El juez federal Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal N°4 de Rosario, dispuso el procesamiento de las cinco personas, dos de ellas con prisión preventiva, que fueron detenidas en la ciudad de Casilda por la Policía Federal acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal. Esta red que operaba en el sur santafesino, habría montado unas 150 usinas de comprobantes falsos, emitiendo alrededor de 40 mil comprobantes electrónicos entre enero de 2018 y mayo de este año. Se estima que esta actividad generó aproximadamente 10 mil millones de pesos en facturación y 2 mil millones de pesos en créditos fiscales fraudulentos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, la medida judicial incluye un embargo sobre los bienes de los acusados por un valor de 7 millones de pesos.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el director interino de la Dirección Regional Rosario de la Dirección General Impositiva de la AFIP ante la Unidad Fiscal de Rosario. Se presentaron ampliaciones de la denuncia que revelaron un aumento en la facturación apócrifa y en el crédito fiscal IVA. El trabajo de la Unidad Fiscal permitió identificar las direcciones IP asociadas a los comprobantes electrónicos, individualizar a los autores y determinar los roles que cada uno desempeñaba dentro de la organización criminal. Como resultado, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado Federal N°4 el allanamiento de los diez domicilios en cuestión.

Finalmente, el juzgado a cargo de Bailaque dictó el procesamiento de Marcelo F., Gabriel A., Guillermo P., Santiago R. y Martín S. por su participación en una asociación ilícita fiscal que realizaba actividades ilícitas de manera sistemática y reiterada mediante “empresas papel”, es decir, firmas creadas para la maniobra fraudulenta.