Tras la aprobación en el Congreso del veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) reiteró su “preocupación y malestar ante la conducta política y social de las/os diputadas/os nacionales que con su voto negativo, con su abstención o con la no concurrencia al recinto legislativo convalidaron la amenaza de desfinanciamiento de la educación universitaria estatal”.

Las magistradas y magistrados advirtieron que la “catástrofe educativa” –una figura empleada por el Papa Francisco– que podría causar la falta de recursos para la educación universitaria “tendrá consecuencias directas sobre el nivel educativo, y sobre estudiantes, docentes y no docentes, además de impactar negativamente en la movilidad social ascendente, que ha sido una de las características esenciales del acceso a la universidad estatal en nuestro país”.

De esta forma, las juezas y jueces ratificaron la postura que habían manifestado en su declaración del pasado 2 de octubre, cuando pidieron al presidente de la Nación que promulgara esta ley y exhortaron al Congreso a no convalidar un veto.

“Asistimos a la vulneración de un derecho social esencial como lo es la educación, mediante conductas de representantes legislativos electos”, lamentaron. Y concluyeron que “se priorizó la visión economicista del gasto público, relegando la inversión presupuestaria en el sistema educativo universitario, lo que traerá consecuencias perjudiciales en un contexto social económicamente incierto, con índices desfavorables de pobreza”.

El Capítulo Argentina del Copaju está encabezado por César Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones. Lo acompañan el vicecoordinador Roberto Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y el secretario Maximiliano Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; entre otros integrantes.