Hagar Blau Makaroff


Este lunes comenzó el juicio en la Sala 2 del Tribunal Federal de Rosario, donde 19 efectivos de la Policía de Santa Fe son juzgados por torturas, asesinato y desaparición forzada de Franco Casco, joven de 20 años de Florencio Varela que estaba de paseo en Rosario. Desapareció el 6 de octubre cuando se aprestaba a volver a su ciudad en la Estación Rosario Norte, y los indicios de la causa aseguran que fue detenido informalmente y golpeado en la comisaría 7ª, donde perdió la vida. Su cuerpo fue hallado tres semanas después por Prefectura Naval en el río Paraná.

Desde temprano en el bulevar Oroño al 900 se llenó de organizaciones de derechos humanos junto a la numerosa familia de Franco Casco, con banderas y remeras en reclamo de justicia al canto de “yo sabía que a Franco Casco lo mató la policía”. Y a su lado, separados sólo por una bandera, se apostaron también decenas de familiares de los efectivos procesados, quienes llevaron carteles de ‘causa armada’.

En una calurosa jornada de primera audiencia se realizó una lectura de las diferentes instancias que pasó la causa, desde la investigación en un primer momento por la justicia provincial a cargo del fiscal Guillermo Apanowicz, los pedidos de domiciliaria y de libertad de varios efectivos, hasta la elevación a juicio en 2019.

En la lectura se destacaron algunos de los testimonios más impactantes por parte de reclusos que vieron o escucharon a Franco Casco en la noche del 6 de octubre de 2014, sólo algunos de los alrededor de 200 testigos que participarán en las audiencias. La causa elevada a juicio conlleva diferentes responsabilidades entre privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima, encubrimiento negando información sobre las circunstancias de su detención, ocultamiento de su paradero y obstaculización de su búsqueda.

Los jueces de primera instancia a cargo de resolver tras las audiencias (que continuarán en febrero y marzo de 2022) son Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Vásquez, y en videoconferencia el juez Osvaldo Facciano.

El fiscal Fernando Arrigo se encuentra a cargo de las diferentes acusaciones, y se suman a ellas un total de cuatro querellas. Entre ellas están varios funcionarios de la Defensoría General de la Nación, en representación de Ramón Casco, el padre del joven. Se suman los abogados Guillermo Campana y Salvador Vera -de la Multisectorial contra la Violencia Institucional- en representación de Malvina Godoy (hermana de Franco) y de Marta Lagraña, madre del hijo de Franco, Thiago quien tenía tres años cuando fue muerto su padre. También querella la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el abogado Gabriel Ganón, ex defensor provincial, en representación de Maximiliano, otro de los hermanos de Franco.

En la larga lectura de la causa este lunes, se destacaron algunos fragmentos como el que indicó que “no hay registro de la detención de Franco Casco, pero gracias a la investigación se probó que fue trasladado al calabozo mugriento donde usualmente llevaban jóvenes en la comisaría séptima en calidad de demorado”, leyó la relatora judicial.

Como Franco no llegó a la estación de trenes de Buenos Aires, donde era esperado por su madre Elsa el 7 de octubre, ni tampoco retornó nunca a la vivienda de su tía Roque María Casco, el padre de Franco vino a Rosario dos días después a averiguar por su paradero. Y como si el instinto paterno existiera de alguna manera, Ramón siguió su corazonada: “Vine a los dos días que no apareció Franco. Como yo me crié acá y nací en Rosario, conocía la comisaría, y lo primero que hice fue ir directamente a la comisaría séptima”, dijo en el intervalo de la primera jornada de audiencia de este lunes, Ramón Casco a Mirador, y aseguró que volverá a contar todo lo sucedido cuando lo llamen a atestiguar en los próximos días.

Ramón Casco, padre de Franco, y Malvina, hermana del joven fallecido, siguieron atentos la larga primera jornada desde la sala de audiencias del TOF 1, donde pudieron presenciar la audiencia por videoconferencia. Ambos vestían una remera que reclamaba justicia con la foto de Franco.

La expectativa de justicia
Ramón analizó a siete años de reclamos por el juicio: “Estamos mejor que llegó el día después de siete años de lucha. Esperamos que se llegue a un buen juicio, un juicio como corresponde, que paguen los culpables, y mayormente el cabecilla el comisario Diego Álvarez, que lo llevó a la comisaría, que lo llevó a un cuartito ahí y le pegaron, maltratado”. Su hija Malvina, que estaba sentada a su lado en la Sala 1 de audiencias del Tribunal que fue dispuesto para ellos y para la prensa, destacó cómo en la lectura de la causa este lunes coincidían tantos testimonios de hombres detenidos en la comisaría 7ª esa noche. “Todos los testimonios decían lo mismo: un golpe seco dijeron, en la cabeza, fue impresionante”, destacó.

Entre las declaraciones de otros detenidos en esa comisaria, la relatora judicial leyó que “el testigo Jesús Espinoza lo escuchó decir su nombre Franco Casco, y escuchó los gritos. Les dijo que no le peguen más y le respondían ‘dale puto, llorá’. Después escuchó varios golpes, y uno sonó como un golpe seco con la cabeza contra la pared, y después no escuchó más nada”.

Varios de los testimonios se asemejaban en el mismo relato, “lo escucharon gritar, los golpes, los llantos, ‘lo tiraron como bolsa de boxeo’, dijo uno. ‘Se notaba que gritaba con miedo, que no había estado antes detenido, y que su tonada era de otro lugar”, siguió la relatora.

Además se recordaron las declaraciones del propio Ramón en la causa, quien al llegar a la comisaría 7ª uno de civil y remera de rayas rojas y blancas le dijo que no vio a ningún Franco Casco entrar allí, y que “el comisario Álvarez me dijo que fue detenido y liberado, que lo habían encontrado drogado, le rompió la camisa a un oficial y por eso lo detuvieron. Y le mostraron una foto de Franco con un golpe en la boca”. En el relato de la acusación sus respuestas fueron esquivas e imprecisas, se descubrieron las irregularidades para el ocultamiento y las inconsistencias, “pruebas que no dejan resquicio a la duda”.

Ramón reconoció que tienen nervios con la alta expectativa, y Malvina agregó: “Sí estamos más alterados, pero estamos todos juntos como siempre. La mayoría de los hermanos de Franco estamos acá, haciendo el aguante como hace 7 años”. Y agregó Ramón: “Nos estamos dando fuerza unos con otros, porque nos dijeron que esto va a llevar como hasta junio”. “Sí, son muchos testigos..”, agregó su hija.

Consultados sobre las posibles condenas, donde hay cuatro efectivos que tienen pedido de cadena perpetua, y muchos otros tienen altas condenas posibles, el padre de Franco dijo: “Pienso que el comisario Álvarez y algunos más van a ser condenados a perpetua, son los cabecillas”. Malvina coincidió: “Sí son muchas pruebas y testigos”. Son alrededor de 200 los testigos que aportaron las querellas y la Fiscalía, y que desfilarán a lo largo de las audiencias durante diciembre, febrero y probablemente marzo del año entrante.

Reparación y ejemplo contra violencia institucional
Guillermo Campana reflexionó en el comienzo del juicio esperado, en diálogo con Mirador Provincial que la importancia de este reside en que se busca “luchar contra la negación del Estado a reconocer con impunidad que las prácticas son más sistemáticas y habituales de lo que se conoce a pibes de los barrios por estereotipo, y se trata de violaciones a los derechos humanos, y ya es un signo ver que “las primeras medidas se ordenaron recién 20 días después de la desaparición de Franco”.

De esta forma, el letrado destacó que “si no era por la lucha de Elsa, Ramón y la familia, y las organizaciones que acompañaron, difícilmente se conocía lo que sucedió con Franco Casco. Y justo el día que marchamos hacia la comisaría apareció el cuerpo en el río Paraná, y lamentamos haber tenido razón en haber dicho que la policía era responsable”.

Se mostró con seguridad en esta instancia de juicio: “Vamos a llegar a la sanción de los responsables y a que esto sea una reparación para la familia y la sociedad que no puede tolerar que estos hechos continúen en democracia. No vamos a recuperar la vida de Franco, cada vida es valiosa, y este hecho es un dolor para la familia, su mamá Elsa dejó su vida reclamando justicia, pero la lucha habrá dado un paso más en una sociedad mejor”.

El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Bereciartúa, por su parte, destacó que si bien había sido apartado en la querella y no pudo presentar un escrito de acusación en ese momento, “no formamos parte de los alegatos, pero sí podremos hacer preguntas y sumar probatorias, y es importante que esta causa vuelva a ser de interés para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”.

Consultado sobre por qué la importancia de una condena firme, el letrado y funcionario judicial aseguró: “Porque es una reparación parcial a la familia que vienen luchando, Ramón y también Elsa, madre de Franco fallecida en 2016, que no tendrán de vuelta a su hijo pero esto es una deuda con ellos. Que haya llegado al juicio oral les muestra que su lucha no fue en vano para saber qué pasó con su hijo”.

Finalmente Bereciartúa agregó que “la importancia de esta causa es que además es ejemplificadora, una condena muestra a las fuerzas policiales que si golpean y matan a alguien y lo tiran al río, pueden ser aleccionados, como en muchas causas no hay.. esta práctica no la vemos como un rapto de locura, sino una práctica de violencia institucional sistemática como en casos de gatillo fácil o desaparición forzada. Una condena ayuda a desandar el accionar policial cotidiano”.

Un resumen de la hipótesis fiscal

Según la hipótesis de la acusación, Franco Casco salió desde la vivienda de su tía donde se encontraba alojado hacia la estación de trenes Rosario Norte para regresar a su casa en Buenos Aires el 6 de octubre de 2014 por la tarde. En los alrededores de la estación habría sido apresado por efectivos de la comisaria 7ª de la Policía de Santa Fe, sin conocerse las circunstancias de la detención.

Según acreditó la investigación en la etapa de instrucción, el joven fue trasladado a la propia comisaría 7ª, donde fue sometido a condiciones de detención ilegítimas en un “pequeño, oscuro y mugroso” espacio denominado “la jaulita”, donde el personal de la comisaria encerraba a los jóvenes que eran detenidos por averiguación de antecedentes.

A partir del aporte de testimonios de varias personas detenidas se pudieron reconstruir golpes y fuertes gritos de auxilio del propio Casco, y que luego “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”.

Con la desaparición del joven frente a la búsqueda de paradero de la familia ocurrieron irregularidades por parte de los integrantes de la dependencia que quisieron ofrecer una versión alternativa para encubrir la desaparición forzada. Dichas maniobras de ocultamiento continuaron hasta el 30 de octubre, fecha en que la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida y con golpes del joven.