“La responsabilidad que se le atribuye al periodista en su denuncia es haber dado a conocer los hechos que determinaron su condena, es decir, ejercer su función como periodista de investigación”, argumenta Adepa en un comunicado.

“Los eventuales reproches que puedan realizarse a las fuentes del periodista no pueden serle atribuibles a éste, por lo que la denuncia resulta injustificada en los propios términos en que ha sido realizada”, continúa el comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, para argumentar luego que “por ese motivo, preocupa también a Adepa que, más allá de lo que pueda decirse sobre su competencia, no se haya rechazado in limine una denuncia que constituye un ataque a las bases mismas del periodismo de investigación y a los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional”.

Cabe recordar que exgobernador de Entre Ríos y en el momento de la condena, embajador de Israel y de Chipre, fue condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en las cinco causas que se le seguían por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.