En una sesión en la que abundaron respuestas de organismos oficiales provinciales a los pedidos de informes y las comunicaciones respecto del estado de los caminos en el territorio provincial, en especial en las descuidadas rutas de jurisdicción nacional, pero también sobre la red que debe mantener Santa Fe, la Cámara de Senadores propuso a Diputados crear una nueva comisión permanente en el ámbito del Poder Legislativo, de "Defensa del Usuario Vial".

Su objetivo es "el análisis, seguimiento, control y observación de temas vinculados a las tarifas de peaje y los derechos de los usuarios de corredores viales provinciales o nacionales en los tramos que corresponden a la Provincia", según la iniciativa aprobada por unanimidad en el Orden del Día, girada al otro cuerpo.
El texto con media sanción fue impulsado por el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y plantea que esté integrada por cuatro miembros del Senado y otros tantos de Diputados, con las siguientes atribuciones identificadas por el presidente de la bancada del justicialismo: "a) Peticionar y reclamar ante las autoridades concedentes sobre los aspectos de funcionamiento de las concesiones de corredores viales provinciales o nacionales; b) Solicitar a los concesionarios de corredores viales, órganos de control o la autoridad de aplicación en la materia, información sobre la prestación del servicio; c) Expresar su opinión sobre los cuadros tarifarios del peaje y sugerir la aplicación de rebajas, tarifas diferenciales o cualquier otra política pública que contemple las distintas situaciones de los usuarios de corredores viales en función del uso, frecuencia y distancias recorridas; d) Propiciar y organizar espacios de análisis y debate; e) Presentar propuestas y sugerir modificaciones en las condiciones de los contratos de concesiones viales que beneficien a los usuarios de los corredores viales; f) Recibir quejas y reclamos de los usuarios viales y ponerlas en conocimiento de los concesionarios de corredores viales, organismos de control y de defensa de los consumidores y usuarios; g) Promover campañas de concientización, sensibilización y difusión de los derechos de los usuarios de corredores viales; y h) Articular y coordinar acciones con autoridades u organizaciones representativas de los derechos de los usuarios de corredores viales constituidas en otras provincias, en referencia a los corredores viales nacionales que las atraviesan".

Entre otras atribuciones, la nueva comisión podrá citar a funcionarios provinciales para que den explicaciones (más allá de las que se suelen reclamar en pedidos de informes) sobre los problemas y peligros en los caminos bajo gestión provincial.

Una enumeración arbitraria
En la misma sesión, bajo ingresaron a la Cámara respuestas oficiales a la presentación de proyectos de comunicación y pedidos de informes girados por los senadores a la Casa Gris, en los que se muestra su preocupación por las condiciones de la Ruta Nacional 11; por el tramo que va de Gálvez, en el departamento San Jerónimo al límite con el departamento San Martín de la Ruta Provincial 80; por la Autopista AP 01 Brigadier General Estanislao López, especialmente en el tramo Capitán Bermúdez a Timbúes, en el departamento San Lorenzo; por la Ruta Nacional 178, en el tramo que comprende las localidades de Juncal, Alcorta y Bigand, en el departamento Constitución; por la Ruta Provincial 26, entre Casilda y la Autopista Rosario – Córdoba; y finalmente por la Ruta Provincial 10, tramo entre Bernardo de Irigoyen y Casalegno, en el departamento San Jerónimo.
La enumeración es por completo arbitraria y corresponde apenas a los expedientes que corresponden al mismo jueves en que el Senado entendió que los usuarios viales merecen ser defendidos por el Poder Legislativo. Busca dar una idea del constante flujo de expedientes que señalan la necesidad de que el sector público de respuestas sobre el estado de la red vial nacional y provincial.

Debe recordarse que desde la provincia, en numerosas oportunidades, la Casa Gris ha mostrado su disposición a tomar bajo su responsabilidad también el mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional que son muy relevantes para el sector portuario y productivo, siempre que la Nación ceda su propiedad a Santa Fe, pero no ha obtenido respuestas concretas.