Sabrina B. fue detenida el 4 de abril pasado en la seccional 21ª por un hecho menor. Mientras estaba en la comisaría de la zona sur de la ciudad el sumariante Leonal Oscar B. la extorsionó para mejorarle la situación penal. Le dijo que le facilitara el PIN de la tarjeta de débito del Banco Nación con la que la mujer cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) que le habían incautado al detenerla para, de esa manera, poder extraer dinero de la caja de ahorro y no “inventarle” una nueva causa.

Ante esa situación la mujer no dudó y le entregó los datos al sumariante, aunque al recuperar la libertad expuso ante su familia la situación que había vivido y denunció el hecho en la Fiscalía Regional, la que derivó la presentación a la Dirección de Asuntos Internos de la policía que comprobó las denuncias y detuvo al empleado policial infiel.

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Mediante una videoconferencia, el suboficial Leonel Oscar B. fue imputado este martes por los delitos de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público en grado consumado y en carácter de autor.

El fiscal Gonzalo Fernández Bussy fue quien llevó adelante la acusación y contó que Sabrina B. había sido demorada por un hecho de flagrancia y el imputado la intimidó para que le proporcione el PIN de la tarjeta de cobro del Banco Nación porque caso contrario le armaba una causa más grave.

La mujer cedió ante la amenaza y el policía, al finalizar su turno de trabajo, se dirigió entonces con la tarjeta de débito de Sabrina B. a un cajero automático de la sucursal del Banco de Santa Fe de Villa Gobernador Gálvez, ubicada en avenida San Martín 2210, de donde extrajo 9.900 pesos que se hallaban depositados en la cuenta de la víctima.

El fiscal Fernández Bussy expuso en la audiencia las pruebas recolectadas, incluidas las filmaciones del cajero bancario, y solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el suboficial acusado. El juez Hernán Postma tuvo por formalizada las pruebas y al concluir la audiencia atendió el pedido al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el empleado público.