Una nueva ordenanza busca evitar que quienes incumplen con sus obligaciones parentales puedan apostar su dinero en salas de juego legales. La medida no refiere al gasto de los incumplidores frente a otros consumos problemáticos ni otro tipo de apuestas.
El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves por unanimidad una ordenanza que prohíbe el ingreso al casino y a cualquier sala de juegos de azar de la ciudad a personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios. La medida, que funciona como una especie de derecho de admisión, entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Departamento Ejecutivo.
La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente atención pública hacia los deudores alimentarios. Esta misma semana, la Justicia de Familia de Rosario emitió un fallo inédito que ordenó, entre otras sanciones, el bloqueo de las redes sociales de un padre incumplidor que había desoído reiteradamente sus responsabilidades para con sus hijos.
Federico Lifschitz, concejal del Partido Socialista y autor del proyecto, destacó la existencia de un registro provincial de deudores alimentarios y explicó que la ordenanza solicita al Departamento Ejecutivo firmar un convenio con la Corte Suprema de Justicia. Este acuerdo permitiría que las salas de juego de Rosario accedan a información actualizada y precisa para implementar el derecho de admisión.
“Las casas de juego ya tienen la obligación de verificar la identidad de quienes ingresan. Con esta información adicional, podrían impedir el ingreso de deudores alimentarios. Es una medida que busca proteger a las familias y también a los propios deudores, especialmente si tienen problemas de ludopatía”, señaló Lifschitz. Además, enfatizó que permitirles el acceso podría agravar su situación económica y financiera.
En declaraciones radiales, el edil también subrayó la importancia de enviar un mensaje claro a la comunidad: “Aunque haya un solo deudor en el registro, el Estado debe dejar en claro que no se puede destinar dinero al juego mientras se incumple con la manutención de los hijos. Es una cuestión de principios sociales y de justicia”.
El debate sobre los deudores alimentarios cobró relevancia esta semana a raíz del mencionado fallo judicial, que dispuso múltiples sanciones para un padre de dos niños de 7 y 9 años que había ignorado varias resoluciones para pagar una deuda histórica de alimentos. Entre las medidas adoptadas por la jueza Gabriela Topino se incluyeron la inhibición de bienes, la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos y la suspensión de la licencia de conducir, además del bloqueo de redes sociales.
María Noel Campá, presidenta del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Rosario, reflexionó sobre el aumento de los casos de deudores alimentarios. “Los jueces deben ser cada vez más creativos para sancionar a quienes incumplen. Este tipo de medidas son necesarias porque las causas por alimentos han crecido notablemente”, aseguró.
Campá también vinculó este incremento con la crisis económica, que impacta directamente en los tribunales de familia. “En contextos de desfasaje de precios, aumentan los reclamos de alimentos. Lamentablemente, el cumplimiento efectivo por parte de los progenitores sigue siendo un desafío”, concluyó.
Según pudo saber Mirador Provincial, esta ordenanza representa un paso más en el esfuerzo por establecer mecanismos de control y sanción para quienes incumplen con sus responsabilidades parentales, apelando tanto a la conciencia social como a la implementación de herramientas legales más efectivas.
La promoción de esta medida también abre el debate sobre la necesidad de un mayor compromiso estatal para garantizar que los niños y niñas afectados por deudas alimentarias tengan acceso pleno a sus derechos, marcando un precedente en la lucha por la justicia social y la equidad familiar.
