Ignacio Pellizzón | [email protected]

Este lunes el Concejo de Rosario fue protagonista de la presentación, en especial, del nuevo Código de Convivencia que llevó el Intendente, Pablo Javkin, para tratar de aggiornar las multas a los nuevos contextos que vive la ciudad. Si bien la iniciativa oficial era la más esperada, no solamente se presentó la del Jefe del Palacio de los Leones, sino también la del concejal de Cambiemos, Roy López Molina, a la que tuvo acceso El Litoral y que tiene la mira puesta en los mismos temas, haciendo especial hincapié en los “trapitos”.

Los ejes fundamentales del nuevo Código, que deberá debatir el Concejo busca endurecer sanciones por faltas en materia de seguridad vial, que los padres o tutores sean responsables por las conductas de sus hijos menores de edad que ocasionen daños patrimoniales o de otra clase y que los ciudadanos comunes puedan aportar pruebas a fiscales, como fotos o videos, en situaciones que afecten la convivencia social, entre otros puntos.

Si bien cada proyecto tiene su impronta, el del edil, López Molina, pretende insistir en temas que son recurrentes en su agenda y por los que viene luchando por su tratamiento. Básicamente apunta a sancionar la realización de actos públicos “sin autorización municipal correspondiente: agravándose cuando estos implican la obstrucción de la vía pública, como, por ejemplo: marchas, sin solicitar los permisos pertinentes”. También, expone sanciones por el “uso indebido del espacio público (trapitos) y se tipifica el cobro por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública”.

Otro punto que puede destacado del proyecto, que podría generar polémica es que se multará cuando el funcionamiento de espectáculos públicos, audición baile o diversión pública “sin permiso o en contravención a las normas vigentes”, es decir que la sanción se podría aplicar cuando “cuando ponen música a alto volumen en un parque desde un auto a la madrugada molestando a los vecinos”.

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Aunque la iniciativa presentada por Javkin cuenta con 327 artículos y el de López Molina con 418, no difieren en los ejes temáticos en los que se busca actualizar el Código de Faltas de Rosario, con sanciones específicas a actividades que, hoy en día, se encuentran en una suerte de gris.

Javkin y su idea

Entre las novedades que presentó oficialmente este lunes el Intendente en el Concejo, llamó la atención la posible incorporación del uso de fotos o grabaciones captadas por vecinos como pruebas en casos de infracciones, como un auto mal estacionado, por ejemplo, aunque el propio Javkin aclaró que “de ningún modo se busca enfrentar a vecinos”.

Alcoholemia cero, es una de las iniciativas por las que viene bregando desde que asumió. Se plantea como una necesidad para la conducción vehicular en la ciudad, como así también sanciones más duras a los corredores de carreras clandestinas.

Al igual que viene insistiendo desde hace años el concejal macristas, Roy López Molina, el Jefe del Palacio de los Leones se enfoca en los “trapitos” o cuidacoches, “que obstruyan o alteren la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos y/o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización”.

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Entre otros puntos mencionados y destacados del flamante proyecto oficial se encuentran:

-Incorpora la remediación que implica la restauración del daño por sobre la sanción; y la participación de menores, en caso que corresponda, de esa reparación;

-Elimina el recurso de apelación para acelerar el proceso administrativo;

-Se crea la figura de Administrador General y Procurador.

-Se incorporan penas nuevas como la prohibición de acercamiento o concurrencia y la remediación.

-Se incorpora el juicio por jurados vecinales.

-Se sanciona la discriminación en todas sus expresiones, desde los espacios V.I.P. hasta las campañas publicitarias

-Se sanciona con más dureza a quienes agredan a docentes y médicos

-Se sanciona no levantar residuos de animales y fumar mientras se conducen vehículos.

-Modificaciones referidas a derechos para el consumidor, derechos ambientales y animales y también de género, además de un facilitamiento del proceso de fiscalización y sanción.