Se invalidó el planteo de nulidad, reafirmando que no se configuró un error judicial grave que justificara revocar el cierre del caso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio Público avance en nuevas investigaciones por hechos diferentes a los ya juzgados.
El máximo tribunal de la provincia de Santa Fe analizó si la nulidad por “cosa juzgada írrita”, en el marco del juicio que se lleva adelante contra la empresa Petroquímica Bermúdez, era aplicable en este contexto. La mayoría de los jueces, en un fallo reciente al que tuvo acceso Mirador Provincial, concluyó que no se justificaba revocar una resolución firme bajo este argumento, pues esto vulneraría principios constitucionales como la intangibilidad de la cosa juzgada y el "non bis in idem". El fallo sostuvo que la resolución de 2019 respetaba las disposiciones legales vigentes, incluyendo el uso del criterio de oportunidad.
Un poco de contexto. La causa involucra a Sergio Taselli, directivos de Petroquímica Bermúdez S.A., y presuntos daños ambientales en la planta ubicada en Capitán Bermúdez, Santa Fe. Tras denuncias ambientales, en 2017 la Provincia inició acciones civiles y penales para garantizar el cierre seguro y la remediación del predio. En 2018, se alcanzó un acuerdo conciliatorio que incluyó medidas de remediación y la extinción de la acción penal, respaldada por un criterio de oportunidad.
En 2020, nuevos fiscales alegaron irregularidades en la resolución de 2019 que extinguió la acción penal, planteando sospechas de un plan delictivo. Este reclamo derivó en un fallo judicial que declaró nula la resolución inicial por considerar que la extinción de la acción penal carecía de sustento normativo.
En concreto, la Corte invalidó el planteo de nulidad, reafirmando que no se configuró un error judicial grave que justificara revocar el cierre del caso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio Público avance en nuevas investigaciones por hechos diferentes a los ya juzgados.
JUSTIFICACIÓN
Resulta que la Corte Suprema de Santa Fe revisó todo y decidió que no se puede anular la resolución de 2019. ¿Por qué? Porque ya era una decisión firme, tomada dentro del marco legal vigente, y revocarla violaría principios básicos como la "cosa juzgada" (que significa que lo ya resuelto no se puede cambiar) y el "non bis in idem" (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho).
La Corte dice que el fallo de 2019 fue válido porque se usó el criterio de oportunidad correctamente. Además, no hay pruebas suficientes para justificar la sospecha de un plan delictivo. Sin embargo, aclaran que los fiscales pueden seguir investigando otros posibles delitos, siempre y cuando no sean los mismos por los que ya se cerró la causa.
Según el fallo, la Corte priorizó la seguridad jurídica y decidió no reabrir una causa ya cerrada, pero dejó la puerta abierta para que se investiguen nuevos hechos. Este fallo refuerza la idea de que las decisiones judiciales no pueden cambiarse fácilmente, salvo en casos de errores graves comprobados.
RIESGO AMBIENTAL
La planta industrial permanece clausurada, pero sin haber sido desmantelada completamente, lo que representa un riesgo ambiental latente. Así lo advirte la organización ambientalista Taller Ecologista, que exige soluciones inmediatas frente a la ausencia de medidas concretas por parte de los responsables.
La instalación, cerrada en 2013, todavía no renovó con un seguro ambiental obligatorio vigente, una exigencia legal clave para cualquier actividad que implique riesgos para el medioambiente.
Según denuncias, esta omisión se suma a una serie de irregularidades que incluyen la falta de un cierre definitivo conforme a las normativas.
Taller Ecologista, la organización que lleva años monitoreando la situación del predio, alertó sobre la posibilidad de que sustancias químicas tóxicas continúen presentes en el lugar, agravando el impacto ambiental y poniendo en peligro la salud de la población. Entre los principales puntos de preocupación, mencionaron la erosión causada por el clima y la posible filtración de contaminantes a las napas de agua.
“La planta no ha sido sometida a los procesos necesarios para garantizar su descontaminación. Estamos frente a un sitio que acumula años de deterioro y que sigue representando un riesgo significativo para el ambiente y las comunidades cercanas”, aseguró una representante legal de la organización, Florencia Sívori.
