La Provincia y los gremios estatales regularizaron las pautas de contratación en la administración pública. El decreto provincial 3.996/24 deja sin efecto la figura de contratos de obra, que se convertirán en contratos temporales. Bajo esta modalidad los agentes fortalecen sus derechos, accediendo a aportes jubilatorios y a la cobertura del Iosper.
Autor: MARCELO COMAS
Las condiciones de contratación en la órbita de la administración pública de Entre Ríos dejaron en evidencia durante varios años la situación de precariedad y desigualdad de un amplio universo de trabajadores estatales. Si bien en los últimos gobiernos, sin importar el color político, se intentó regularizar con los gremios esta problemática, la falta de voluntad política o de acuerdo entre los sindicatos impedía saldar una histórica deuda.
Los contratos de obra o de locación de servicio, estaban asociados a un estigma para muchos empleados públicos: en muchos organismos o áreas descentralizadas cumplían con las mismas funciones que los agentes de planta, aunque privados de derechos básicos como una obra social o aportes jubilatorios.
En este contexto, el Gobierno a partir de negociaciones con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) avanzó en la conformación de una mesa de trabajo para analizar la planta de personal del Estado Provincial, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y uniformidad al procedimiento de contratación de personal temporario en la administración central, organismos descentralizados y entes autárquicos.
CONFORMIDAD DE LOS GREMIOS
Los gremios estatales se pronunciaron respecto del anuncio, dando respuesta a una demanda histórica de los trabajadores del sector público. El secretario general de ATE, Oscar Muntes, destacó la apertura al diálogo del Gobierno para fortalecer la carrera administrativa en los distintos organismos. “Es muy importante y sumamente positivo terminar con los contratos basura”, subrayó el sindicalista en declaraciones a Mirador Entre Ríos.
En este sentido, explicó que el decreto alcanza “a 1.000 trabajadores de diferentes organismos. El salario equipara a los contratos de servicios, que ahora se denomina temporario. El salario mínimo siempre es el garantizado por paritarias. Hoy sería de 680.000 pesos con aportes al sistema previsional y obra social”.
En la misma línea, el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, sostuvo que el beneficio abarca a un universo de 700 agentes de la administración pública y otros 300 pertenecientes al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). “La remuneración del contratado administrativo con la categoría de ingreso, será equivalente al empleado de planta permanente y al profesional se lo reubicará en un tramo profesional. En eso hubo una importante conquista”. afirmó.
