en las obras públicas neurálgicas que se adeudan en otros puntos del país y, sin dudas, la Autopista Rufino-Rosario ocupa los primeros lugares de ese nada envidiable ranking.

La ruta nacional 33, corredor bioceánico para el Mercosur que une los estratégicos enclaves portuarios de Bahía Blanca y Rosario, presenta en los 254 kilómetros que separan a Rufino de Rosario, un tramo de muy alta densidad vehicular que -en ciertos períodos del año- desborda las posibilidades que ofrece una arteria diseñada y ejecutada en la década del '40 y que, para colmo, en los últimos años sumó dificultades a partir de la falta de mantenimiento de la cinta asfáltica, banquinas, señalización e iluminación.

En este otoño, en medio de la cosecha gruesa (maíz y soja), el tránsito de miles de vehículos de carga desde los campos del sur santafesino hacia los puertos del Gran Rosario, se vuelve caótico, con caminos deteriorados, filas interminables de camiones y controles que nunca alcanzan. Ciertos puntos críticos, en las adyacencias rosarinas, despiertan tanta indignación entre los transportistas, como en las autoridades y los vecinos de las localidades involucradas.

Tanto es así que el firmatense Carlos Torres, a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, lanzó en marzo último el operativo Cosecha Segura, con puntos fijos y móviles de control, a los fines de regular el ritmo de desplazamiento de los camiones de acuerdo a los turnos en las terminales portuarias, y así brindar mayor seguridad a todas las partes en el entorno de las rutas. Desde ya que estas acciones de control del tránsito, al igual que los trabajos de mantenimiento que está apurando el gobierno de Maximiliano Pullaro, son avances que no ocultan la notoria desinversión en la red vial provincial y nacional a lo largo de varias décadas.

Además, estas jornadas de rutas colapsadas nos recuerdan -cómo olvidarlo- cuán caro se pagó, y se sigue pagando, el desmantelamiento de la red ferroviaria argentina en los 90, en lugar de perfeccionarla, como sucede en las admiradas democracias europeas, a los efectos de transportar cargas a menor costo, con mayor seguridad y sin daños ambientales.

Estrategia provincial

Más allá de la drástica eliminación de la obra pública por parte de la Casa Rosada, tanto Pullaro (asumió un compromiso con el sur provincial de gestionar la construcción de la Autopista 33 en los más altos niveles de gobierno), como el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostienen sus objetivos de optimizar la red vial provincial, que es su responsabilidad, y, además, gritan a los cuatro vientos que Milei se ocupe de la suya, es decir, preservar las carreteras de su jurisdicción.

Esta última semana, durante una recorrida por las relanzadas obras del Centro de Justicia Penal y Centro Operativo Policial de Venado Tuerto (iniciadas en la gestión Perotti), Enrico declaró que "con este gobierno nacional sabemos que (la autopista 33) no será posible en el corto o mediano plazo, porque ya dejaron en claro que el recorte en obra pública es total; nos han dicho que no pueden invertir ni un solo peso, pero la reparación sí es su responsabilidad", reforzó. Y arremetió: "Cuando se mate alguien en estas rutas sin mantenimiento, va a ser responsabilidad del presidente Javier Milei y del ministro (de Economía) Luis Caputo".

Aunque no lo pongan en palabras, los sureños que hoy ocupan altos cargos en la Casa Gris, saben que, sin inversión estatal, habrá que esperar la reconstrucción de la macroeconomía para que se derrumbe el riesgo país y las constructoras obtengan el indispensable financiamiento para una obra de tamaña envergadura, más allá de que su repago, a través del sistema de peajes, está garantizado en virtud de la densidad vehicular del tramo. Asimismo, Pullaro y Enrico, que no se quieren dejar arrastrar por la cerrazón libertaria, impulsan alternativas más modestas con recursos propios y en el corto plazo, como la nueva ruta 96 para unir Sancti Spiritu y Rosario. Así, el hughense y el venadense consideran que, una vez descongestionado el tránsito, bajaría la siniestralidad en la riesgosa ruta 33, y, además, si Nación cumpliera con ese mantenimiento, se alcanzaría un escenario más tolerable hasta que la evolución de la economía posibilite la inversión privada para la megaobra.

Reclamos sistemáticos

Mientras tanto, todos estos movimientos son monitoreados por el intendente venadense Leonel Chiarella y la Comisión Plan Autopista, liderada por el dirigente venadense Ovidio Butani, que acaba de cumplir 20 años de reclamos constantes por la obra, iniciados en la gestión de Néstor Kirchner -el primero que prometió la autopista en una visita a Rufino-, y continuados en los dos gobiernos de Cristina Fernández, en el de Mauricio Macri y también en el de Alberto Fernández.

No hubo funcionario o candidato de nivel provincial o nacional, que en estas dos décadas no fuera enterado por los referentes de la Comisión, en cada visita a Venado Tuerto o a la región, de la trascendencia de este emprendimiento vial, con abundantes argumentos, sosteniendo, por un lado, razones de seguridad para evitar siniestros por choques frontales que son causales de fallecimientos y discapacidades permanentes y, por otro, la lógica económica de optimizar la infraestructura por donde transita la mayor parte de la producción agrícola de la pampa húmeda.

Fue precisamente en los dos últimos gobiernos donde surgieron las mayores expectativas de construcción de la autopista, y por eso la frustración aún está a flor de piel. Tanto con el sistema de Participación Público Privada (PPP) en el período de Cambiemos, como mediante el aporte del Tesoro nacional en la etapa del Frente de Todos, por distintos motivos, los proyectos se desmoronaron. En el primer caso, los sacudones financieros desde 2018, el recorte del presupuesto destinado a obras públicas y la "causa de los cuadernos" (que involucraba a varias de las empresas constructoras) conspiraron contra el objetivo.

Después de la derrota electoral de Cambiemos en 2019 y, ya en 2020, con el efecto pandemia y las nuevas turbulencias del tipo de cambio, casi todas las esperanzas se diluyeron. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández, sorpresivamente, anunció que en mayo de 2021 se iniciaría un primer tramo de la autopista sobre la ruta nacional 33, entre el empalme con ruta nacional 7 y el acceso a San Eduardo. Con la presencia del gobernador Omar Perotti y funcionarios nacionales, la obra se inauguró, pero nunca progresó lo suficiente (en este caso por los insalvables inconvenientes de una de las constructoras de la UTE).

Hoy, en la zona de Rufino y Tarragona, los puntos más australes de la provincia, un movimiento de suelos inconcluso y las bases de hormigón de los intercambiadores, son mudos testigos de una realidad que refleja la mediocridad de la clase dirigente argentina de las últimas décadas.