Falta un 7 %

Se reinició la obra de la Cárcel Federal de Coronda

 Algunos de los operarios despedidos en marzo fueron reincorporados, mientras que de aquí en más hay dos cuestiones a resolver: sistema interno de seguridad tecnológica y colocar muros externos en algunos sectores del perímetro carcelario. La promesa es de finalización a fin de año.


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 Este lunes quedó totalmente ratificado el retorno a las tareas en la construcción del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, con el regreso de una decena de operarios a hacer tareas complementarias en la estructura edilicia ubicada en el Camino de las Moras casi Ruta Provincial 64, a 1.000 metros del Km. 111 de la Autopista Brigadier López.


Estuvo presente el jefe de obra, Ing. Mariano Day, quien fue acompañado por referentes de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que llegaron para inspeccionar cómo estaban las tareas y desde dónde se recomenzaba.


Recordemos que el freno de las tareas se dio el 6 de marzo próximo pasado debido a la falta de pago de Nación a la UTE desde noviembre. Los trabajos continuaron desde noviembre hasta marzo porque las empresas tomaban de otras obras para pagar al personal contratado, hasta que se hizo un cuello de botella y hubo que despedir a todos los operarios.


Tras el pedido de descomprimir las cárceles provinciales que tienen más de 700 presos con causas federales, el gobierno nacional y sobre todo el Ministerio de Seguridad aceleraron los trámites y se pusieron al día con la Unión Transitoria de Empresas que lleva adelante la construcción.


Por ejemplo, según un informe que recibió el Concejo Deliberante de Coronda la semana pasada, en la Unidad 1 hay 2.704 internos cuando la capacidad inicial del Instituto Correccional era de 1.200 y la ideal máxima, de 1.800, por lo cual la sobrepoblación redondearía el 50 %.


Estado de obra


El edificio propiamente dicho está en un 99% finalizado, sólo faltan detalles pero las estructuras, los pabellones, casino y otras dependencias ya están todos construidos e incluso cuando termine la obra quedarán salas para determinar su posterior uso.

Recordemos que la cárcel tendrá lugar en principio para 462 plazas, y se compone en el final de obra de un edificio externo, edificio de programas y servicios, de asistencia educativa, culto y tratamiento, 6 pabellones para internos y un módulo de régimen cerrado. Otros dos sectores para la posible incorporación de internas mujeres.


Asimismo, la parte abierta se va a componer de un edificio comunitario, dos áreas residenciales que conformarán cuatro hogares para alojar internos que estén en la etapa final de sus condenas y a prueba.


También habrá un módulo de servicios generales, casinos, viviendas del personal que venga a trabajar desde otras provincias, edificio de seguridad externa o portería, puestos elevados y las áreas que correspondan a todos los servicios existentes.


Lo que falta


De aquí en más lo que resta por hacer es instalar todo el sistema de seguridad interna que tendrá el penal, esto es, cámaras de video vigilancia, sistema de apertura y cierre electrónicos de las celdas que estarán monitoreados y sincronizados, aberturas afines, pero para todo eso la UTE Insa-Ocsa traerá su propio personal especializado en tecnología y seguridad que estará arribando a la brevedad.


Si bien todo marcha como se pensaba, cabe también la posibilidad de que se levanten muros o cercos perimetrales parciales, aledaños al exterior, para evitar sobre todo que el interior del presidio pueda ser observado fácilmente desde afuera, como lo es ahora.


Si esto ocurre, la obra se extendería un poco más pero desde la Subsecretaría de Asuntos Penales de la Nación aseguraron que para fin de este año, la Cárcel Federal de Coronda estará operativa.


Tengamos en cuenta que la cárcel propiamente dicha no da a la calle, que además fue pavimentada, sino que está unos 500 metros hacia el este del exterior en el que todavía hay mucha maleza y espinillos rodeando el predio elegido para la construcción, iniciada en 2016 luego de una votación de la población en 1997, que autorizó la instalación de la cárcel en territorio corondino a cambio de obras complementarias que todavía se están negociando.


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