Gisela Mesa
[email protected] ¿Silenciar o denunciar? Es la pregunta que muchas madres se hacen a la hora de enfrentar un tema tan delicado y tan poco difundido, el abuso sexual infantil. El ex juez federal Carlos Rozanski, de destacada trayectoria, ha sabido visualizar este problema y por eso mismo escribió el libro "¿Denunciar o silenciar?".
Se trata de un referente en materia de derechos humanos; es autor de la ley Nº 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de Argentina para regular la declaración de niños abusados en sede policial y judicial y de nuestro país. Rozanski fue el juez que presidió el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata que en 2006 condenó al comisario de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, así como al ex capellán policial Cristian Von Wernich en 2007. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro fundador de la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI)
En entrevista exclusiva con Mirador Provincial, el magistrado brindó su punto de vista sobre las grietas de la justicia ante el abuso sexual infantil.
-¿Quién es Carlos Alberto Rozanski y por qué eligió estudiar abogacía? -Elegí estudiar abogacía porque mi madre decía que yo hablaba bien y tenía que ser abogado. Si bien no fue para nada una imposición, definió a la hora de elegir. Una vez recibido, ejercí durante 10 años la profesión en todos los fueros y luego concursé para el cargo de juez de la Cámara del Crimen en la Provincia de Río Negro, ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí me desempeñé con ese cargo hasta que fui designado por concurso Juez de Cámara Federal en el TOCF 1 de La Plata en el año 2000. Me desempeñé 15 años en ese cargo hasta mi jubilación en 2016.
-¿Ha sufrido obstáculos a lo largo de su carrera como juez? -Sin dudas. Veinticinco años juzgando crímenes graves siempre supone obstáculos. Si bien se generaron en diferentes espacios, los más difíciles de enfrentar fueron los que provinieron del interior del sistema. Se trata de las resistencias de la propia institución judicial, que es tradicionalmente conservadora, a modificar aquello que represente un cambio ante lo establecido. De mi parte, es allí donde me topé con las mayores dificultades.
-¿Cuáles fueron los libros y profesores que más influyeron en su formación? -Si tuviera que elegir, los libros serían "La sabiduría de Confusio" de Lin Yutang, "De los delitos y las penas" de Cesar Beccaria, "Vigilar y castigar" de Michel Foucault, y muy especialmente "El proceso" de Franz Kafka. Entre los profesores, Enrique Bacigalupo, Marcos Kaplan y David Baigun.
Niñez maltratada -¿Cuál es su opinión respecto del abuso y maltrato infantil? -Se trata del delito más impune de la tierra. Esto demuestra que son crímenes con particularidades propias que los diferencian de los tradicionales. Suceden en su mayoría dentro de las familias o grupos convivientes, y en segundo orden dentro de variadas instituciones. Por eso, ante el develamiento de un caso, se produce un choque frontal entre el concepto de "familia" tradicionalmente descripto de manera muy parcial en la historiografía oficial y la realidad de cada caso. Lo mismo sucede con el resto de las instituciones. Es muy fuerte la resistencia de los sectores sociales más conservadores a aceptar que hechos tan aberrantes sucedan en el seno de instituciones históricamente sacralizadas.
-"En nuestro país se esclarecen alrededor de tres de cada cien casos denunciados de abuso sexual de menores. Es el delito menos sancionado de todos los que integran el Código Penal. Si se tiene en cuenta que como máximo se denuncia el 10 por ciento de los abusos sexuales infantiles que se cometen, tenemos un total de 3 casos con condena cada 1.000". Dicho por usted en 2008 y observamos que aún hay fallas en cómo se trabaja los casos de abuso sexual infantil. ¿A qué se debe? -La impunidad que tienen esos hechos es multicausal. Si tuviera que elegir dos razones, diría que una es la propia esencia del fenómeno, que como señalé antes, en su mayor parte se produce en el seno de las familias o grupos convivientes. Eso sólo es una característica muy propia del abuso en las infancias. La segunda, en mi experiencia, radica en que en el ámbito policial-judicial en el que se llevan adelante las investigaciones de los crímenes, se aplican los criterios de pesquisa tradicionales sin tener en cuenta las particularidades de los protagonistas. Me refiero a víctimas infantiles (el sector más vulnerable de nuestra sociedad) y a victimarios, en su inmensa mayoría varones (el sector más poderoso de nuestra sociedad).
Junto a ellos, las madres protectoras y todas y todos los profesionales que intenten proteger a las víctimas, los que serán a su vez atacados por los violentos con el fin de lograr la impunidad. En ese sentido, mantener una mirada prejuiciosa, misógina y patriarcal, aleja a la mayoría de los investigadores y juzgadores de la posibilidad de disminuir las fallas que generan ese altísimo nivel de impunidad.
-Hábleme de su libro "Abuso Sexual Infantil, ¿Denunciar o silenciar?" ¿Qué lo llevó a escribir sobre este tema? -En la época en que se publicó -2003-, yo ya había juzgado numerosos casos de abuso y la mayor parte de los obstáculos, como decía, se producían en el corazón del sistema. Había vivido en juicios orales cómo colegas que integraban el tribunal, revictimizaban niñas en las audiencias y entendí que era una obligación intentar modificar eso. Además, no había bibliografía que hiciera visible esa contradicción tan profunda y creí oportuno escribirlo.
-¿Cómo evalúa la experiencia de la Cámara Gesell como herramienta y prueba clave? -Ese mismo año 2003, en que se publicó el libro, se sancionó la ley 25.852 cuyo proyecto yo había redactado y enviado a distintos diputados nacionales. Se trató de un cambio de modelo ya que prohibía el interrogatorio directo de las víctimas y establecía un sistema de entrevistas video grabadas o en Cámara Gessel. Ese cambio radical de modalidad, en principio fue resistido especialmente por muchos jueces. Con el tiempo, se fue asimilando la idea de que las niñas y niños no deben ser interrogadas/os en ámbitos hostiles como audiencias judiciales o policiales. El sentido de esa ley fue sacar a los chicos de espacios agresivos que los volvieran a dañar y simultáneamente los silenciara. El derecho a ser escuchado es precisamente crear las condiciones para que se puedan expresar de acuerdo a su edad, a su nivel evolutivo y al trauma sufrido. Ese espacio nunca puede ser una sala de audiencias con desconocidos preguntándole sobre sus intimidades. Eso, más allá de si se lleva a cabo la entrevista en una Cámara Gessel o mediante video grabación. Lo esencial es evitar cualquier interferencia de las partes así como de los operadores no especializados, incluidos los jueces.
Revictimización a las víctimas -Cabe mencionar que las madres de los niños y niñas abusadas viven un calvario durante todo el proceso judicial. ¿Por qué sucede esto? -Es una suma de factores. En primer lugar porque el sistema policial-judicial continúa en lo esencial, con la mecánica tradicional de investigación. Fundamentalmente en lo que respecta a la perspectiva de análisis de las pruebas, así como de los protagonistas. El niño es una víctima más, su mamá una testigo más y así respecto de todos incluyendo el propio victimario. Eso genera muchas veces una distorsión en las conclusiones. Por ejemplo, quienes analizan los dichos de una niña de 8 años a la luz de lo que estudiaron en la facultad respecto de la teoría de los testimonios, seguramente consideran que son contradictorios y poco consistentes. En abuso sexual en las infancias, es precisamente al revés. Las modificaciones de relatos y posibles contradicciones o silencios de parte de las víctimas, generalmente, confirman los sucesos. De ahí la importancia decisiva de implementar métodos de escucha adecuados a la característica del fenómeno.
-¿Qué medidas se pueden tomar para que las víctimas no sigan siendo revictimizadas por la sociedad y el sistema legislativo? -La mayor revictimización de niños y niñas proviene de parte de los imputados y de un sistema que las tolera. Argentina tiene una de las mejores legislaciones del mundo en materia de protección. El problema es la distancia entre las normas teóricas y la aplicación a los casos concretos. Eso es una deuda muy grande de la justicia que no sólo tiene que ver con la formación intelectual de los operadores, sino con los sistemas de selección. Quien no tiene una perspectiva de género genuina, no debería ser ni fiscal ni juez. En esos casos, no sólo han fallado los sistemas de designación, sino además, los de control. Es por eso que las juezas y jueces así como los y las fiscales que aplican correctamente la legislación protectora, suelen tener problemas incluso en sus propios tribunales. Además son acosados y agredidos por los violentos y sus asesores sin que el sistema los contenga y proteja adecuadamente.
-¿Podría decirse que los jueces "compran" el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)? -Hoy hay un porcentaje importante de magistrados que conocen la falsedad tanto del SAP como de sus sucedáneos. El problema es que también hay funcionarios que por aquella carencia de perspectiva de género y su mirada prejuiciosa, toleran y aceptan teorías que son absurdas y está comprobado que sólo buscan la impunidad de los abusadores. La misma naturalidad con que los buenos jueces rechazan esas estrategias destructivas, debería ser la que inspire al propio sistema a expulsar a quienes tanto daños hacen desde un lugar de enorme poder como es la magistratura.
-¿Qué sucede cuando un niño o niña siente que su relato no es escuchado y desestimado? - Es una tragedia que se suma a la del abuso mismo. Se frustra la posibilidad de comenzar una etapa de reparación que, en condiciones adecuadas, se debería garantizar a las víctimas. La falta de escucha respetuosa es ilegal en nuestro país y una deuda que habrá que saldar.
Justicia patriarcal -Supongamos que una familia denuncia al padre por abuso sexual, esa denuncia llega a fiscalía y de ahí la denuncia no avanza, mientras tanto la madre debe recorrer los tribunales sin saber qué acciones tomar y además es maltratada por el sistema judicial que no auxilia inmediatamente a esta familia, donde lo que avanza es el daño psicológico del menor. ¿Dónde está el problema? -En esos casos, lamentablemente frecuentes, se violan todas las normas de nuestra legislación. Desde la Constitución Nacional, con las Convenciones sobre Derechos Humanos, hasta los códigos locales que regulan las intervenciones. El problema en todos esos casos, es un sistema que se originó en prácticas de larga data, donde la discriminación y el prejuicio han sido la regla, y que no ha alcanzado a mejorarse lo suficiente con reformas parciales y poco profundas.
-¿Cómo debería ser el modelo de comunicación adecuado por parte del Poder Judicial en estos casos? -La distancia entre el Poder Judicial y la gente, es inherente a la ideología del sistema. Se trata de una verdadera aristocracia en la que recién hace pocos años han logrado ingresar profesionales formados en una visión más humanista y menos discriminadora. Entiendo que esa distancia se acorta enormemente cuando los funcionarios y magistrados que intervienen en estos casos, lo hacen con el conocimiento cabal de la temática y con la sensibilidad imprescindible para aplicar las normas protectoras. Esa buena gente a la que me refiero, no habla en difícil ni con palabras en latín. Simplemente se comunica con la comunidad a la que sirve. Desde ese lugar, la comunicación fluye con naturalidad y sin transgredir limitaciones propias de la temática.
Macri -Hoy, habiendo pasado un tiempo, ¿Qué reflexión hace sobre lo que fue su relación con el gobierno de Mauricio Macri y cómo se dio su salida? - Mauricio Macri es el único personaje en el mundo sospechado de integrar de manera orgánica una mafia -la 'Ndrangheta-, que accede a la presidencia de un país. Eso no sólo lo define sino que además marca una prioridad de su gobierno en cuanto a perseguir a sus opositores y a cualquier funcionario que pudiera oponerse a la gestión de saqueo del país que instaló en 2015. En mi caso, (la salida) tuvo que ver con los juicios por delitos de lesa humanidad que venía realizando en La Plata y el comienzo del juzgamiento de civiles cómplices del genocidio. Afortunadamente, yo tenía tramitada mi jubilación y ni bien se produjo la extorsión del ministro Garavano por orden de Macri, me jubilé.
