Rubén Pagliotto, querellante, junto a Eduardo Marino Vugner, por los hijos de Enrique Fabiani, notificó por nota al procurador de la provincia de la denuncia que presentó este lunes ante el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial por lo que consideró “inexcusables incumplimientos funcionales y claros desórdenes de conducta”.
La querella por los hijos de Enrique Fabiani, desaparecido desde el 4 de junio cuando llegó a un campo ubicado en el departamento Villaguay junto a amigos y un hijo, informó que, “ante el sostenido silencio de procurador general”, Jorge García, respecto del pedido de asignación exclusiva del fiscal, Mauro Quirolo, para que lleve adelante el caso, lo denunciará ante el Poder Ejecutivo y la Honorable Legislatura de Entre Ríos.
Pagliotto sostuvo que “el presente envío, va de suyo, trasciende la posibilidad de que a usted –como lo viene demostrando con su bullicioso silencio– poco o nada le interese el gravísimo y complejo caso que implica la desaparición de una persona, siendo su rotundo y fingido silencio, acabada y ostensible prueba de ello”.
También añadió que “el motivo esencial y prioritario de este reenvío, se compadece, exclusivamente, con la necesidad de asegurar que usted ha sido fehacientemente informado de nuestros pedidos y necesidades de acompañamiento de los familiares de don Enrique Fabiani, que represento cumpliendo el rol de querellante particular junto al distinguido colega, Eduardo Marino Vugner”.
INCUMPLIMIENTOS
El querellante agregó que “por lo demás, para no quitarle más tiempo existencial ni sustraerlo de su ajetreada agenda de compromisos laborales y académicos, es que le hago saber de modo oficial y como gesto de buena voluntad y probidad de nuestra parte, que haremos conocer al Poder Ejecutivo y a la Honorable Legislatura de Entre Ríos, sus inexcusables incumplimientos funcionales y claros desórdenes de conducta, ante nuestros concretos, reiterados y razonables pedidos de que le asigne en forma exclusiva esta causa al fiscal Mauro Quirolo, eximiéndolo de llevar adelante la IPP de las demás bajo su órbita de responsabilidad, atendiendo a las razones explicadas en cada una de las peticiones formuladas. Todo ello, sin perjuicio de presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión de juicio político de la Honorable Cámara de Diputados o el Jury de Enjuiciamiento, según corresponda”.
También sostuvo: “Nuestra petición concreta para que asuma interés institucional de su parte por esta causa, no es un pedido de favor ni de cristiano ruego, sino una clara y necesaria exigencia hacia su persona, debido al importantísimo rol Institucional que inviste y que usted no realiza en forma gratuita, sino a cambio de una remuneración que mensualmente se le paga con recursos del erario público, conformado con los tributos que pagamos los ciudadanos contribuyentes”.
“SOBERBIA E INSENSIBILIDAD”
También añadió que “desde el plano estrictamente humano, debo confesarlo sin ambages, jamás pensé que su osadía llegaría a tanto en una situación tan extrema como la que rodea este infausto caso. No imaginé, ni por asomo, que su soberbia escalaría tan alto y que su insensibilidad y falta total de empatía con la familia de don Enrique Fabiani, llegaría tan lejos y con tanta carga de violento silencio”.
Pagliotto señaló que “no me interesa en lo más mínimo que se critique este breve escrito como poco jurídico y hasta irreverente. Muchísimo menos que se me pidan sanciones disciplinarias o de otra índole. Pero muy mal haría en traicionarme, guardando cobarde y cómplice silencio ante tan inhumana y execrable conducta de su parte, presumiendo dotes de deidad y superioridad que no se corresponden con la realidad ni con su rol institucional como jefe de los y las fiscales de Entre Ríos”.
Finalmente sostuvo: “Epilogo estas líneas, apelando a su sentido de responsabilidad institucional, que es lo único que la familia Fabiani puede exigirle y no de otras de las que carece y no están en su esencia, para que tome cartas en el asunto, asuma un público compromiso con la investigación del caso ante la familia de la persona desaparecida y la ciudadanía toda, quienes tenemos el derecho de vivir en paz, en una provincia segura, bajo el amparo de funcionarios de los tres poderes que estén a la altura de sus elevadas responsabilidades”.