La Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzará su tratamiento. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Los sectores ambientalistas son los más críticos ante estas iniciativas.
En la mañana de este martes 17 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará los proyectos de adhesión al Régimen e Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Esta iniciativa ya cuenta con media sanción debido a la aprobación en Diputados el pasado jueves 29 de agosto con votos del oficialismo y el acompañamiento de diputados de otros bloques.
El encuentro comenzará a las 11 de la mañana en el recinto de la Cámara de Senadores. En este caso estarán presentes las y los senadores que forman parte de la comisión, que es presidida por el federaense Rubén Dal Molín, de Juntos por Entre Ríos. Como invitados estarán representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, del Consejo de Ciencias Económicas, de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y otros funcionarios del gobierno.
El RIGI es una herramienta creada por la Ley Bases y, según lo publicado en el Boletín Oficial, tiene como finalidad “atraer inversiones significativas para la economía nacional”. Este régimen propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por, al menos, los próximos 30 años para titulares de inversiones que superen los 200 millones de dólares.
En cuanto al RINI, es una ampliación a una herramienta ya existente: el Régimen de Promoción y Desarrollo Industrial instrumentado por la Ley N° 11071. Según el proyecto presentado, el RINI propone extender los incentivos a otros sectores con el objetivo de “fomentar el desarrollo integral y armónico de la economía provincial”.
Los sectores ambientalistas son los más críticos de estos proyectos. En Entre Ríos se creó la Coordinadora Provincial contra el RIGI y el RINI, compuesta por distintas asociaciones y agrupaciones del sector. Hace meses que se declaran en contra de la adhesión y creación de estos regímenes ya que “vulnera los derechos consagrados en la Constitución Nacional” y “particularmente en materia ambiental”. Además, señalan que “no garantiza la creación genuina de puestos de trabajo o la resolución de problemáticas propias de nuestra provincia”.