Según pudo saber Mirador Provincial, el debate sobre la situación de los cuidacoches en Rosario suma un nuevo capítulo con el reciente ingreso al Concejo Municipal de un proyecto que busca legalizar la actividad bajo estrictos controles estatales.

La iniciativa, impulsada por la concejala Fernanda Gigliani, propone un cambio de paradigma: integrar a los llamados “trapitos” en un padrón municipal, capacitarlos y establecer un sistema de regulación que garantice tanto el respeto por los automovilistas como los derechos de quienes desempeñan esta labor.

El proyecto, que rescata una propuesta presentada originalmente en 1995, contempla medidas como el uso de uniformes municipales, la inscripción obligatoria en un registro oficial y la implementación de cupos por género. Además, los cuidacoches recibirían capacitación para profesionalizar su tarea y los pagos que reciban serían estrictamente voluntarios, según el texto presentado en el Concejo.

EXTORSIONES Y AMENAZAS

La problemática de los cuidacoches no es nueva en Rosario. En los últimos años, las denuncias de extorsión y amenazas por parte de personas que ofrecen “cuidar” vehículos han sido recurrentes. Esta situación se agrava en eventos masivos, como la Fiesta de las Colectividades, donde recientemente el Ministerio de Seguridad reportó la detención de seis personas acusadas de extorsionar a automovilistas.

Fernanda Gigliani defendió su proyecto afirmando que los cuidacoches representan “una salida laboral ante la falta de empleo formal”. La edila destacó que esta actividad, aunque informal, “permite la subsistencia de muchas personas”. En este sentido, planteó que la ordenanza buscaría ofrecer garantías a ambas partes: “Por un lado, los automovilistas tendrán la certeza de saber quién es la persona que cuida sus vehículos, y por otro, los trabajadores podrán desempeñar su tarea de forma segura y sin conflictos legales”.

Sin embargo, no todos los sectores coinciden con esta postura. Desde otro enfoque, el ex concejal Miguel Tessandori presentó, en su momento, un proyecto que combina regulación y sanciones. Su propuesta incluye la posibilidad de censar a los cuidacoches, pero con requisitos como certificado de antecedentes penales, licencia oficial otorgada por la Secretaría de Control y Convivencia y la aprobación del 10% de los vecinos del barrio donde planeen trabajar.

Además, Tessandori propone multas que oscilan entre los 3.000 y 57.000 pesos para aquellos que obstruyan el tránsito, extorsionen o realicen actividades ilícitas. Su iniciativa también establece tareas educativas como sanción para quienes cometan infracciones, buscando generar conciencia sobre la convivencia urbana.