AUTOR: MARCELO COMAS

La dolorosa e inesperada muerte de Facundo Agustín Barrios, de 3 años, a raíz de un presunto caso de mala praxis puso en debate la idoneidad y la capacidad de los profesionales y auxiliares de la salud que intervienen en procedimientos de quirófanos en establecimientos públicos o privados de Entre Ríos.

El 19 de septiembre de 2024 el médico otorrinolaringólogo Guillermo Riolo, operó de amígdalas a Facundo en una clínica del Departamento La Paz, pero la intervención tuvo el peor desenlace: el nene murió desangrado una semana después en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio del Niño, en Paraná.

Desde ese momento, Riolo carga con una denuncia por mala praxis y la suspensión provisoria de su matrícula a través de una resolución del Ministerio de Salud de Entre Ríos. A ello se le suma la cesantía de su cargo de jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Martín.

La causa para determinar la responsabilidad del galeno se tramita actualmente en la Unidad Fiscal de La Paz, a cargo del fiscal Facundo Barbosa.

CONTROLES Y PREVENCIÓN

La familia de Facundo se puso al frente de una campaña para reclamar justicia. En medio de un dolor que no cede, sus padres mantuvieron un encuentro con representantes del bloque de diputados Juntos por Entre Ríos.

De esta forma surgió la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para implementar un programa de control psicofísico y de consumo de drogas al personal de Salud que interviene en procedimientos de quirófanos en establecimientos públicos y privados de Entre Ríos.

“La iniciativa ingresó a la Comisión de Salud. Recibimos a los familiares y lo presentamos”, confirmó a Mirador Entre Ríos la diputada Gabriela Lena, mentora del proyecto. La legisladora adelantó que el texto será trabajado apenas se reanude la actividad en la Cámara Baja.

FUNDAMENTOS

Según precisa en sus fundamentos, el proyecto prevé “garantizar la seguridad y los derechos de los pacientes”, a través de un programa provincial que alcanzará a médicos, anestesiólogos, instrumentadores, enfermeros, entre otros.

El texto señala que la evaluación será cada dos años y se estipula que en el supuesto caso “de detectarse que la persona relevada no se encuentra apta física y/o psicológicamente y/o posee un resultado positivo de drogas, el Ministerio de Salud deberá suspenderla provisoriamente hasta que la situación sea evaluada por una comisión específica.

Del mismo modo, se aclara que la normativa “no pretende estigmatizar ni castigar a los médicos y/o personal de la salud que ingresan a un quirófano, sino prevenir riesgos y construir un sistema sanitario más seguro, confiable y comprometido con los derechos de los pacientes”.