Mediante proyecto, dos concejales quieren establecer exámenes sorpresa a quienes trabajan en la Municipalidad local. Serán realizados por personal del área de Salud.
El Proyecto de Ordenanza, presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos, Felipe Sastre y Silvina Ovelar, tiene como objetivo establecer controles de consumo de drogas ilegales en el ámbito de la administración pública de la Municipalidad de Concordia.
La norma tiene alcance al personal que ocupe cargos relevantes en el Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, y organismos descentralizados y en especial serán alcanzados: presidente municipal, vicepresidente municipal, concejales, secretarios, directores, titulares de los organismos descentralizados y cargos de similar jerarquía en la administración pública. Se podrán incluir otras áreas o sectores que se consideren necesarios, de acuerdo con las responsabilidades que estén bajo su órbita.
Los controles estarán a cargo de la Secretaría de Salud, sin previo aviso, de manera aleatoria y “bajo estricta confidencialidad”.
En el caso de detectarse casos positivos, se aplicarán las siguientes medidas: en el ámbito del Departamento Ejecutivo y los organismos descentralizados, el presidente municipal determinará si corresponde una suspensión temporal o separación del cargo del funcionario según la gravedad del caso; en el ámbito del Concejo Deliberante, serán de aplicación las normas disciplinarias previstas para dicho organismo.
Según informaron, “en todos los trámites se garantizarán los procedimientos constitucionales y administrativos cumpliendo con el debido proceso y la defensa en juicio”.
En los primeros meses del año 2015, Enrique Cresto se sometió a una rinoscopía a la par que promovió la aprobación de una ley con algunas semejanzas a la ordenanza que proponen Sastre y Ovelar.
La norma escrita por Cresto, quien por entonces era senador provincial, exigía la aplicación de "un examen de aptitud psico-física de funcionarios en los tres poderes del Estado entrerriano".
Argumentó que "para ingresar a la Policía o cubrir lugares de responsabilidad en distintos ámbitos se piden exámenes para garantizar que la persona puede desempeñar la función que le van a asignar. Los políticos deberíamos someternos a las mismas condiciones".
Consideró como "un gesto muy valioso para la sociedad que en los lugares de mayor responsabilidad en el Estado los funcionarios se hagan todos los exámenes necesarios para que, de detectarse un problema de adicciones, a la persona se lo aparte del cargo y se lo ayude a superar ese problema".
