Después de que el juez federal Carlos Vera Barros resolviera el procesamiento de cinco ex titulares de la empresa Aguas Santafesinas S.A. por arrojar líquidos contaminantes en el río Paraná, decisión de la justicia federal que se tomó ante la evidencia presentada de que la firma tiraba al agua unos 350 millones de litros diarios de líquidos no tratados y metales pesados, la compañía emitió un comunicado en el que rechaza los dictámenes sobre la Ley de Residuos Peligrosos.

Según el comunicado, al que accedió Mirador Provincial, la firma se defiende afirmando que “se trata de la decisión del Juzgado Federal de procesar a ex directivos, sobre la cual los técnicos de la empresa manifiestan la inaplicabilidad de la normativa nacional y la inexistencia del hecho investigado”.

“Se presentó en el día de hoy escrito de apelación ante el Juzgado Federal Nro. 3 a cargo del Dr. Vera Barros, respecto a los procesamientos dispuestos en relación a un caso originado por una denuncia impulsada por una asociación civil”.

“El escrito ofrecido por la defensa argumenta sólida y cabalmente la infundada sentencia que dicta los procesamientos de ex - miembros del directorio y gerente general a cargo de la firma al momento de instruirse el caso, ya que “el servicio que presta la empresa no arroja residuos peligrosos, ni origina contaminación”, continúa.

“Los líquidos cloacales no pueden ser considerados residuos peligrosos. En la sentencia no hay pruebas cotejadas que establezcan lo contrario, y la normativa legal regulatoria vigente para el servicio provincial establece los parámetros de los líquidos cloacales que son cumplidos, con controles de la empresa y de organismos competentes”.

“La actividad concerniente a los servicios sanitarios no ocasiona daños ambientales por descargas de líquidos cloacales a un curso de agua superficial con gran capacidad de dilución natural, como es el río Paraná, ya que aquellos son biodegradables sin afectación del medio ambiente”, prosigue el escrito de Aguas Santafesinas.

“En los centros de recepción de camiones atmosféricos se controlan previamente los efluentes para ser admitida o rechazada su descarga. También se controla – tal como la normativa lo impone- la prohibición de arrojar otro tipo de efluentes sobre las redes que no sean de origen domiciliario o asimilable a los mismos”.

“La empresa dispone de proyectos técnicos para llevar adelante obras que posibiliten el tratamiento de los líquidos cloacales, y mejoras en el servicio en la ciudad de Rosario. Para ello trabaja junto al Gobierno de Santa Fe en la búsqueda de financiamiento que posibilite su ejecución”.

“El escrito de la defensa solicitó el sobreseimiento de todos los directivos”, concluye.

El caso

Se trata de una causa que lleva cuatro años en trámite, tanto en lo civil como en lo penal. El juzgado federal decidió el embargo de bienes de los titulares de la empresa, pero el fuero civil no presenta mayores avances.

Mirador Provincial contactó a la empresa para conocer la postura ante la decisión de la Justicia, pero no hubo respuesta institucional oficial.

Pasaron tres años desde que comenzó la investigación de la Justicia Federal por detectar que presuntamente la firma contamina de un modo “peligroso para la salud, el suelo y el agua del cauce del río Paraná”, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en "un volumen aproximado de 350 millones de litros diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur”, según lo que se describió en el documento oficial firmado por el juez Vera Barros.

“Se viene reflejando esta noticia cronológicamente. Se presentó la denuncia en 2021 y la prueba fundamental son los análisis de laboratorio que realizó la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal. Se comprobó la presencia de escherichia coli y coliformes fecales, entre otros contaminantes, en los 350 millones de litros diarios que vuelca Aguas Santafesinas”, contó a Mirador Provincial Fabian Maggi, abogado ambientalista y representante legal de la organización denunciante Asociación Civil Cuenca Río Paraná.

“El juez avanzó en el proceso penal con el objetivo de llegar a una sentencia condenatoria por el delito de Infracción a la Ley de Residuos Peligrosos”, amplió.

“Lo que nos preocupa, y son los próximos pasos para tomar, es lograr que, al igual que el juez Vera Barros, la jueza Sylvia Aramberri (jueza del Juzgado Federal de Rosario), que tiene el amparo ambiental que se sigue por este mismo tema, que ya está sumamente demorado esperando sentencia desde hace dos años, le ordene a Aguas Santafesinas construir la planta depuradora que Rosario -increíblemente- no cuenta”, cerró.

Los efluentes estudiados “consisten en sustancias con valores de coliformes termotolerantes elevados, con presencia de Escherichia coli, que han provocado un aumento en el valor de NMP/100ml en el punto donde confluyen el emisario y el río Paraná”. Así lo indica la resolución del juez Vera Barros.

Según el letrado, “lo que violenta toda lógica a estas alturas de la modernidad es que Rosario no tenga todavía una planta de saneamiento propia”. El abogado se mostró conforme con el avance en lo penal de la causa. No obstante, el otro expediente de amparo ambiental que tramita hace cinco años en lo civil en el juzgado de la jueza Sylvia Aramberri tiene constantes idas y vueltas.