Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena, con el patrocinio legal de Guillermo Reggiardo, presentó el miércoles 11 de diciembre ante la fiscal de Paraná, Paola Farinó, una ampliación de la denuncia que oportunamente presentó contra Silvio Moreyra y Fernando Cañete, por sus pasos al frente del Directorio del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper), solicitando en consecuencia la “reapertura de la investigación archivada provisionalmente…”, la “auditoría integral del Iosper, abarcando los contratos con Meditar S.A. y otros prestadores desde 2006” y la “investigación patrimonial exhaustiva de Silvio Moreyra y Fernando Cañete, incluyendo bienes y cuentas bancarias en el extranjero, así como la intervención de Julio Rodríguez Signes y Gustavo Bordet”.

El denunciante también requirió “informe a la Dirección Nacional de Migraciones sobre ingresos y egresos del país de los denunciados desde 2006”, solicitud de “información internacional a Brasil, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, para verificar bienes y cuentas a nombre de los denunciados”; el “embargo preventivo de bienes nacionales e internacionales de los involucrados”; la “citación indagatoria de Silvio Moreyra y Fernando Cañete”; y la “acumulación de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la ciudad de La Paz contra Silvio Moreyra”.

Rossi y Reggiardo ampliaron “la denuncia oportunamente presentada, incorporando elementos adicionales y nuevos hechos que refuerzan la necesidad de avanzar en la investigación de las irregularidades y delitos cometidos en el ámbito del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), durante las gestiones de Silvio Moreyra y Fernando Cañete”.

ANTECEDENTES

En los antecedentes, Rossi recordó que “la denuncia original puso en conocimiento una serie de irregularidades vinculadas a la contratación de servicios médicos con sobreprecios, especialmente con Meditar S.A. El uso de fondos públicos del Iosper para fines políticos y personales, alejados de la misión institucional. El enriquecimiento ilícito de sus directivos”.

También recordó “la Resolución N° 062-2022 dispuso el archivo provisional de una investigación sobre la relación contractual entre Iosper y Meditar S.A., aludiendo insuficiencia probatoria, pero dejando abierta la posibilidad de reapertura si se presentaran nuevos elementos”.

HECHOS NUEVOS

Entre los nuevos hechos que denunció, mencionó la “relación con Meditar S.A. y Contrataciones Irregulares Contratación con Meditar S.A, una empresa de Santa Fe que realiza la prestación de servicios de alta complejidad médica, con la que desde 2014 el Iosper estableció una relación contractual. Refirió a “sobrecostos significativos” de “hasta 67% respecto a los valores locales, evidenciando la falta de búsqueda de alternativas más económicas y eficientes dentro de la provincia de Entre Ríos”.

Refirió a la “falta de controles y licitaciones competitivas: La relación con Meditar S.A. se mantuvo bajo un esquema de contratación directa y reiterada, sin realizar licitaciones públicas ni abrir procesos competitivos que permitieran asegurar la transparencia y el beneficio para la institución”.

También señaló “la ausencia de auditorías internas y externas favoreció el desvío sistemático de fondos públicos hacia esta empresa”; las “denuncias de corrupción asociadas: Recientemente, Meditar S.A. ha sido sindicada como un mecanismo utilizado por dirigentes corruptos para obtener dinero ilícito”. Añadió que “las denuncias señalan que los sobrecostos y la intermediación innecesaria se habrían utilizado como forma de enriquecer a funcionarios y directivos vinculados a la administración del Iosper”.

Rossi destacó que “estas denuncias cobran especial relevancia en el contexto actual, donde surgen indicios de una red organizada que involucra la participación activa de sectores políticos y empresariales en Santa Fe y Entre Ríos. Este esquema refuerza la hipótesis de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos, donde Meditar S.A. se posiciona como un actor clave en la triangulación de fondos destinados originalmente a la cobertura de servicios de salud, pero que fueron utilizados para fines ilícitos”.